La ONU acusa a España de "segregar" a los alumnos con discapacidad

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirma que España "segrega" y "excluye" a los alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte de las "graves violaciones sistemáticas" del derecho a la educación de este colectivo.

Esta es la conclusión del informe de la ONU, tras examinar in situ el caso de España, en una investigación confidencial realizada en 2017. Si bien indica que las cifras oficiales reflejan un alto porcentaje de alumnos con discapacidad matriculados en el sistema ordinario, también subraya que dentro de este se produce la exclusión.

Para este organismo, el Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos "discriminatorios y segregadores", incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España hace más de una década.

En concreto, el comité observa que "no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño" en materia de educación inclusiva y apunta que la justificación médica de la discapacidad es la más común, de manera que las administraciones educativas siguen considerando que este interés superior del menor con discapacidad es acceder a una "educación especializada en centros especiales".

Niños que van a dos escuelas diferentes a la vez

El informe apunta que no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho ni se tiene en consideración su opinión. Advierte de que existen casos en los que se obliga a los padres a cambiar al niño de centro educativo cada año, mientras otros dividen su semana yendo a dos escuelas diferentes lejos de su domicilio, a veces en lados opuestos de la ciudad.

En estos supuestos, el comité alerta de la "poca consideración" que se presta al impacto que tiene para el niño la ausencia de un prestador de apoyo, de un grupo, o de un centro educativo de referencia. También advierte de la falta de apoyos financieros, materiales y emocionales a las familias de niños y niñas con discapacidad.

"Los padres que han decidido luchar por el acceso de un alumno con discapacidad a una educación inclusiva llegan a altos niveles de presión, agotamiento e incluso desesperación", sostiene el comité de la ONU, que añade que el único apoyo que reciben estos progenitores procede de organizaciones y redes especializadas.

"Abolición" de los centros especiales

Asimismo, observa que en el sistema educativo español no hay un "reconocimiento generalizado" del modelo de derechos humanos de la discapacidad y que existe "falta de acceso" a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, pues, a su juicio, la inclusión se entiende entre el profesorado "como un método pedagógico y no como un derecho".

Si bien el documento sostiene que hay decisiones judiciales "esperanzadoras" y modelos de éxito implantados, sin embargo, lamenta que se traten de iniciativas aisladas, que dependen generalmente de la "sensibilidad" de personas determinadas.

Conforme a la jurisprudencia, el comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales y plantea que los recursos que se destinan a estos se transfieran al sistema ordinario para posibilitar a los alumnos con dificultades de aprendizaje los apoyos necesarios.

Reacción "inmediata"

Para el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) esta "condena" internacional debe llevar al Estado español a reaccionar "con inmediatez" y adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas a los mandatos de la Convención, "sin más dilaciones ni excusas".

Por ello exige a las fuerzas políticas, la reforma "urgente" de la legislación educativa, para implantar un sistema educativo "verdaderamente inclusivo", con apoyos efectivos, en el que no exista discriminación ni segregación por razones asociadas a discapacidad.

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