La ‘manada’ y el TJUE

Hay un conocido aforismo jurídico que dice que “a confesión de parte ausencia de prueba”. Y Alberto Núñez Feijóo, la gran esperanza chafada del PP, ha confesado un delito que se aproxima a la sedición. Ha reconocido, en declaraciones oficiales y públicas, que él en persona está organizando el boicot a la obligada renovación del Consejo General del Poder Judicial y, además, ‘a mayores’, como se dice en Galicia, al mismísimo Tribunal Constitucional.

El argumento empleado es abiertamente caudillista y con un añejo sabor a golpismo palaciego. Hubo coincidencia en los titulares de los medios de comunicación: ‘Feijóo asegura que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez’. Más detalladamente: “porque el Gobierno quiere controlar la justicia y politizarla”. Pero hasta el más tonto de la clase de ‘Formación del Espíritu Nacional’ sabe que quien quiere controlar y controla la justicia, quien prorroga los mandatos sin poderlos prorrogar, burlando las leyes, quien maneja como un rebaño a los jueces afines… es el PP. ¡Bingo! Solo el PP, quien con trampas a cual más burda y descarada ha conseguido hacerse con una mayoría ilegítima.

En esa tesitura, los intentos por recuperar la constitucionalidad perdida se venden como un insufrible ‘autoritarismo’ sanchista, cuando el autoritarismo es el de quienes ponen palos en la rueda del engranaje democrático. O sea, lo que no puede hacer ni el Jefe del Estado, S.M. el Rey, lo hace un temerario político provinciano, con tic de arrogancia adolescente, cuya escuela política es el caciquismo gallego en su versión más burra.

La frase es muy dura: el presidente del PP se arroga la condición de tutor de la democracia y Kalikatres sapientísimo para discernir lo que le conviene y lo que no le conviene a España y a los españoles, y a Europa y a los europeos. Buena cabeza para un caldo de pescado. De un zarpazo se ha cargado el espíritu, y la letra, de la democracia.

La Constitución Española de 1978 es muy clara al respecto y no deja lugar ni a la duda ni a la interpretación de parte: el mandato de los miembros del CGPJ es de cinco años. Y punto. Y llevan cuatro de prórroga. Eso rompe los equilibrios diseñados por los constituyentes en la Ley Fundamental. En otras palabras: desde hace cuatro años la derecha recalcitrante española, la parte heredera del franquismo nostálgico del ‘Molimiento’ Nacional, está quebrantando conscientemente la CE78.

Incluso se podría utilizar, por analogía, lo que dispone la Constitución en el artículo 99.10 cuando prevé que dos meses después de las elecciones generales si no se ha podido llegar a un acuerdo para formar el Gobierno se disuelven automáticamente las Cámaras. Podría emplearse este método en el CGPJ: a los dos meses, si no hay renovación por el filibusterismo de unos u otros, pues disolución al canto del CGPJ para evitar el bloqueo. Un bloqueo que afecta a una parte vertebral del Sistema.

Vamos a recordarlo: Artículo 122.3 C78: “ El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Pues esto es lo que hay. Todo lo demás es ilegal. Es delito. Como diría Agustín de Hipona: Roma locuta causa finita.

¿Y esta rebelión, en fin, cómo puede llamarse también? De una forma un poco bruta lo comentaban el domingo en una mesa pegada a la mía en una cafetería de Santa Brígida (Gran Canaria): “Hay manadas que violan mujeres, solas, indefensas, borrachas o con cosas químicas que le anulan la voluntad; y hay otras manadas que violan las leyes y hasta la Constitución…. También cuando están desvalidas o poco protegidas….”. Un catedrático de Penal recién acreditado que me acompañaba lo escuchó perfectamente, y puso cara de circunstancias, o de doctor, que viene a ser parecido. Yo saqué rápidamente el móvil, y pulsé la tecla digital de San Google bendito, nuevo patrón de los imposibles: la palabra ‘violación’, del latín violare nada que ver con la letra de la pegadiza canción aquella de “volare, cantareee, oh, oh, oh, oh”, tiene cuatro acepciones principales:

“1.- Infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa etc.

