La odisea de las familias LGTBI: cuando el matrimonio igualitario no lo es todo

Banderas arcoiris, aplausos y celebraciones. Durante un mes al año parece que no hay desigualdad. Todo se tiñe de los colores de la bandera LGTBI y la fiesta ocupa más que la reivindicación.

En el momento que se cumplen 15 años de la aprobación del matrimonio LGTBI en España, hay una certeza: todavía queda mucho por hacer. En este tiempo se han dado pocos avances estatales para que, por ejemplo, las parejas puedan plantearse formar una familia. Para el colectivo LGTBI no es tan fácil como para los heterosexuales: todavía existen varias restricciones. A ojos de algunas administraciones públicas, las familias formadas por dos padres o dos madres siguen siendo diferentes.

“Las parejas de mujeres deben cumplir unos requisitos para registrar a sus hijos que las de hombres y mujeres, no”, cuenta José María García Hernández, coordinador del área de familias de la Federación Española de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Según García, las desigualdades a la hora de formar una familia dependen del territorio donde resida la pareja, ya que sigue sin aprobarse una Ley LGTBI de ámbito estatal: “No podemos permitir que, dependiendo del lugar de residencia y del Gobierno autonómico de turno, se trabaje o no la diversidad afectiva sexual, familiar y de género y se lleven a cabo o no políticas de igualdad”.

Dos de estas familias las conforman Elisa y Ana —madres de Gara—, y Víctor y David, padres de Carmen y Julio. Las suyas son unidades familiares muy distintas entre sí, pero las dos parejas se han enfrentado a esas zancadillas que sigue poniendo las administraciones públicas a algunas familias LGTBI. Toda una odisea.

“Mi familia la formamos mi mujer, Ana, mi hija, Gara, y yo”, relata Elisa, para la que crear un libro de familia no ha sido nada fácil. Cuenta que ella y Ana llevan juntas desde 1998 y, en 2013, se casaron para formar una familia. “Si no estábamos casadas era mucho más lioso porque teníamos que entrar en un proceso de adopción”, detalla. El requisito de tener que estar casadas para registrar a un hijo no se exige a parejas heterosexuales, independientemente de si se realiza una fecundación in vitro o no.

Además, cuenta que la técnica de reproducción asistida por la que querían ser madres, conocida como método ROPA [proceso mediante el cual una de las dos madres es genética (aporta el óvulo) y otra gestante (al quedarse embarazada in vitro)], obliga a tener que estar casadas. Este proceso tiene un coste de entre 4.000 y 6.000 euros, en función de la clínica.

“Iniciamos el proceso en septiembre de 2013 e íbamos descartando clínicas homófobas viendo si conocían o no el método ROPA. Al final encontramos una y lo hicimos. Mi mujer se quedó embarazada a la primera y en 2014 tuvimos a nuestra hija”, detalla. Una vez que nació Gara empezaron las trabas administrativas. Además, Ana y Elisa no pudieron acceder a que la reproducción asistida estuviera cubierta por la Seguridad Social, algo que no ocurrió hasta 2019.

“Por esas fechas unos amigos heterosexuales tuvieron también una niña y fuimos juntos a inscribirlas al Registro Civil de Madrid. Yo no lo puede completar y mi amigo heterosexual con pareja, sí”, detalla. La justificación desde la administración era totalmente aleatoria y discriminatoria: “Alegaban varios motivos como que tendría que haberla inscrito antes o que mi mujer y yo no estábamos empadronadas en la misma casa, cuando mi amigo y su pareja tampoco lo estaban. Todo porque no fui la madre gestante”.

Tal y como señalaba García, estos requisitos son casi exclusivos de cada registro, que elige a su parecer lo que exige para la filiación de los hijos. “También nos pidieron el certificado de la clínica donde habíamos hecho el proceso y el consentimiento de ambas. Cuando lo pedimos a la clínica se quedaron asombrados con lo del certificado porque sólo lo piden en el registro de Madrid. El centro está en Getafe y, generalmente, las familias que van son del sur de Madrid y no de la capital, y en su registro no se los piden”, recuerda.

Al día siguiente acudieron las tres, rompiendo con el descanso de la madre gestante, y pudieron inscribir a su hija. “Nos dio rabia porque nuestro amigo pudo hacerlo perfectamente”, continúa, aunque indica que las trabas no acaban fuera de las fronteras españolas. Ana tiene nacionalidad francesa por parte de madre y quería que Gara también la tuviese.

