La ley de cambio climático es el comienzo, no el final
La discusión sobre los objetivos no puede oscurecer los enormes avances que supone la aprobación de esta ley en la lucha contra el cambio climático en España.
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de nuestro país y lo hizo, además, con una amplia mayoría. A falta de su aprobación final por el Senado, el texto consolida una ambiciosa batería de medidas, imprescindibles para avanzar en la necesaria descarbonización de nuestra economía, y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. La norma está alineada con las políticas europeas y es una herramienta fundamental para la obtención de los fondos de reconstrucción europeos, que deben impulsar la transición verde de nuestro modelo productivo y económico.
En clave política, el apoyo que ha tenido la ley, lleva a pensar que tendrá duración en el tiempo, ya que la oposición a la misma ha sido mínima y solo ha contado con el voto en contra de la extrema derecha negacionista de Vox. Esto es muy significativo en un momento político crispado y complejo, en el que estamos más que acostumbrados a que en los medios de comunicación de masas se proyecte un enfrentamiento entre bloques que, en este caso, no se ha producido.
Por otro lado, el bloque que apoyó la investidura del Gobierno sale reforzado, ya que la norma logró sumar, finalmente, los votos de Ciudadanos, ampliando con ello el espectro hasta una mayoría absoluta de 190 diputados. Reforzando así la solidez de la que debe ser una de las leyes más importantes de la legislatura, pero también, de las próximas décadas.
Cabe decir que no se hubiera producido un apoyo tan amplio sin un proceso largo y trabajoso de diálogo entre las fuerzas políticas. Quien ha querido aportar a la norma, lo ha hecho. Y de ahí el apoyo final de tantos grupos parlamentarios.
La ley contempla toda una amplia serie de medidas encaminadas a reducir nuestra progresiva dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de una herramienta muy transversal y de ahí la complejidad de su tramitación. Entre las iniciativas que recoge podemos destacar el impulso decidido a las energías renovables, la apuesta por la movilidad eléctrica o el compromiso contra la contaminación urbana a través de las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes.
Una norma que, además, prohíbe expresamente la extracción de hidrocarburos en todo el territorio del Estado y, por tanto, —¡y por fin!— despeja cualquier duda que aún pudiera planear sobre el proyecto de extracción de gas en Subijana, a la mismas puertas de Vitoria. Pese al empeño del Gobierno vasco, que ha emprendido una huida hacia adelante contra la voluntad de la ciudadanía alavesa, contra la oposición de todas las fuerzas políticas, contra el Ayuntamiento de Vitoria y contra la ciencia y el sentido común. La ley que hemos aprobado en el Congreso no permitirá extraer gas en Álava, como por cierto, llevábamos mucho tiempo anunciando.
Pero, sobre todo, es una ley ambiciosa y era una ley urgente. Una ley ampliamente debatida, durante años, con los colectivos y organizaciones sociales y ecologistas, así como con el resto de formaciones políticas que han enriquecido el texto y que han permitido aprobar una ley, en el Congreso, mejor de la que nos llegó hace un año desde el Consejo de Ministros.
Una norma que es un primer paso, pero un paso histórico, y que no admitía más retrasos, en plena emergencia climática y tras años de inacción, de obstáculos y de las sucesivas contrarreformas ambientales de los gobiernos del Partido Popular. Era imprescindible echar a andar. Una vez que el texto entre en vigor, será el momento de comenzar a aplicar todos sus compromisos y de estar vigilantes, desde las instituciones y desde la sociedad civil, para que cada uno de ellos, se cumpla, e ir provocando los cambios necesarios para avanzar hacia un horizonte verde.
La discusión sobre los objetivos no puede oscurecer los enormes avances que supone la aprobación de esta ley en la lucha contra el cambio climático en España. Además la introducción de una enmienda que anuncia la revisión de los objetivos en 2023, pone de manifiesto que estamos en un proceso abierto y que está empezando: no es el final del camino sino el principio.
