La Fiscalía pide mantener la prisión de cuatro CDR, pero aprueba fianzas para tres
Advierte del riesgo de fuga de quedar en libertad.
La Fiscalía ha pedido este jueves mantener en prisión a cuatro de los siete CDR encarcelados el pasado 26 de septiembre, si bien aprueba que si la Sala de lo Penal se decanta por la puesta en libertad de tres de ellos que no tuvieron contacto con explosivos se haga bajo una fianza de 9.000 euros.
Según han informado fuentes jurídicas al término de la vista de estos cuatro recursos de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha defendido que estos cuatro investigados conformaban, junto a sus otros cuatro compañeros también encarcelados, un grupo terrorista y ha advertido del riesgo de fuga de quedar en libertad.
No se opondría a las fianzas
En la vista, celebrada a puerta cerrada ante la sección segunda de lo Penal, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha expuesto de forma breve estos motivos para que se les mantenga en prisión y se ha remitido al informe que remitió por escrito a la Sala en respuesta a los recursos.
En ese informe es donde menciona que no se opondría a que a tres de ellos -Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas- se les impongan las citadas fianzas, si bien en el plenario no ha hecho referencia a esta posibilidad, según las fuentes consultadas.
Por su parte, la acusación popular, que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), se ha manifestado en contra de la puesta en libertad de esos tres CDR y ha calificado de “irrisorias” las fianzas propuestas por la Fiscalía.
Cajas de resistencia
Ha añadido que esas cantidades pueden obtenerlas sin dificultad de las denominadas cajas de resistencia de asociaciones independentistas y ha recordado que ese fue el caso de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, que en pocas horas pagó una fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo Pablo Llarena para poder salir de prisión, con fondos de la “caja de resistencia” de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Por ello ha considerado que en el momento que estos tres investigados paguen la fianza no se sentirán directamente involucrados con ella.
La defensa de los cuatro CDR, representada por abogados de la plataforma Alerta Solidaria, ha insistido a su vez en que la Audiencia Nacional no es competente para llevar esta investigación, que, a su juicio, debería trasladarse a juzgados ordinarios.
Desórdenes públicos
En este sentido, ha recordado que en el caso de la CDR Tamara Carrasco un juez de la Audiencia Nacional acordó en 2018 que su actividad no podía ser calificada de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y remitió la investigación a los juzgados de Cataluña.
Decisión, han añadido, que se produjo un año antes de que estos 7 CDR, que conformaban el autodenominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT), comenzaran a ser investigados en una causa secreta, por lo que consideran que se les debe aplicar el mismo criterio que a Carrasco.
Otro ejemplo que han expuesto de esa pretendida falta de competencia de la Audiencia Nacional, es el caso de un hombre en cuyo domicilio se halló un arsenal de armas y que supuestamente tenía la intención de atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, causa que instruye un juzgado de Tarrasa.
Se desconoce la fecha de la decisión
Tras escuchar a las partes, los magistrados -José Ricardo Fernández de Prada, Fernando Andreu y María Fernanda Pérez- evaluarán si cabe la puesta en libertad de esos tres CDR, decisión que no han adelantado cuándo se producirá, según las fuentes.
La sección segunda ya resolvió recursos de apelación de estos cuatro investigados y acordó anular sus autos de prisión al considerar que, según reciente doctrina del Tribunal Constitucional, y pese a estar la causa secreta, no se les proporcionó información esencial en las vistillas en las que se acordó su prisión, por lo que obligó al juez a celebrarlas de nuevo.
Hasta el momento, a los únicos a los que la Sala ha ratificado la prisión han sido Ferrán Jolis y Jordi Ros, al estimar que la investigación ha arrojado por el momento indicios suficientes de terrorismo.