La euroorden que espera Puigdemont y retuerce a Ciudadanos

“Quieren colgarme el muerto del terrorismo para avalar la tercera euroorden”. Con estas palabras el expresident catalán Carles Puigdemont, hacía referencia a uno de los procedimientos judiciales que, en los últimos días, más controversia está generando.

La famosa orden europea de detención (OED) es un mecanismo transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, emitida por autoridades judiciales de cualquier Estado Miembro y válida por tanto en todo el territorio de la UE. Este instrumento entró en vigor en 2004 para acabar con los interminables procesos de extradición tradicionales, de manera que se agilizara la entrega de los presuntos criminales y se eliminara la intervención de los Gobiernos, dejando así estas cuestiones en manos de los jueces.

En España es bien conocida. Hace prácticamente un año, el 3 de noviembre de 2017, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, lanzaba la primera de dos (hasta la fecha) contra los políticos independentistas huidos, entre los cuales figuraban Puigdemont y los consellers Comín, Serret y Puig.

Tras ser retirada, reactivada y suspendida por defectos de forma con el juez del Tribunal Supremo ,Pablo Llarena, ya al frente de esta causa, finalmente el magistrado rechazó la entrega del expresident solo por malversación, tal y como ofrecía entonces la Justicia alemana. Llarena denunció en el auto la “falta de compromiso” por parte de sus homólogos alemanes indicando que “habían anticipado un enjuiciamiento para el cual no tenían cobertura normativa”.

“El papel de la Justicia alemana debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española estaban contemplados en la legislación penal de Alemania”, apuntaba.

Desde entonces, el expresident sigue en Waterloo, convencido de que la OED se reactivará más pronto que tarde.

Con motivo del segundo aniversario del 1-O,Puigdemont aprovechaba para lanzar unas declaraciones en las que alegaba que su presunta vinculación con los CDR detenidos era una mera estrategia del Estado para avalar una tercera euroorden, esta vez vinculada al terrorismo –uno de los supuestos que encajaría en los 32 tipos delictivos para poder ejecutarla–.

Su abogado, Gonzalo Boye, aseguraba por su parte que no tenían dudas de que esta llegará tras la sentencia del “procés” y que en definitiva, “la están esperando”. “No me puedo imaginar que un magistrado del Supremo como el juez Marchena no curse una euroorden con una sentencia como la que habrá”, afirmaba, eso sí, convencido de que poseen recursos para afrontarla satisfactoriamente.

“La próxima que emitan las autoridades españolas en contra del president Puigdemont y el resto de consellers en el exilio será la madre de todas las batallas jurídicas y tenemos razones para mostrarnos optimistas”, añadía.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bélgica por desatender una euroorden de España

El caso catalán no es el único. Otra de las cuestiones que ha traído hasta las instituciones el debate sobre el asunto, y una hipotética reforma de la medida europea, ha sido una resolución del Tribunal de Estrasburgo mediante la cual se condena a Bélgica a indemnizar a la familia del coronel Ramón Romeo, víctima de ETA en el año 1981, por no haber analizado lo suficiente la orden de detención emitida por España contra la etarra Natividad Jáuregui, cuya extradición había sido rechazada por Bruselas en varias ocasiones.

Los solicitantes reclamaban que su derecho a una investigación efectiva había sido violado y la justicia dictaminó a su favor, haciendo a Bélgica responsable y obligándola a indemnizar a la familia por los “costes y gastos” ocasionados.

Los tribunales del país alegaron entonces que la extradición en este caso podría haber supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de Jaúregui. En concreto apuntaron hacia la posibilidad de que hubiera sufrido “un trato inhumano y degradante” y señalaron que su “modo de vida hasta la fecha era activo y normal en la ciudad de Gante”, motivos legítimos para denegar la euroorden.

A pesar de considerar dichos argumentos, el TEDH finalmente concluyó que las autoridades belgas “no trataron de identificar un riesgo real e individual de violación de los derechos o de cualquier deficiencia estructural con respecto a las condiciones de detención en España”.

Ciudadanos reclama una reforma profunda

Estos dos cuestiones traen de cabeza al grupo parlamentario de Ciudadanos. “La euroorden es un fracaso europeo. Un fracaso colectivo. Un cachondeo”, afirmaba Albert Rivera recientemente en el Congreso de los Diputados.

La formación naranja lleva tiempo poniendo el asunto en el foco de sus intereses nacionales e internacionales, hasta el punto de condicionar su apoyo a la candidatura del próximo aspirante a comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en caso de que no revise el procedimiento. “Le hemos hecho saber que el grupo se opondrá a su nombramiento si no se compromete públicamente a tocar la reforma de la orden europea de detención”, advertía el líder de Cs en Bruselas Luis Garicano.

Su colega de partido, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, también alertó a la hasta ahora comisaria de Justicia europea responsable en la materia, Vera Jourova, del riesgo de impunidad por la mala aplicación del sistema. En concreto, hacía referencia a la “incorrecta aplicación” de la euroorden en los casos anteriormente mencionados: “Casos tan graves como los del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de la etarra Natividad Jáuregui, reclamados por las autoridades judiciales españolas pero que Alemania y Bélgica rechazaron extraditar”-,recalcaba.

¿Pero qué dice Europa?

Lo cierto es que los pronunciamientos de los líderes europeos no manifiestan una clara intención de que la revisión de la medida esté entre las prioridades urgentes de la Unión, aunque se han mostrado receptivos a contemplar la posibilidad de cara al futuro.

Jourova no tardó en responder a Pagazaurtundúa asegurando que tras llevar a cabo una evaluación detallada sobre la implementación de la misma por parte de los distintos países, estas “funcionan correctamente de manera general”. Sin embargo, puntualizaba que no descartarían estudiar sanciones en caso de detectar fallos graves en países donde no era “del todo satisfactoria”, aunque sin dar detalles concretos.

Por su parte, el futuro comisario sí ha abierto las puertas a esta reconsideración, comprometiéndose a “tener en cuenta seriamente” la posibilidad de revisar las reglas de la medida.

Durante su audiencia para ganarse la confianza de la Eurocámara, Reynders afirmó: “Seguiré vigilando la aplicación y trabajaré estrechamente con ustedes y con los Estados miembro para seguir mejorándola. Tendremos que analizar con atención lo que habrá que rehacer tras la completa evaluación que se está realizando”.

De lo que no cabe duda es de que la sentencia del “procés” será clave de cara a una posible reformulación del polémico procedimiento judicial.