La negociación para ampliar los ERTE afronta una reunión decisiva

Lunes 28 de septiembre a las 11 horas. El Gobierno y los agentes sociales tiene marcado en rojo esa cita en sus agendas. Ambas partes afrontan una reunión decisiva para prorrogar las ayudas de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE).

El tiempo apremia porque las condiciones extraordinarias concedidas a los ERTE a raíz de la pandemia del coronavirus caducan este 30 de septiembre. Si hubiera acuerdo, se ampliarían hasta el 31 de enero y se aprobaría en la reunión del Consejo de Ministros prevista para este martes.

El Gobierno está apurando los plazos para lograr sacar, con el acuerdo de patronal y sindicatos, una segunda prórroga de los ERTE asociados a la pandemia de COVID-19 antes de que el 30 de septiembre expire el esquema de ayudas todavía vigente.

Tras las reuniones mantenidas en la última semana, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO están estudiando el documento que el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social les han remitido con los puntos de acuerdo consensuados, aunque todavía hay diferencias en torno a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y a los sectores que quedarán dentro de la prórroga.

Sobre las exoneraciones, fuentes de la negociación explican a EFE que la última propuesta del Gobierno establece distintos esquemas según el tipo de ERTE y el sector en el que esté la empresa afectada.

En los ERTE de rebrote se establecen bonificaciones en las cuotas de las empresas a la Seguridad Social del 85% para las de menos de 50 empleados y del 75% para las de más de 50 si se trata de un parón total de la actividad por nuevas medidas de restricción derivadas de la pandemia.

No obstante, si el paro es parcial el porcentaje de ayuda se iría reduciendo cada mes, uno de los puntos en los que hay desencuentro y que deben limarse en la reunión del lunes.

Estos ERTE de rebrote, incluidos por primera vez en el acuerdo de junio, no quedarían restringidos ni por actividad ni por sector.

En cuanto a los ERTE de fuerza mayor sí que se plantean esquemas completamente diferentes dependiendo del sector.

Para los especialmente afectados, definidos en una lista detallada de actividades CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que básicamente incluirían las relacionadas con el transporte y el turismo, las bonificaciones serían también del 85% y el 75% en función del tamaño de la empresa.

También se aplicarían estas ayudas a las empresas que formen parte de la cadena de valor de estos sectores y a empresas de otros ámbitos que demuestren depender de ellos y cuya facturación haya caído significativamente.

El resto de ERTE que no entren en todos estos supuestos dejarán de tener ya bonificaciones.

Actualmente, siguen en ERTE unas 600.000 personas, de los que 400.000 estarían directamente en los CNAE que propone el Gobierno.

Respecto a la protección de los trabajadores incluidos en ERTE, las partes han acordado mantener en el 70% de la base reguladora la cuantía de la prestación también a partir de los seis primeros meses, cuando la ley obligaba a reducirla al 50 %.

Sobre el llamado “contador a cero”, por el que el Gobierno repone a los trabajadores en ERTE los derechos a cobrar una prestación por desempleo en el futuro si fueran despedidos, ha habido más debate.

El Gobierno plantea que a partir del 1 de octubre las prestaciones empiecen a computar, pero deja fuera a todos los sean despedidos de forma improcedente, incluidos en un ERE o cuyo contrato finalice desde ahora y hasta finales de 2021.

Los agentes sociales también parecen haber logrado consensuar para los trabajadores fijos discontinuos cuya temporada ha finalizado sin tener derecho al desempleo una prestación especial por el 70% de la base reguladora y durante la vigencia del acuerdo.