2.-Tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento.

3.-Profanar un lugar sagrado, ejecutando en él ciertos actos determinados por el derecho canónico.

4.-Ajar o deslucir algo”.

Por lo tanto, hablar de violación grupal de la Constitución, no es ni desmesurado ni improcedente. Quizás presunto. Pero pertinente y gráfico.

Tampoco la comparación con manadas, s.e.u o.. Si en Pamplona una manada de cinco chulos y matones violó a una chica en un zaguán; en Madrid, sede del CGPJ y de los Altos Tribunales, presuntamente, o por asimilación, otra ‘manada’, pero ella con togas y puñetas, en las mangas y mentales, parece estar llevando a cabo, quizás sin reparar del todo en ello y en sus consecuencias –lo cual ya es grave e irresponsable- un acto de violación constitucional, DRAE mediante.

La aparición estelar y salvapatria de Feijóo, con su insolencia impúber, me recuerda a cuando vivía en un adosado, en un camino, asfaltado en la burbuja del ladrillo, por el que todos los días pasaba un rebaño de cabras y ovejas. El pastor, flaco como una verguilla, con boina y virginio colgando de la comisura de los labios, silbada a un perro mil leches negro, que rápidamente controlaba el ganado y lo dirigía a la vereda que conducía entre amapolas a la montaña de Los Lentiscos.

Ahora veo eso.

En Bruselas y en Estrasburgo están asombrados. No solo por las pertinaces y siempre fracasadas romerías dirigidas ,inasequibles al desaliento, ex aequo por Cuca Gamarra y Esteban González Pons, que me recuerda a los tiburones del acuario Poema del Mar, sino por el comportamiento gamberro de personas que parecen tan educadas, y, además, por comprobar que la Constitución Española, resultado de una Transición modélica que asombró al mundo mundial y fue tomada como ejemplo… carece de mecanismos efectivos para hacerse cumplir. Que no hay un verdadero sentimiento constitucional precisamente en los que más golpes de pecho constitucionalistas se dan. Claro que un golpe de pecho no deja de ser un golpe. Y golpe a golpe….

Y eso que en Bruselas ya es generalizado el estupor, teñido en ocasiones de abierto cachondeo, por las ocurrencias del Partido Popular español, que sigue emperretado en no atender las señales que se les envía desde los centros políticos y de poder de la UE. “Lo urgente – ha repetido ene veces, o sea, muchas, el Comisario de Justicia- es renovar el Consejo General del Poder Judicial”. También lo comparte Ursula von der Layen, que por encima de su condición conservadora y socia del PP en la Eurocámara es una persona cabal, sensata, honesta y respetuosa con el ordenamiento jurídico comunitario y nacional.

Los intentos del gobierno por reconducir el problema no han dado resultado; al contrario, la oposición y la derecha mediática y predicadora lo vende como un ejercicio de autoritarismo cuando, en esencia, es todo lo contrario: garantizar el pluralismo.

¿Qué se puede hacer para que cese este ataque a la Constitución por parte de la derecha montaraz que no se resigna a respetar las reglas del juego? Pues una alternativa sería que el Estado español presentara una cuestión, se llame como se llame, al Tribunal de Justicia de la UE (el TJUE) denunciando la estrategia anticonstitucional del PP, la deriva populista a lo Orban, y el peligro en que se encuentra el ‘Estado social, democrático y de derecho’ en España. Y, sobre todo, que los Altos Tribunales, como el Constitucional o el TS, y el CGPJ, no son imparciales porque se han convertido en una parte del problema y no de su solución. Presumen de ello, encima.

Esta es la triste y descorazonadora realidad: de quienes tenemos que confiar no podemos fiarnos. Con la destrucción minuciosa de la obligada apariencia de imparcialidad la justicia se convierte en una ruleta. Y encima, la desinformación como sustituta de la verdad histórica para deslegitimar a la propia democracia y sus instituciones.