La exhumación de los restos de Franco, una oportunidad para que España descanse en paz
44 años después, Franco ha sido despojado del honor que supone estar enterrado en un mausoleo a cuenta de un estado democrático.
Por Federico López-Terra, profesor de Estudios Hispánicos,Universidad de Swansea:
Tras ser velado con honores de estado durante tres días, Franco era enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, el lugar se convertiría en centro peregrinaje, exaltación y glorificación del franquismo, con financiación a cuenta del erario público.
Casi 44 años más tarde, sus restos han sido finalmente exhumados y trasladados al panteón familiar del cementerio público de Mingorrubio-El Pardo donde yace su esposa, Carmen Polo, desde su muerte en 1988, lejos de aquel “templo grandioso de nuestros muertos que cayeron en el camino de Dios y de la Patria” que el dictador había concebido.
Situado en la sierra de Guadarrama, a 60 km del centro de Madrid, bajo la imponente sombra de una cruz cristiana de 152 metros de altura, la basílica fue construida después de la Guerra Civil Española con el trabajo de más de 20 000 prisioneros políticos, durante 18 años.
En la basílica se encuentran los restos de los caídos durante aquella guerra sin importar el bando al que pertenecieran. Se trata de una de las mayores fosas comunes del mundo, con 33 847 cuerpos enterrados y trasladados desde diversos puntos del país entre 1959 y 1983, de los que quedan aún más de 12 400 por identificar.
Aunque Franco aludiera al “sentido de la unidad y hermandad entre los españoles” y “el sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico”, lo cierto es que este nunca ha sido un lugar de reconciliación sino más bien un símbolo de propaganda fascista.
Desde su inauguración en 1959, el enterramiento de represaliados republicanos, bajo el mismo techo que sus verdugos y en un templo de fe cristiana contra la que muchos lucharon, constituye el último agravio a quienes se dejaron la vida por la democracia y las libertades.
Todo esto explica que el monumento sea objeto de controversia hasta el día de hoy. Cuando el gobierno socialista aprobó la Ley de Memoria Histórica en 2007, el Valle de los Caídos fue uno de los puntos incluidos.
La ley condenaba explícitamente el régimen franquista y reconocía a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. También se comprometía a la identificación y exhumación de las víctimas, así como a la retirada de símbolos franquistas de espacios públicos y la prohibición de actos de exaltación fascista en el Valle.
Posteriormente, en 2011, se creó una Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos que recomendaba la transformación del valle en “un lugar para la memoria de las víctimas y muertos en la Guerra Civil” así como la creación de un centro de interpretación para la resignificación histórica del monumento y, fundamentalmente, el traslado de los restos del dictador.
El informe de la comisión se publicó el 29 de noviembre del 2011, 9 días después de que el conservador Partido Popular ganara las elecciones. Esto supuso en la práctica que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica quedara en el limbo durante casi 10 años y que las recomendaciones sobre el Valle acabaran en un cajón.
El Partido Popular siempre ha sido reticente a la hora de condenar el franquismo con la excusa de que el país necesita mirar hacia adelante y de que lidiar con estos temas supondría reabrir viejas heridas.
No fue hasta el 2017, cuando el partido socialista presentó una proposición no de ley para la exhumación del cuerpo, que la propuesta encontró una amplia mayoría en el Congreso y el tema volvió a ver la luz.
Tras la moción de censura que acabó con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el presidente socialista Pedro Sánchez anunció que la intención del gobierno era reanudar los trabajos para exhumar el cuerpo de Franco en cumplimiento de la ley y buscando cerrar “simbólicamente el círculo democrático”.
A pesar de la oposición férrea de la familia del dictador y de la comunidad benedictina del Valle, el Tribunal Supremo español aprobó finalmente la exhumación el pasado 24 de septiembre de 2019.
Con unas elecciones generales en ciernes el próximo 10 de noviembre, el Partido Socialista ha sido acusado de utilizar la exhumación como herramienta de propaganda. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, sostuvo que se trataba de una estrategia de Sánchez para desviar la atención por su fracaso en la gestión de la crisis catalana.
Sin embargo, a los españoles no parece preocuparles en exceso, con un 42% de personas que aprueban la exhumación de Franco del Valle contra un 34% que no.
Finalmente, 44 años después, Franco ha sido despojado del honor que supone estar enterrado en un mausoleo a cuenta de un estado democrático y construido con la sangre de los represaliados durante el franquismo.
El fantasma de Franco ha perseguido a España por décadas. Ahora le toca a la sociedad española descansar en paz. Solo cabe esperar que este acto simbólico sea el comienzo de un proceso de resignificación histórica que a día de hoy aún sigue pendiente en España.