La Fiscalía de Brasil pide bloquear los bienes de Bolsonaro para investigar la financiación del intento de golpe de Estado
El exministro brasileño de Justicia Anderson Torres volverá a Brasil para entregarse a la Justicia
La Fiscalía de Cuentas del Tribunal Supremo de Brasil ha solicitado el bloqueo de los bienes del expresidente Jair Bolsonaro, del gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y del que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, por el asalto a los tres poderes cometido el domingo por sus seguidores más radicales en un intento por derrocar a Lula da Silva.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre el intento de golpe de Estado perpetrado por el bolsonarismo radical y el exmandatario ultraderechista.
El anuncio llega un día después de que Lula da Silva asegurase que se iba a investigar quién había financiado los campamentos bolsonaristas instalados en Brasilia durante meses. “No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió”, aseguró el presidente brasileño que también ha acusado directamente a Bolsonaro de “estimular” a sus seguidores a atentar contra las instituciones.
Bolsonaro, por su parte, prepara ya su regreso a Brasil. El capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, donde ha anunciado que regresará a su país como consecuencia de los problemas intestinales que lo llevaron a ingresar en un hospital de Florida.
“En Brasil los médicos ya saben de mi problema de obstrucción intestinal debido a la apuñalada. Aquí los médicos no harán seguimiento”, ha contado Bolsonaro en declaraciones para la cadena CNN, de las que se ha hecho eco el diario O Globo.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia.
El exjefe de Estado tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, y la filtración de documentos secretos durante su Administración, entre otras.
El exministro brasileño de Justicia Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de prisión en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia, afirmó este martes que retornará al país para entregarse a la Policía.
“Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme”, dijo Torres en su Twitter.
Torres era el recién nombrado secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento de golpe.
“Siempre planeé mis acciones por la ética y por la legalidad. Creo en la Justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, señaló Torres desde Estados Unidos,.
Torres fue cesado del cargo ese mismo domingo por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde también fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista.
Las autoridades brasileñas pusieron en libertad este martes a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en el asalto al Congreso de Brasil. La Policía Federal informó que puso en libertad a “ancianos con enfermedades crónicas” y “adultos responsables de menores”.
La puesta en libertad no significa “necesariamente” que queden libres de cargos ya que podrían reclamarlos posteriormente para ser procesados. La Policía confirmó que, de momento, 727 personas están formalmente arrestadas. Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas
La situación de los detenidos también la está siguiendo de cerca el Gobierno de Lula da Silva, tras denuncias de que los derechos de algunos detenidos habían sido violados.
Según la Policía, “todos los procesos están siendo monitoreados, ininterrumpidamente” por diversas entidades como el Colegio de Abogados de Brasil, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Defensoría Pública Federal. “Todos están recibiendo alimentación regular (desayuno, almuerzo, merienda y cena), hidratación y atención médica cuando es necesario”, señala el comunicado.
