La penúltima esperanza de las víctimas de un crimen 20 años sin respuesta

Victoria Vigo tenía 30 años cuando le ligaron las trompas sin su consentimiento en un hospital de Piura (Perú) en 1996, justo después de haber perdido al bebé del que estaba embarazada. Su caso fue uno de los primeros en ser denunciado, pero ni mucho menos el único. Se estima que entre los años 1995 y 2000 el Gobierno peruano —con Alberto Fujimori a la cabeza— esterilizó a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a través de un plan nacional para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país. Muchas veces, sucedía sin que lo supieron las afectadas, o mediante engaño, coacción o soborno.

Vigo denunció su caso en 1996, y lo llevó hasta el final. Aunque ganó el juicio, sólo consiguió que condenaran al médico que le realizó la ligadura, que “siguió trabajando y sólo tuvo que pagarme de su sueldo 300 soles mensuales [unos 75 euros]”. “Jamás se responsabilizó a los superiores que ordenaron y supervisaron esa política de Estado, ni médicos ni políticos”, lamentaba Vigo en 2018.

Ahora se ha abierto una nueva posibilidad que da esperanza a las víctimas. El pasado 1 de marzo, la Fiscalía peruana formalizó la denuncia contra el expresidente Fujimori y sus ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres, y lesiones graves contra 1.302 en el caso de las esterilizaciones forzadas.

A pesar de llegar con más de veinte años de retraso, para las víctimas y los defensores de derechos humanos, constituye un hito. “Tenemos mucho entusiasmo y muchas expectativas”, confiesa Victoria Vigo a El HuffPost. “Si hablamos de justicia, queda todavía mucho por hacer, pero yo sí me siento muy alegre, porque ahora hay mucha más presión, de los medios y de la gente. Hasta ahora, todos los fiscales han archivado el caso. Ahora la gente tiene más consciencia de lo que pasamos, y de que no fue sólo a un grupo, sino en todo el Perú”, explica. 

Ella, hasta hace poco, había tenido que soportar que la tacharan de mentirosa, incluso por parte del ex ministro de salud Alejandro Aguinaga, uno de los acusados en este proceso. 

“Desde que empecé mi juicio, trataron de callarme, de minimizarme o de ponerme mal ante el público”, denuncia la mujer. “Hasta ahora todo se había movido de forma muy política, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Que ahora se haga público es muy gratificante para mí”, reconoce.

Un caso “emblemático”

Pese a no ser el único país que ha practicado esterilizaciones contra algún tipo de población (en España, las esterilizaciones forzadas por razones de discapacidad estuvieron permitidas hasta diciembre de 2020), el caso de Perú es paradigmático.

“Es especialmente emblemático porque se trató de una política de ajuste estructural para controlar la demografía y la fecundidad, pero no de todas las mujeres, sino de un tipo de mujer, de un perfil”, apunta María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista DEMUS. “Son mujeres quechuahablantes, analfabetas, que no tenían posibilidad de dar un consentimiento informado”, describe la abogada, que señala que este elemento es uno de los que llevó a considerar este caso como crimen de lesa humanidad.

La organización DEMUS representa a familiares de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, dos de las mujeres que murieron como consecuencia de estas esterilizaciones. Muchas de las intervenciones se realizaban en condiciones insalubres y sin las herramientas adecuadas.

El Gobierno tenía la intención “de esterilizar a todos los pobres”

“El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, afirmó el fiscal Pablo Espinoza Vázquez al formalizar la denuncia contra Fujimori y sus ministros.

Alejandra Ballón, investigadora y antropóloga social experta en este caso, hablaba en 2018 de una práctica “eugenésica” orquestada por el Gobierno contra “las poblaciones indígenas y rurales”. “Hay otros casos similares a este en otros países, pero en Perú es donde fue ejecutado de manera más drástica, más cruel y más masiva, alcanzando cifras de magnitudes terribles”, señala María Ysabel Cedano.  

Según un documento que lleva la firma del exministro Costa, el Ministerio de Salud peruano se había propuesto realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997, y en agosto de ese año ya había realizado casi la mitad, apuntó el fiscal durante la primera audiencia este mes.

Espinoza explicó que el personal médico estaba coaccionado para cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos. Por su parte, muchas de las mujeres víctimas fueron amenazadas con que su familia dejaría de recibir atención médica si se negaban, o incluso les regalaban alimentos si aceptaban someterse a la operación.

Las víctimas “no entendían” qué les estaban haciendo

“Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos”, expuso en la primera audiencia el fiscal, en palabras de Enriqueta Huancahuay Villega, sometida a una esterilización forzada con 19 años, en 1997, en Santo Tomás, Cuzco. La víctima afirmó que “no entendía en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura”, relató el fiscal para abrir su presentación de cargos.

María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF), considera “histórico” que el Ministerio Público haya dado este primer paso en el proceso judicial, “aunque hayan pasado 25 años de los hechos”. “El caso estuvo 16 años aparcado por la Fiscalía, algo doloroso y vergonzoso. Pero esto abre una nueva etapa”, dice. “Estamos muy contentas”.  

En todos estos años en los que las víctimas se han visto ignoradas, las supervivientes no han dejado de luchar. “Reclamos, plantones, marchas de sacrificio hasta Lima, denuncias internacionales, ocho casos que se han llevado fuera de Perú... Todo esto ha ido sumando para que no caiga en el olvido, como han intentado”, explica Mogollón. “La convocatoria del juez a la audiencia es el resultado de toda la insistencia de estos años. Además, es un caso ya catalogado como crimen de lesa humanidad, y eso ha ayudado para que no se archive totalmente”, recuerda.

Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes ahora 1.307 denuncias.

Alberto Fujimori, por su parte, cumple ya una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

“Justicia, verdad y reparación”

Este lunes, 15 de marzo, se retoman las audiencias por el caso de las esterilizaciones, y se espera que el juez anuncie la apertura de la investigación judicial. Mientras tanto, y sabiendo que el proceso será largo y puede extenderse varios años, las víctimas sólo esperan una cosa, que es “lo que llevan defendiendo durante años” —apunta Mogollón—: “Justicia, verdad y reparación”.

“Como dice Rute Zúñiga [víctima de esterilización forzada], no estamos pidiendo limosna, estamos solicitando derechos”, parafrasea Mogollón. “Las víctimas tienen abierta la esperanza. Después de tantos años, tenemos razones para no creer, pero también razones mayores para creer. Han venido tiempos de pena y de indignación, pero seguimos en pie”, cuenta. 

“Estamos poniendo mucho punch, mucha fuerza”, añade Victoria Vigo. “Y si no podemos sacarlo ahora, iremos a los foros internacionales, y encontraremos su respaldo”, promete.  

Fragmento del documental ‘Su nombre es Fujimori’ (2016), de Fernando Vílchez. A partir del minuto 5:20 se ven imágenes de cómo se hacían las esterilizaciones: