La UE buscará un plan B para sortear el veto de Hungría a la ayuda a Ucrania

Hungría mantuvo este martes su veto al paquete de 18.000 millones de euros en ayuda financiera a Ucrania para 2023, lo que obliga al resto de Gobiernos de la Unión Europea a buscar un plan B para poder desplegar su apoyo a Kiev desde enero, como estaba previsto.

Budapest mantiene así el chantaje tácito por el que bloquea la aprobación de la ayuda a Ucrania y de la directiva para fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para forzar, en contrapartida, que el resto de socios aprueben su plan de recuperación y no le congelen fondos por sus problemas con el Estado de Derecho.

“Estamos haciendo el máximo para asegurar que el dinero puede ser desembolsado a principios de enero, ya sea con el plan A o con el plan B, a cualquier precio”, dijo en una rueda de presa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE el titular checo, Zbynek Stanjura, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

“Ucrania es un país en guerra, necesita desesperadamente nuestro apoyo y no podemos permitir que el retraso de un Estado miembro haga descarrilar el apoyo de la UE”, dijo el vicepresidente de la Comisión europea, Valdis Dombrovskis.

Bruselas había propuesto captar los 18.000 millones de euros en financiación para Ucrania con emisiones de deuda respaldadas por el margen del presupuesto comunitario, por lo que necesitaba el apoyo unánime de los Veintisiete al afectar al marco financiero plurianual. Para solventar el escollo, los ministros han encargado al Ejecutivo comunitario buscar una solución que no requiera un cambio en este marco. “Buscaremos una solución apoyada por 26 Estados”, dijo el ministro checo.

La única alternativa que lo permitiría sería utilizar garantías nacionales para avalar las emisiones y canalizar así los préstamos a Kiev, que necesita entre 3.000 y 5.000 millones al mes solo para necesidades urgentes, dijo Dombrovskis.

Hungría había advertido de que vetaría la propuesta argumentando que da ayuda a Ucrania de forma bilateral, pero los socios siempre lo han visto, al igual que el veto al tipo mínimo, como un modo de ejercer presión para evitar que le bloqueen 13.300 millones de euros en fondos europeos por sus problemas con el Estado de Derecho.

Tanto es así que los ministros de Economía y Finanzas de la UE abordaron estas cuatro propuestas como un “paquete” en su reunión de este martes, aunque finalmente decidieron pronunciarse solo sobre la ayuda a Ucrania y abordar el plan de recuperación húngaro.

Por el contrario, aplazaron la decisión sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario para suspender el desembolso de 7.500 millones de euros en fondos de cohesión por las deficiencias detectadas en la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses o la transparencia en los procesos de licitaciones públicas.

Bruselas concluyó el pasado miércoles que los avances realizados por Hungría hasta el 19 de noviembre con respecto a los compromisos adquiridos eran insuficientes para resolver todos los riesgos para la gestión del presupuesto comunitario, algo que deben corroborar los Estados en el plazo de un mes.

A instancias de Alemania, Francia e Italia, los ministros pidieron hoy a la Comisión un nuevo análisis hasta el próximo viernes para tener en cuenta los pasos dados por las autoridades húngaras tras el 19 de noviembre. Esto obligará a celebrar un nuevo consejo de ministros de Finanzas antes de que acabe al año para abordar la cuestión, ya que si no hay una decisión antes del 19 de diciembre el proceso decaerá.

Los socios tendrán que decidir asimismo sobre el plan de recuperación húngaro, aprobado por la Comisión también el miércoles pasado tras haber acordado con Budapest la introducción de 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho como condición para el inicio del pago de las ayudas.

Si los Estados miembros no lo aprueban formalmente antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos que tiene asignados, es decir, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.

“Se ha dado un plazo muy limitado para que se pueda avanzar o ver si hay que revisar el análisis de cara a tomar una decisión que sea lo más sólida desde el punto de vista político”, dijo la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, quien confió en que en los “próximos días” pueda lograrse la unanimidad en todas las propuestas.

El objetivo, señaló, es también evitar que se pierdan los fondos de recuperación y se cause un “daño irreparable” para la población húngara.