La violencia sexual en el estado español
En junio de 2018 hemos cerrado nuestros cuadernos, apurado la poca tinta que queda, nos hemos mirado... y hemos dado por terminada la última misión de la investigación de la Sección Española de Amnistía Internacional que, esperamos, vea la luz a la vuelta del verano. Nuestro trabajo relata, íntegramente, la oscuridad a la que se enfrentan las víctimas y supervivientes de violencia sexual en el Estado español, en un escenario en el cual, el sistema judicial es sólo una piedra más del oscuro pasillo por el que transitan las mujeres violadas, abusadas o acosadas sexualmente.
Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España, y yo acabamos de realizar la entrevista que cierra las más de 70 que durante un año entero han estado formando parte de nuestras vidas. Hemos tenido que aprender a convivir con la normalidad de la violencia sexual a través de los dolorosos relatos que víctimas, supervivientes, madres y familiares tuvieron la valentía y el coraje de trasladarnos. Sus historias se han instalado en nosotras, con tal fuerza, que no hemos sido capaces de despegarnos de ellas. Irremediablemente, el eco de sus voces se ha ido trenzando con nuestro día a día y nos ha acompañado en las cenas familiares, en los abrazos buscados, en la copa de fin de semana... Incluso, han llegado a ser protagonistas de nuestros peores sueños, de nuestras más terribles pesadillas.
Y aunque tanto Virginia como yo llevamos muchos años escuchando "el horror", pocas historias nos han impactado más que el relato de Mónica, una madre que mientras la entrevistábamos se preguntaba en voz alta por qué su hija valió 2.000 euros. Y es que, tras el suicidio de Rakel, de 15 años, esa fue la cantidad pactada, en el oscuro pasillo de un juzgado, entre las abogadas de la acusación y del acusado. Después de haber sido acosada sexualmente a través del móvil por un hombre mayor de edad, aunque la madre de Rakel acudiera a comisaría unos días antes a denunciar el acoso, la respuesta obtenida en instancias policiales fue: "Esto hay que investigarlo, ahora no podemos hacer nada".
Peor aún fue la advertencia de la abogada del agresor que, para llegar al acuerdo económico y catapultar la impunidad del acusado —su defendido—, quiso desplegar durante el juicio todo un arsenal de estereotipos de género, amenazando a la madre de Rakel y a su abogada con sacar a luz la vida sexual de una niña que, hay que recordar, ya había puesto fin a su vida. Evidentemente, Mónica fue incapaz de continuar, y terminó aceptando el acuerdo.
A pesar de la opacidad de datos y cifras entorno a las violencias sexuales en el caso español, derivadas de la ausencia de estudios oficiales sobre la prevalencia de éstas en nuestras vidas, la Agencia Fundamental de Derechos Humanos (FRA) señalaba en 2014 que el 50% de las mujeres españolas había experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años de edad, considerando la violencia sexual como un delito generalizado en el conjunto de la Unión Europea.
De hecho, la semana pasada, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género hacía publica una investigación sobre la percepción social de la violencia sexual en la sociedad española que arrojaba hallazgos alarmantes, como el hecho de que aún el 50% de los hombres y el 45,5% de las mujeres consideraban que el alcohol era el causante de una violación. Sin embargo, ni la contundencia de estos datos, ni las observaciones y recomendaciones que en 2015 realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas al Estado español —alertando sobre que la "alarmada prevalencia en el Estado parte de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual"— han llevado ni al Estado, ni a ninguno de sus gobiernos, a tomar las medidas adecuadas, dirigidas a proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, chicas, niñas y niños, víctimas y supervivientes de violencia sexual.
Porque, a pesar de las cifras demoledoras, nuestros hallazgos, además, señalan deficiencias gravísimas en un país moderno y democrático como el nuestro, en donde, por ejemplo, el sistema de atención a las víctimas en el Estado español es prácticamente inexistente. En algunas comunidades autónomas nos hemos encontrado con equipos de atención compuestos por dos únicas psicólogas expertas para atender los más de 100 casos anuales que cada día llaman a sus puertas. Hemos visitado servicios hospitalarios de atención sanitaria que establecen la premisa de ir a una comisaría a denunciar, antes de la toma de muestras. Incluso, por asombroso que pueda parecer, hay víctimas que han sufrido violaciones desgarradoras y han terminado saliendo de comisaría acusadas de denuncia falsa ante la mirada atónita de su propia abogada que, con más de veinte años de experiencia como penalista, no podía creer que esa escena no fuera ficción, sino la cruda realidad.
Nuestra investigación nos ha permitido escuchar y comparar en primera persona lo que en los últimos años llevan denunciando las organizaciones de mujeres feministas, y de derechos humanos, acerca de la sombría desprotección a la que se enfrentan todas las víctimas de violencia sexual. Desprotección ésta inversa a la obligación ineludible que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, le corresponde al Estado español en su deber por respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres en la ley y en la práctica.
Notas y kilómetros de carretera realizados a lo largo de diferentes comunidades autónomas —entrevistando a las víctimas, a autoridades y a organizaciones expertas— corroboran así el desolador escenario con el que conviven, de forma generalizada, las víctimas, supervivientes y familiares. Todas ellas desatendidas por el Estado español, al contravenir los estándares internacionales de derechos humanos en el marco de la violencia sexual.
Obligaciones que, cabe recordar, transcienden la mera modificación del Código Penal, y que deben dirigirse, en todos los casos, a reparar íntegramente a las víctimas ante la vulneración sistemática de sus derechos. Conscientes, desde Amnistía Internacional, de que una de las premisas claves para combatir las violencias sexuales es hacer frente a la impunidad. Una impunidad que, sin embargo, seguirá siendo inquebrantable si el Estado y los Gobiernos no toman medidas inmediatas para frenar este crimen de género generalizado, y una de las formas de violencia de género más extremas y sistémicas de todas.
En fin, las atrocidades que hemos tenido que escuchar durante este último año han quedado estampadas en los borradores de los folios de esta investigación y, ¿cómo no?, también grabadas en nuestra memoria para siempre.
