Ladrillo y más ladrillo: la respuesta obsoleta de la derecha a la crisis del coronavirus
La apuesta por la construcción es una forma de crear empleo rápidamente tras la pandemia, pero conlleva riesgos.
“Liberar suelo”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció esas dos palabras en un pleno en la Asamblea a finales de abril como la solución mágica para salir de la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. “Parte de la recuperación vendrá por la construcción”, afirmó.
Dicho y hecho. El Gobierno regional, una alianza formada por PP y Cs que ha sido incapaz de aprobar ninguna ley desde que llegó al poder, se puso manos a la obra para impulsar una reforma por la vía de urgencia de la Ley del Suelo para agilizar los trámites de las obras y las licencias urbanísticas. Ladrillo y más ladrillo.
Esta reforma pretende sustituir las licencias urbanísticas por una declaración responsable. Es decir, se cambia un trámite obligatorio ante la administración por un simple papel en el que el empresario se compromete por escrito a cumplir con la legislación vigente.
“El PP insiste en aplicar un modelo fracasado que hace más difícil a los madrileños acceder a una vivienda digna. Tras 25 años aplicando sus políticas, la vivienda se ha convertido en el principal factor de fractura en la sociedad madrileña. Su proyecto de región es construir y vender con las instituciones públicas avalando hipotecas”, asegura el diputado Jorge Moruno, portavoz de vivienda en el grupo parlamentario de Más Madrid.
Por si este cambio legal fuera poco, Ayuso acaba de firmar un pacto regional por la vivienda con los principales agentes del sector inmobiliario, aunque sin consultarlo con los partidos de la oposición. El objetivo es liberalizar 1.200.000 metros cuadrados de suelo público antes de que acabe el año.
Resulta inevitable recordar la Ley del Suelo impulsada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, que prometía que los precios de la vivienda bajarían al haber más suelo disponible para urbanizar. El resultado fue justo el contrario: los precios se multiplicaron hasta el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
“El pacto regional de la vivienda va a ser el mismo que lleva vigente desde el franquismo: subvenciones públicas y suelo barato para construir y vender. La colaboración público-privada del PP quiere decir que ponen las instituciones y los recursos públicos al servicio de las empresas amigas a través de contratas”, lamenta Moruno.
A pesar de que España vivió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tras la crisis financiera de 2008, el Gobierno regional vuelve a apostar decididamente por la construcción, un sector que genera alrededor de un 7% del empleo y aporta el 15% del producto interior bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid.
En la memoria de los madrileños quedan multitud de proyectos inmobiliarios como Eurovegas, la Operación Campamento o la Ciudad de la Justicia que iban a generar multitud de puestos de trabajo. Nunca se llevaron a cabo.
“Madrid necesita un modelo diferente, necesita acercarse a Europa y aumentar la oferta de vivienda sin fines especulativos: invertir en vivienda pública y en alquiler asequible”, asegura Moruno.
La Junta de Andalucía, pionera
El Gobierno de Díaz Ayuso no está solo en esta apuesta por la construcción, ni tampoco se trata de una iniciativa exclusiva del PP. La organización ambientalista Greenpeace ha denunciado recientemente que hasta ocho comunidades autónomas con Ejecutivos de distintos colores políticos han aprovechado la crisis del coronavirus y la reactivación para llevar a cabo cambios normativos para favorecer el ladrillo. Se trata de Andalucía, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia.
La Junta de Andalucía —gobernada por una coalición de PP y Cs— fue pionera cuando el Parlamento convalidó en abril un polémico decreto que modificaba de una sola vez 21 leyes y seis decretos. Entre los cambios que se incluían se encuentran una reducción de los plazos para la tramitación de planes urbanísticos —que tantos problemas de corrupción han generado— y, al igual que Madrid, la validez de una declaración responsable para ciertas obras.
Ante un cambio normativo de tal envergadura, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz. Esto supone en la práctica la suspensión de las modificaciones realizadas por el Ejecutivo autónomico de Juanma Moreno, hasta que el Tribunal Constitucional decida.
La polémica ha vuelto a saltar en Andalucía cuando la semana pasada se supo que la Junta había declarado viable medioambientalmente un proyecto para habilitar un cortijo como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Además de los Gobiernos regionales, los empresarios también se han mostrado a favor de ayudar al sector inmobiliario. El Círculo de Empresarios —lobby empresarial dirigido por John de Zulueta— ha pedido la aplicación de un tipo superreducido de IVA (4%) en la compra de la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2020. Precisamente, esta semana, el Banco de España ha demandado justamente lo contrario: reducir la lista de productos con tipos bajos para aumentar la recaudación.
Los expertos tampoco creen que este sea el camino adecuado en el momento actual. “Medidas como la rebaja del IVA no creo que vayan a tener un efecto inmediato. El sector de la construcción no va a ser el gran motor de la reactivación económica”, asegura Francisco Joaquín Cortés García, doctor en economía y profesor del grado en administración y dirección de empresas en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Algunas formaciones políticas defienden que, en lugar de apoyar la construcción de nuevas viviendas, los Gobiernos autonómicos tienen que fomentar la rehabilitación del parque inmobiliario ya existente.
