La obesidad y el sobrepeso infantil, una cuestión de clase social

El Ministerio de Consumo acaba de publicar el Estudio de Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO 2019). Y sus resultados arrojan una preocupante conclusión: 4 de cada 10 de las y los escolares analizados presenta exceso de peso. Es una de las peores tasas de Europa: 40,6%.

Este porcentaje se divide en dos grupos: el 23,3% sufre sobrepeso (más frecuente en niñas, con el 24,7%; que en niños, con el 21,9%) y el 17,3% obesidad (15% en ellas, frente al 19,4% de ellos). 

El estudio ALADINO se realiza periódicamente desde 2011 por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en escolares de 6 a 9 años y permite, con el máximo rigor científico, conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España. En esta ocasión han sido analizados 16.665 escolares de 276 colegios, distribuidos de forma proporcional por Comunidades Autónomas y tamaño de municipio, configurando una muestra significativa de la población española.

ALADINO es un instrumento privilegiado para evaluar la evolución del sobrepeso y la obesidad infantil y poder ajustar las políticas públicas para reducir al máximo este problema de salud pública, que afecta al desarrollo integral de niñas y niños. Un problema de primer orden que, tal y como constatan los especialistas en nutrición, se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de la propia obesidad en la edad adulta.  

A la gravedad de esta foto tomada en 2019 hay que sumar otra relativa a la evolución de los datos en el tiempo. Si bien desde 2011 se observa una tendencia a la disminución del exceso de peso (un 3,9%), esta parece haberse ralentizado en el periodo que va desde 2015 a la actualidad. Asimismo, si analizamos esta tendencia desde el imprescindible enfoque de género, aparece otro elemento merecedor de la máxima atención: entre 2011 y 2019 la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha disminuido solamente en niños, no en niñas. Esta situación nos impulsa a adoptar medidas que corrijan esta tendencia a la estabilización para volver a una senda de disminución para todos y todas.

Por otra parte, ALADINO 2019 nos alerta sobre la relación entre el aumento de peso y factores socioeconómicos como la renta, la educación o el entorno. Los datos son concluyentes: el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes entre las y los escolares de familias con un menor nivel de ingresos y con un nivel de estudios más bajos. Y es que existe un grave problema de desigualdad en salud relacionado con la desigualdad económica. La diferencia llega a ser tan grande que, en el estrato más bajo de ingresos (familias con ingreso menor de 18.000 euros anuales), la obesidad llega prácticamente a duplicarse con relación a la que se constata en ingresos más altos (familias con ingreso mayor a 30.000 euros anuales). En comparación, un 23,3% frente a un 12,1%. Cifras similares se aprecian en relación con el nivel de estudios de los progenitores: la obesidad casi se duplica en niñas y niños cuyos progenitores tienen estudios primarios (el 24,3%), frente a aquellos cuyos progenitores cuentan con estudios universitarios (el 12,4%).

Estas variables de ingresos y estudios de las familias no solo interactúan entre sí, sino que también lo hacen con otras como son el entorno residencial y escolar, la realización de actividad física frente al sedentarismo, así como la presencia o no de comedores escolares, actividades extraescolares y actividades de educación nutricional en los colegios. Y es que, como demuestran los datos, los ejes de desigualdad se superponen. De hecho, a nadie se les escapa que los barrios con menor renta suelen tener un peor equipamiento deportivo y menos zonas verdes, parques y servicios, al tiempo que una mayor oferta de ocio y de consumo poco o nada saludable (publicidad y oferta de golosinas o comida rápida, por citar las más visibles).

Por ello, el Ministerio de Consumo, a través de la AESAN, ha firmado un protocolo con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España para analizar con detalle la relación entre el exceso de peso y los factores socioeconómicos en escolares de 6 a 9 años. De este análisis conjunto es de esperar una serie de conclusiones que nos permitan afinar mucho más las políticas públicas a implementar contra este problema de salud pública que es la obesidad infantil.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reiterado en sus comparecencias la prioridad de articular una política pública que aborde de forma integral este problema de salud pública, agravado por la injusticia social subyacente. Esta política debe abordar, en primer lugar, el etiquetado nutricional de los alimentos envasados. En este sentido, está ya en tramitación la implantación del sistema “Nutri-Score”. En segundo lugar, su publicidad, evitando los mensajes publicitarios de alimentos y bebidas poco o nada nutritivos dirigidos a niñas y niños. Está en marcha la revisión de la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, con el objeto de proteger la salud infantil. Además, es momento de avanzar en instrumentos de fiscalidad sobre bebidas azucaradas, que sirvan para desincentivar el consumo de productos no saludables.

Asimismo, hay que diseñar políticas de corte comunitario, de formación y sensibilización, que visibilicen los problemas derivados del exceso de peso e impliquen a las familias en su puesta en marcha. ALADINO 2019 nos indica que el exceso de peso no parece ser percibido por muchas familias: solo el 12,6% de los progenitores considera que sus hijos tienen exceso de peso, frente al 40,6% que realmente lo padece.

Como se ha señalado, el exceso de peso es una cuestión de clase y de género. Es obligación del Ministerio de Consumo articular las políticas necesarias para proteger el derecho a la salud acabando con las brechas sociales, económicas, educativas y de género que impiden el igual desarrollo de todas las personas. En este sentido, el Estudio ALADINO 2019 proporciona un riguroso soporte científico necesario para intervenir mediante políticas públicas, cumpliendo así también con los ODS de la Agenda 2030 tendentes al fin a la pobreza y la mejora de la nutrición en todas las edades. No en vano sus datos y conclusiones nos urgen a actuar con celeridad para reducir el exceso de peso en niñas y niños, revirtiendo las situaciones de pobreza y desigualdad, garantizando sus derechos y el desarrollo de su personalidad en igualdad.