“Cuando nos casamos no nos pusieron ningún problema y pudimos registrar la boda allí, con nuestro libro de familia, pero a nuestra hija no pudimos registrarla a nombre de las dos como matrimonio”, detalla. “Así que mi mujer tiene dos libros de familia en Francia: uno conmigo y otro de ella con nuestra hija”, indica. Aunque señala que no han iniciado el proceso de coadopción —adoptar a su hija como si su pareja la hubiera tenido como madre soltera y poder constar también como madre— que tendrían que llevar a cabo, con el coste que ello supone. Esperarán a tener más hijos y hacerlo con todos.

Víctor y David son padres desde 2018 de los mellizos Julio y Carmen. Ambos iniciaron el proceso de gestación subrogada en EEUU tras descartar la adopción y la acogida. Una opción que es duramente criticada por varios partidos y el movimiento feminista.

“Optamos por este método porque la adopción es imposible ahora mismo. A nivel internacional no se puede porque no hay apenas convenios con países que permitan la adopción homoparental y la nacional depende de cuándo se abre, que suele ser cada mucho tiempo y por un periodo muy breve”, señala Víctor. “Las opciones que nos quedaban era acogida y gestación subrogada, y descartamos la acogida por motivos personales”, añade.

Un ejemplo de esas trabas internacionales para las parejas homosexuales que quieren adoptar es la lista de países de donde procedían la mayoría de niños adoptados en 2018: Vietnam, China, India, Hungría y Rusia, según el Ministerio de Sanidad. En todos esos países la unión homosexual no está permitida y, en algunos, la homosexualidad sigue estando penada.

La gestación subrogada, a pesar de ser ilegal en España, está permitida si se lleva a cabo en ciertos países, como EEUU y Canadá. Según la web Interfertility, en estos territorios “la paternidad de los niños nacidos por gestación subrogada con carácter general se establece por sentencia judicial y el bebé es registrado automáticamente como ciudadano español en los consulados”. 

Eso hicieron David y Víctor con los pequeños, que llegaron a España ya inscritos en el registro consular estadounidense como si fuesen hijos de “dos papás solteros” y con una sentencia judicial que lo avalaba. Esto no debería haberles traído problemas a nivel jurídico ya que generalmente el juzgado provincial suele aceptar la coadopción en estos casos. Sin embargo, no fue así.

“Ahora mismo tenemos tres libros de familia: uno de Julio como hijo de David, en el que aparece una nota que indica que soy tutor legal hasta que se dicte una sentencia de adopción; otro con Carmen como mi hija, en el que aparece la misma nota con respecto a David; y luego, el de nuestra boda”, señala Víctor.

“Es como si antes de casarnos cada uno tuviese un hijo y ahora solicitásemos la adopción del hijo de nuestra pareja para tener un libro de familia conjunto”, señala Víctor. “Ahí estaba el problema que pensábamos que no íbamos a tener porque la sentencia judicial de EEUU está dentro del convenio de La Haya y eso debería hacer que fuese de pleno derecho en España. Pero la jueza cuestionó el proceso por el que habíamos sido padres, en lugar de seguir con el procedimiento legal”, añade.

La resolución desfavorable de la jueza instructora del caso de coadopción en España les ha llevado a la Audiencia Provincial de Madrid, donde esperan que la sentencia se resuelva a su favor y que Julio y Carmen figuren, un año y medio más tarde, como hermanos en el libro de familia.

“Para una pareja heterosexual es más fácil no tener que dar explicaciones por recurrir a la gestación subrogada. Sí que hay cierto sesgo que supone una doble discriminación: uno por el método elegido y otro por ser homosexuales”, detallan. Esto demuestra que, más allá del método elegido, estas pegas se dan solo en familias homoparentales.

La pareja recuerda que en su asociación, Galehi (Gais y Lesbianas con Hijos), donde también están Elisa y Ana, hay más progenitores en la misma situación, incluso en casos de adopción. “Hay una pareja de chicas en la que una de ellas adoptó a una niña etíope hace años porque no pudo hacerlo con su pareja y, a la hora de hacer la coadopción, la juez impuso sus convicciones morales y pidió una cantidad de requisitos que no eran necesarios legalmente”, señala.

La discriminación de los hijos de Víctor y David va más allá de los juzgados, también se ven desprotegidos en los trámites de escolarización e incluso a nivel de identificación legal. “Ahora mismo tenemos con el hijo del otro un vínculo como tutor, pero no es lo mismo ante la ley. Estamos discriminados porque, por ejemplo, un padre viudo que se vuelva a casar puede adoptar perfectamente al hijo de su pareja y no pasa nada”, detallan.