″¿En vez de construir más ladrillo por qué no rehabilitamos vivienda? Hay dinero europeo para ayudar en ese proceso, y también genera puestos de trabajo. ¿Por qué tenemos que transformar más suelo en ladrillo y no podemos reutilizar el ladrillo que ya tenemos?”, afirma Javier Guardiola, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid.
La creación de empleo como objetivo
Esta apuesta por la construcción tiene como objetivo la creación de empleo de manera rápida en un momento de crisis económica, ya que el escenario que se dibuja en el futuro pinta muy negro. La pandemia del coronavirus se llevó por delante 900.000 puestos de trabajo en apenas 14 días.
Este verano y, sobre todo, el próximo invierno se avecinan curvas en el mercado laboral. Ante el parón del turismo, la Seguridad Social solo ha aumentado su afiliación en 68.208 personas durante el mes de junio, que suele ser uno de los meses más importantes para la creación de puestos de trabajo. También el paro registrado ha seguido al alza, con un incremento de 5.107 desempleados.
Los próximos meses también serán difíciles. El Banco de España calcula que la tasa de paro se situará entre un 18,1% y un 19,6% este año y entre un 18,4% y un 18,8% en 2021.
“El empleo es la prioridad absoluta de este Gobierno”, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación del plan regional de vivienda, celebrada esta semana en la Real Casa de Correos. “La vivienda va a ser un motor, no solo por las oportunidades que aporta a las personas que vienen a vivir a Madrid con nosotros, sino por todos los empleos directos e indirectos que genera”, afirmó.
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El problema reside en qué tipo de empleo se pretende crear. “El empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, lamenta Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad de Greenpeace.
La construcción ha sido un nicho de trabajo para los trabajadores menos formados. “El problema de desempleo en España es de jóvenes y de baja cualificación. Tenemos más de un millón de personas que no están cualificadas, tienen puestos de trabajo no cualificados”, señala José Canseco, profesor de EAE Business School.
“Si apostamos por un tipo de economía de ladrillo y turismo, la mayoría de nuestra juventud más formada se verá obligada a irse a otros países porque no tienen empleo. Los jóvenes que se queden tendrán un contrato temporal y esto no generará riqueza como sociedad”, asegura Guardiola.
El coronavirus ha mostrado la importancia de contar con industria potente, que pueda responder en los momentos difíciles y que genere además unos puestos de trabajo más estables y con mayor cualificación. “La crisis ha puesto de manifiesto que el sector industrial está siendo clave, no solo en el punto de vista de la autonomía, sino también porque es un catalizador de crecimiento económico, mucho más que la construcción”, apunta Cortés.
Otros nichos de creación de empleo de mayor calidad son la tecnología y las energías renovables. El mundo vive inmerso en una batalla tecnológica entre Estados Unidos y China donde la Unión Europea se ha quedado un poco desdibujada. España puede jugar un papel importante, gracias a que es uno de los países con mejores conexiones del mundo, tanto de telefonía móvil como de fibra óptica.
“Madrid debería apostar por industria de calidad a nivel tecnológico y de investigación, tiene que ser puntera porque tenemos los recursos y los medios para ser liderar tecnológicamente el país. Es necesario un pacto madrileño generacional para dar formación a los jóvenes en habilidades y competencias estratégicas como la digitalización, la economía social y la transición ecológica justa″, señala Guardiola.
Comprar una vivienda en tiempos de crisis
La apuesta por la construcción de nuevas viviendas resulta cuanto menos curiosa en un momento en que ha caído de manera drástica el consumo de los hogares a raíz de la crisis económica. El Gobierno se vio obligado a acelerar la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para aliviar la situación que están viviendo millones de familias en el país.
“El sector inmobiliario se va a ver muy afectado por esta crisis, porque va a haber una caída de la demanda y la vivienda no es una prioridad. No creo que sea un sector que haya que apoyar especialmente, porque genera endeudamiento y ahora se está disparando el endeudamiento de las familias por la crisis”, señala Cortés.
Si una persona se queda en paro, difícilmente puede pensar en comprarse una casa o en pedir una hipoteca. ¿A quién benefician estas medidas? No precisamente a las personas más necesitadas.
“La compra de vivienda no es solo un problema del mercado inmobiliario, sino también de salarios. Si estos últimos crecieran a un ritmo parecido a la vivienda, el problema se vería minimizado. Los salarios se han estancado en el último año, mientras que el incremento del precio por metro cuadrado ha subido en dos cifras porcentuales en algunas zonas, tendencias que se llevan manteniendo durante unos años y hacen cada vez más insostenible el mercado inmobiliario”, asegura Óscar Olcina, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Todo parece indicar que los responsables políticos se han olvidado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y sus graves consecuencias.
