La sentencia del procés explicada a un extranjero

España vuelve a celebrar elecciones el próximo 10 de noviembre —las cuartas en cuatro años, todo un récord en Europa—, los indicadores económicos muestran los primeros signos de debilidad y la crisis institucional por la que atraviesa el país es la más grave desde que se instauró la Democracia, en 1978. 

España no vive precisamente sus mejores días. Y, aun así, las miradas de todos —políticos, empresarios, ciudadanos, medios de comunicación— se dirigen hacia un sólo lugar: Cataluña. Tiene sentido: todo o casi todo lo que ha pasado en la política española en los últimos años depende de esta comunidad autónoma.

No, no hay otro referéndum para decidir si los catalanes se quedan o abandonan España. A corto plazo eso no volverá a pasar. Las dudas, la inquietud y la incertidumbre provienen de un fallo judicial: España contiene el aliento ante la sentencia que, presumiblemente, condenará a los principales líderes independentistas por alentar —incluso organizar— el referéndum independentista que se celebró el pasado 1 de octubre de 2017, lo que se conoce como el procés.

Ese día, España emitió a todo el mundo unas imágenes que dañaron la credibilidad del país como sistema democrático: cientos de policías cargando contra ciudadanos que intentaban votar libremente. El problema, el gran problema, es que ese referéndum fue ilegal. 

La mayoría de los partidos ubicados en la derecha del espectro político resumen lo que sucedió ese 1-O en cinco palabras: fue un golpe de Estado. Para los independentistas catalanes fue todo lo contrario: un atentado contra la libertad y una demostración de que la democracia no es real en España.

Entre esos dos polos se lleva moviendo la política española desde entonces. Cataluña lo contamina todo, e incluso las elecciones generales del próximo 10 de noviembre se dirimen en función del fallo judicial, para el que no hay fecha concreta pese a que se estima que se producirá a mediados de este mes. No lo duden: en octubre se volverá a hablar de Cataluña en todo el mundo.

Lo que más preocupa a todos no es sólo el resultado de la sentencia judicial, sino qué ocurrirá el minuto después de que se conozcan las condenas. Porque las habrá: muy pocos ponen en duda que los 12 líderes independentistas encausados serán condenados hasta a dos décadas de prisión.

No son unos políticos cualquiera: en el banquillo de los acusados están el vicepresidente de Cataluña y, entre otros, los responsables de Exteriores, del Interior, de Trabajo, de Empresa, de Justicia, de Gobernación, además de la presidenta del Parlamento Catalán. El entonces presidente, Carles Puigdemont, está huído de la justicia desde 2017 y vive en una lujosa mansión en Waterloo (Bélgica). 

Las penas que se les impongan revitalizarán, sin lugar a dudas, el sentimiento independentista en Cataluña. Se esperan protestas masivas e incluso altercados en las calles. Hay motivos para ponerse en lo peor: a mediados de septiembre fueron detenidos nueve miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República que habían evolucionado del independentismo hasta posiciones más violentas. 

Todos los arrestados están acusados de “terrorismo” y, en el momento del arresto en la llamada ‘operación Judas’, se les intervino una veintena de manuales para la fabricación de explosivos , además de ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina. Fuentes de la investigación aseguraron que los detenidos estaban organizando un ataque contra el Parlamento de Cataluña para el día en el que se notificara la sentencia contra los líderes independentistas, además de golpear otros puntos emblemáticos de la comunidad autónoma. 

“Por muy dura que sea la sentencia el independentismo no desaparecerá”, ha advertido Pere Aragonés, vicepresidente del Gobierno catalán. Lo que preocupa ahora no es tanto si desaparece o no, sino hasta qué punto será posible contener el enfado de muchos catalanes que, desde hace un año, habían pisado el freno en su defensa del independentismo. La última Diada, la fiesta en Cataluña que los independentistas han aprovechado históricamente para demostrar su fuerza, fue la menos concurrida de los últimos años. Todo un signo.

El gran dilema político es, por tanto, cómo sofocar desde Madrid el incendio catalán. Por eso Cataluña será el gran tema de la campaña electoral del 10 de noviembre. Todos los políticos esperan la sentencia para, a partir de entonces, adoptar posturas más duras o más flexibles. 

En este aspecto, a los partidos de derecha —Partido Popular, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox— no les tiembla el pulso: defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al Estado central intervenir una Comunidad Autónoma, es decir, quitarle a Cataluña todo el autogobierno que disfrutan las Comunidades Autónomas en España, mucho más que si el Estado fuera federal. Implicaría que la economía catalana se gestionaría desde Madrid, que la Policía regional pasaría a depender de Madrid, que, en definitiva, el Gobierno central tutelase a Cataluña. 

Ese artículo 155 ya se aplicó de forma temporal por el Gobierno del entonces presidente conservador Mariano Rajoy. Entró en vigor el 27 de octubre de 2017 —poco más de tres semanas después de celebrarse el referéndum del 1-O— y estuvo vigente hasta el 2 de junio de 2018, cuando tomó posesión de su cargo el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, uno de los más fervientes defensores de la independencia y el derecho a decidir de los catalanes.

En el lado opuesto se sitúan los partidos catalanistas que concurren a las elecciones del 10-N y Podemos, la formación más a la izquierda del Parlamento. Su líder, Pablo Iglesias, se mantiene en su postura de no querer que Cataluña se independice pero sí permitir que los ciudadanos decidan libremente en un referéndum su continuidad o no dentro de España.

El único partido que ha variado su posición ha sido el PSOE, la formación del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A medida que se ha ido acercando la fecha de la sentencia del 1-0, Sánchez ha endurecido su postura e incluso en las últimas semana ha advertido de que tiene el poder, como líder del Ejecutivo, de activar el polémico artículo de 155. Es, sencillamente, un aviso de advertencia. 

Se trata de un cambio de posición notable: hace dos años, cuando Sánchez no era presidente, se mostraba mucho más ambiguo a la hora de hablar sobre la independencia catalana. Ahora se muestra mucho más inflexible porque es consciente de que esa actitud le generará muchos más votos en las elecciones. Porque ese es otro de los grandes dilemas nacionales: la mayoría de los españoles no catalanes quieren que Cataluña siga en España y ven con buenos ojos cualquier medida que impida que esa pesadilla prospere.

Todo, absolutamente todo, pasa estos días por Cataluña. Más o menos como los últimos cinco años. Con una diferencia: una sentencia judicial puede poner al país en una situación inédita en su Historia.

Todo depende de una sentencia.