La odisea para sacar del limbo administrativo a medio millón de personas en España

Si te dicen “inmigrante ilegal”, probablemente piensas en un hombre negro, de origen subsahariano, llegado en patera, que vende productos en un top manta. Sin embargo, la realidad es que sólo el 9% de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España proceden del continente africano, que aproximadamente un tercio de las personas ‘sin papeles’ son niños y que, por actividad profesional, trabajan mayoritariamente en el servicio doméstico y la hostelería. 

La realidad también es que esas personas –entre 390.000 y 470.000, según un estudio de la Fundación por Causa– no están en situación irregular por elección propia o dejadez, sino porque se ven empujadas por un marco legislativo que hace extremadamente difícil su regularización administrativa, y que lleva a muchas personas a permanecer al menos durante tres años en un limbo legal –en España– hasta poder solicitar la residencia por arraigo social. La realidad también es que la mayor parte de la ciudadanía española desconoce el sinfín de trámites y requisitos que tienen que superar los ciudadanos extracomunitarios (salvo si son famosos) antes de conseguir documentación.

Como para tantas otras cosas, la llegada de la pandemia en marzo de 2020 supuso un punto de inflexión. Si antes la vida ya era difícil para estas personas, la obligación de quedarse en casa por el primer estado de alarma, sin poder seguir con su trabajo (en la economía sumergida) y sin recibir prestaciones sociales como el resto, llevó a los colectivos antirracistas a unirse y alzar la voz para cambiar esta situación. 

Por qué la demanda no es nueva (ni descabellada)

Así nació el movimiento #RegularizaciónYA, que en julio de 2020 impulsó una proposición no de ley (PNL) solicitando ante el Congreso una regularización extraordinaria de migrantes en España, como ya habían hecho países como Portugal o Italia con la llegada de la pandemia. Tampoco habría sido la primera vez que se llevaba a cabo en España, que tiene un historial de nueve regularizaciones anteriores, cinco con gobiernos del PP y cuatro con el PSOE. Sin embargo, en septiembre de 2020, ese mismo PSOE votó en contra –junto con los partidos de la derecha– y la PNL fue rechazada. 

“Tras ver tumbada esta posibilidad, pensamos en otras vías”, cuenta Marita Zambrana, presidenta de SOS Racismo Madrid y portavoz de Regularización YA. La vía elegida fue presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una herramienta de participación ciudadana prevista por la Constitución para que el Congreso pueda atender peticiones directas del pueblo. Para que llegue a ser tomada en consideración, necesitan conseguir 500.000 firmas de ciudadanos españoles mayores de edad que apoyen la regularización. 

De momento han logrado más de 150.000 firmas, aunque desde la organización reconocen que no está siendo fácil. Este fin de semana esperan darle un buen empujón. Para ello han organizado un maratón de podcasts en Madrid de casi 24 horas ininterrumpidas con figuras como Nerea Pérez de las Heras, Inés Hernand, Moderna de Pueblo, Alba Flores, Moha Gerehou, Asaari Bibang, Safia El Aaddam, Gabriela Wiener, Perra de Satán, Lucía Mbomío, Cristina Fallarás o Pamela Palenciano. 

El festival es presencial y de entrada libre en tres centros socioculturales de la capital –La Parcería, Espacio Afro y Ateneo La Maliciosa–, aunque también podrá escucharse en streaming. Las firmas, que también deben ser presenciales y con DNI, se recogen allí y en decenas de establecimientos repartidos por toda España, hasta el próximo mes de septiembre.

Una oportunidad “histórica”

“Estamos ante una oportunidad histórica”, destacan desde #RegularizaciónYA, que recalcan que lo que piden es “permiso de residencia y de trabajo” para las personas por justicia social, ni más ni menos. 

“El objetivo principal del festival es llegar a sectores que todavía no han firmado la ILP, que todavía no saben de ella o no tienen suficiente información de la campaña”, explica Yeison García López, de Espacio Afro. “Queremos acercarles a la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, a la vulnerabilidad en que se encuentran, hablarles de todos los aportes que realizan y que, a pesar de ello, siguen siendo excluidas de la sociedad”, señala. En otras palabras, buscan “empatía” y “compromiso” en personas que por defecto no se ven concernidas por la vida de los migrantes. 

Como bromea otra de las convocantes, el festival es “una manera de que la ILP entre con lubricante”, una forma de hacer “cool y divertido” un tema inicialmente serio y “marginal”.

Cómo surgió la iniciativa

La ILP surgió de la unión del movimiento #RegularizaciónYA con otras cinco organizaciones –Fundación por Causa, Alianza para la Solidaridad, Fundación para la Ciudadanía Global, REDES y Partido Por un Mundo Más Justo–, y de ella nació la plataforma Esenciales. En noviembre de 2021, el texto de la ILP fue formalmente aceptado, y en diciembre comenzó la recogida de firmas, que tienen que ser de puño y letra.

