La jueza de la F1 no archiva la causa contra Camps y ve "poco serio" que el fiscal quiera cerrarla
Por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de València ha rechazado archivar la causa por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1, en la que ha acordado el procesamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; ex altos cargos y empresarios, y ve “sorprendente” y “poco seria” la petición formulada en este sentido por el fiscal Anticorrupción, entre otras razones, al ser precisamente este órgano quien presentó la querella inicial que dio lugar al procedimiento.
Así consta en un auto de fecha 23 de mayo en el que la magistrada rechaza la argumentación del ministerio público de la prescripción de los hechos “al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal (malversación de caudales públicos), tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas”.
Además, añade que el contenido del informe de la Intervención General de la Generaliat, donde se señala que no se constatan hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados, “no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos” y que, por ende, sea de apreciación esa prescripción.
La jueza decidió procesar en este caso a Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. En su resolució de procesamiento, sostiene que Camps “capitaneó” al resto de procesados para obtener un “rédito político y personal” como “máxime artífice” de la F1, un evento de interés mundial.
Además de estos ex altos cargos, el auto de procesamiento se dirigía contra el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del ente GTP y los empresarios, entre ellos, el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.
Asimismo, rechaza el recurso de la Abogacía de la Generalitat y mantiene el soobreseimiento provisional acordado respecto a la que fuera asesora del ‘expresidente’, Belén Reyero, sobre quien esta acusación sostenía que en el proceso no había sido una “convidada de piedra” y pedía su procesamiento.