La ONU condena a España por someter a una niña a una exploración genital para determinar su edad
La menor huía de la violencia sexual que le había infligido su padre, y en España se encontró con la humillación y el abandono. Ahora el Estado debe indemnizarla.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recriminado a España no haber protegido a una niña camerunesa que llegó sola a España en 2017 huyendo de la violencia sexual y de un matrimonio forzoso y haberla sometido a un desnudo integral y a la exploración de sus genitales para determinar su edad.
Según consta en el dictamen del Comité, que ha hecho público este jueves la Fundación Raíces, el Estado español debe proporcionar a la joven “una reparación efectiva por las violaciones sufridas”, lo que incluye una compensación por los daños morales ocasionados, un acompañamiento psicológico especializado para víctimas de violencia sexual y rectificar su fecha de nacimiento en su documentación.
Este caso se remonta a agosto de 2017, cuando Arcange llegó al aeropuerto de Barajas huyendo de Camerún. Allí, la Policía la registró como “menor de edad posible solicitante de asilo” y la trasladó a un Centro de Primera Acogida de Menores en el que permaneció dos meses.
Cuando llegó al centro, se elaboró un informe médico en el que constaba que su aspecto era “compatible con la edad de 16 años que había manifestado” y las secuelas físicas de la violencia sexual que le había infligido su padre.
Para tramitar el expediente de tutela la entrevistaron, aunque, según consta en el dictamen, no se la informó de sus derechos como solicitante de asilo y no realizó ningún trámite para ese fin.
Después de negarse a contactar por miedo con sus padres para que le enviasen documentación que acreditaba que era menor, el centro solicitó a la Fiscalía iniciar el protocolo para determinar su edad.
Arcange fue sometida a una exploración física con desnudo integral, a otra de sus genitales y le realizaron dos radiografías: de la muñeca, que estimaba una edad de 17 años, y de la mandíbula, que no podía determinar la edad.
Tras estas pruebas, la Fiscalía dictó un decreto de mayoría de edad que hizo que la Comunidad de Madrid cesara la medida de protección sobre la niña, que fue expulsada del centro y vivió en la calle hasta que otro menor la llevó a la Fundación Raíces, que desde entonces se ha hecho cargo de su defensa jurídica.
Para Naciones Unidas, el proceso para establecer la edad de la niña, “quien declaró de manera reiterada y consistente ser menor de edad, quien se encontraba en posesión de documentos acreditativos de su minoría de edad y quien tenía apariencia de menor de edad”, no contó con las garantías necesarias y violó sus derechos reconocidos en la Convención.
“En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad de la autora y la ausencia de un representante para acompañarla durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido la autora, procedimiento que constituyó además una injerencia ilegal en su vida privada como víctima de violencia sexual”, añade el dictamen.
El Estado, obligado a “evitar que se cometan estas violaciones en el futuro”
El Comité, que da un plazo a España de 180 días para que informe sobre las medidas que adopte para aplicar su dictamen, recuerda al Estado que “tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.
Para ello, recomienda a España que “nunca deberían” realizarse exploraciones genitales como método para determinar la edad, procedimiento en el que aconseja garantizar la presunción de minoría de edad y la validez de la documentación aportada por los niños.
Sugiere también que a los menores no acompañados solicitantes de asilo se les asigne un tutor “lo antes posible” para que puedan iniciar ese trámite, incluso cuando “esté aún pendiente” establecer su edad. Y si alegan haber sido víctimas de violencia, que reciban asesoramiento psicosocial para facilitar su rehabilitación.
“Me siento muy alegre de que al fin se reconozca y se acepte que yo era una niña de 16 años cuando llegué a España. Ahora ya puedo seguir viviendo siendo yo misma, con mi edad de verdad, antes no era yo, era otra persona que ellos inventaron”, ha manifestado Arcange, según informa Fundación Raíces.