La Fiscalía prorroga seis meses más la investigación relativa al rey emérito

La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha firmado este jueves un decreto por el que se prorrogan otros seis meses más las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativas al rey emérito Juan Carlos I.

Según ha podido confirmar en fuentes fiscales Europa Press, esas pesquisas se prorrogarán hasta junio de 2022, si bien no se tiene porque agotar el plazo completo. La prórroga entraba dentro de lo esperable ya que los fiscales aguardan una comisión rogatoria que les debe llegar desde Suiza.

La semana pasada, fuentes cercanas a estas pesquisas, afirmaban que el equipo de fiscales que investigan las finanzas del rey emérito Juan Carlos I, liderado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, esperarían a tener sobre su mesa los documentos solicitados a Suiza antes de cerrar la investigación.

Por eso, ya entonces no descartaban elevar decreto a la FGE solicitando esa prórroga ya que en este mes de diciembre expiraba el plazo. Las fuentes explicaron que la fórmula para ese trámite era mediante decreto motivado y que debía ser aceptado por Delgado.

Ahora, con la prórroga sobre la mesa los fiscales no es que tengan mucho más que aportar a lo ya indagado, salvo esos datos que lleguen desde Suiza. Con todo, esta prórroga aleja si quiera unas semanas la posibilidad de que se cierren las diligencias de investigación, por lo que no se espera que ocurra antes del parón navideño.

La intención es cerrar lo más rápido posible

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalaban ya la semana pasada que si bien la intención del Ministerio Fiscal es siempre acabar con las diligencias de investigación lo más rápido posible, esto a veces no es posible, y ante un caso de la envergadura como el del emérito, prefieren actuar con prudencia, ser garantistas, y esperar a esa comisión que es relativa a unas aclaraciones sobre los años 2015 y 2016.

Así, a pesar de que hace una semana fuentes del caso señalaban a esta agencia que el objetivo era cerrar “pronto” la investigación, y que esperaban llegar antes de que hubiera que pedir una nueva prórroga, los tiempos de las comisiones rogatorias son lentos.

En este sentido, hace unos días se supo que el decreto que ponga fin a las pesquisas irá firmado tanto por Luzón como por Campos, y las fuentes consultadas advierten de que de la comisión rogatoria no esperan grandes sorpresas.

Fue a finales de este verano cuando se conoció que los fiscales que dirigen las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (abdicó en 2014), que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte del emérito por una suma que ronda los 5 millones de euros.

Las tres patas de la investigación

Cabe recordar que las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del emérito se han extendido durante más de un año. En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales ―que se conozcan―. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

En septiembre se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelantaba El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.

Agosto de 2020

Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. “Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, señaló para trasladar a su hijo su decisión de partir bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca.

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas se iba de España fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Don Felipe el 3 de agosto, explicando los motivos de su partida: “Ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” con el fin de “contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.