La oposición no da tregua al presidente de Perú y plantea su destitución por "incapacidad moral"
Para que la moción de censura pueda ser debatida se requieren 52 votos a favor del Congreso.
El Congreso de Perú, dominado por la oposición, mantiene el asedio al Ejecutivo con la presentación de una moción de destitución contra el presidente del país, el izquierdista Pedro Castillo, y la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva.
Tal como se venía anticipando en las últimas semanas, la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, presentó una moción de vacancia (destitución) por permanente incapacidad moral contra Castillo, quien asumió la Presidencia de Perú el pasado 28 de julio.
Para que el tema de fondo sea debatido en el pleno –inicialmente agendado para el próximo 7 de diciembre– se requieren 52 votos a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas.
El documento contó con las firmas de congresistas de las agrupaciones derechistas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, quien en junio pasado perdió frente a Castillo su tercera postulación consecutiva a la Presidencia peruana.
Fondos ilegales y terrorismo
Entre los argumentos para considerar la “incapacidad moral” de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al partido marxista Perú Libre, del que luego se alejó.
Además, se señala que ha designado “a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo” y del delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
La titular del Congreso, María del Carmen Alva, notificó al mandatario de la moción de destitución en su contra, mientras que el jefe de Estado se encontraba en visita de trabajo en las regiones de Huancavelica y Junín.
“Sentémonos a conversar, dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país, a nuestros maestros y a nuestros niños, de quienes estamos esperando la presencialidad”, declaró Castillo durante un acto público para responder a la coyuntura y los reclamos para que los escolares vuelvan a clases presenciales a la brevedad.
Rechazo de partidarios y ministros
En respuesta a la moción, diversos grupos de simpatizantes de Castillo tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo a la intención de destituir al gobernante.
Asimismo, los ministros de Estado expresaron su desazón por la iniciativa y el perjuicio para la gobernabilidad del país. “Abusando del derecho, bajo argumentos fuera de lugar que no tienen ninguna razón jurídica se pretende crear desestabilización”, declaró el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
Por su parte, el titular de Salud, Hernando Cevallos, expresó que la moción de vacancia es “una actitud claramente antidemocrática”. Hay sectores que “lo que pretenden es evitar los cambios que tanto necesita la gente”, agregó Cevallos, tras una reunión del gabinete de ministros en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado.
A la par, la oposición en el Congreso siguió adelante con la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva, cuestionado por haber presuntamente ofrecido el cambio de autoridades a empresarios del sector.
Silva también anunció una reorganización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) y en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), entidades públicas a cargo de la reforma en el transporte urbano.
La interpelación a Silva fue promovida por la bancada fujimorista Fuerza Popular bajo el argumento de que el ministro ha cometido “un sinnúmero de desaciertos e ilegalidades”.
Sin embargo, su eventual censura no contaría con los votos suficientes después del debate y, más bien, el pleno recibió otra moción que plantea esta vez interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por irregularidades en la prueba de docentes del sistema público