Con la ILP solicitan concretamente  que se modifique la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, conocida como Ley de Extranjería, para que, en un plazo de seis meses, el Gobierno establezca “un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. 

En el texto de la ILP se exponen también los motivos que justifican esta regularización extraordinaria, que van desde el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos hasta las razones económicas y fiscales. Según un estudio de la Universidad Carlos III, la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementa por encima de los 3.250 euros por persona y año, citan. 

La campaña se llama ‘Esenciales’, precisamente, porque durante la pandemia se hizo evidente el papel fundamental de los migrantes en el mantenimiento de la sociedad. “El Estado sabe que las personas en situación irregular existen, sabe que mueven la economía, sabe que gran parte del sistema reposa sobre las espaldas de mujeres que trabajan en los cuidados, de los temporeros, de las jornaleras”, enumera Marita Zambrana. Pero hasta que no pueden conseguir regularizarse, estas personas “viven en una situación de total precariedad”, que abre la puerta a la explotación laboral y a la desprotección legal, afirma.  

Medio millón de personas, “fuera de la planificación de los servicios públicos”

“Cerca de medio millón de personas no existen para el Estado, por lo tanto están fuera de la planificación de los servicios públicos”, denuncia Regularización YA. Recordemos que la población en situación irregular en España equivale aproximadamente al número de habitantes de las ciudades de Burgos y Valladolid juntas. 

Yeison García reconoce que en la recogida de firmas se han encontrado reacciones de todo tipo. “El clima social que está creando la extrema derecha con su discurso de odio racista, y la inacción del propio Gobierno por no llevar a cabo políticas antirracistas, hacen que una parte de la población haya incorporado muy claramente una serie de discursos”, señala. “Nos hemos encontrado con situaciones complicadas de gestionar, y también con sectores que directamente no han querido firmar”, dice. “Pueden tener otros compromisos de lucha social, como el feminismo, pero no tienen ese compromiso con los derechos de las personas migrantes, a pesar de que una parte muy importante de estas personas son mujeres”, lamenta. 

Desterrar los prejuicios “instalados en el imaginario colectivo”

Marita Zambrana se hace también eco de este problema. “Es muy difícil cambiar unas narrativas que están muy bien instaladas en el imaginario colectivo español”, advierte. “Lo que escucho ahora es lo que escuchaba hace once años cuando llegué a España desde Bolivia: que los migrantes venimos a quitar el trabajo, que saturamos la sanidad, que las mujeres latinas robamos los esposos a las españolas para conseguir dinero…”, enumera. “Todos esos prejuicios siguen replicándose, y forman parte de una criminalización”, afirma. 

“Se juega mucho con el miedo y con la deshumanización, y eso cala muy bien en la sociedad”, apunta Zambrana. Esos prejuicios se ven apuntalados, además, por unas “leyes perversas” que empujan a las personas a la clandestinidad, sostiene. 

De momento, los organizadores pretenden desmontar esos prejuicios para conseguir las 500.000 firmas antes de la fecha límite del 23 de septiembre. Si lo consiguen, se activará la segunda fase del proceso, no menos difícil. Con la validación de la Junta Electoral Central del medio millón de apoyos, se abrirá un procedimiento de toma de consideración en el Congreso. “En ese tiempo, tenemos que presionar por todos los cauces posibles para que pase a la siguiente fase: de enmienda y de debate sobre la propia ILP”, explica Yeison García. Sólo tras esa serie de pasos podrá votarse en el Congreso, y entonces el resultado será vinculante. 

La meta del medio millón de firmas todavía está a medio camino, pero Marita Zambrana asegura que los movimientos ya están trabajando en “la fase política” para que la propuesta cuente posteriormente con los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Saben que es difícil, pero también lo ven como una oportunidad “histórica”. Sería la primera vez que una regularización extraordinaria de migrantes sale adelante por una iniciativa ciudadana así. Confían, por lo pronto, en la empatía y la conciencia de la sociedad española. 

“España no es ajena a los procesos migratorios, de hecho ha sido lugar de origen migratorio en muchos momentos de su historia”, recuerdan desde Regularización YA. Como apunte curioso: hace no mucho tiempo en Luxemburgo se llevó a cabo una regularización extraordinaria sólo para dar papeles a españoles y portugueses. Por ello ahora se apela “a la memoria colectiva y reciprocidad de los tiempos en que a los españoles se les abrieron las puertas en otras sociedades”, dicen desde el movimiento.