La Eurocámara pone fin al secretismo de las multinacionales y les obliga a presentar sus beneficios e impuestos
La directiva aprobada tiene efecto en los 27 Estados y las jurisdicciones que forman parte de la lista europea de paraísos fiscales.
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la normativa que exige una mayor transparencia a las multinacionales, a las que obligará a publicar sus beneficios y cuántos impuestos pagan en cada país del bloque y en aquellas jurisdicciones que forman parte de la lista europea de paraísos fiscales.
La directiva, pactada por los Veintisiete y el Parlamento Europeo el pasado 1 de junio, entrará en vigor 20 días después de ser publicada en el Diario Oficial de la UE y los gobiernos tendrán 18 meses para trasladarla su legislación nacional.
“La UE debe acabar con el secretismo en torno a cómo y dónde hacen negocio las grandes multinacionales y cuántos impuestos pagan. Los ciudadanos, inversores, sindicatos, investigadores y periodistas tienen derecho a conocer esta información y las empresas deben demostrar que actúan de manera responsable”, ha indicado el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco, ponente del informe respaldado por la Eurocámara.
García del Blanco ha señalado que los eurodiputados esperaban “hace largo tiempo” la adopción de esta iniciativa, bloqueada desde hace años por el debate que existe sobre su naturaleza legal. Los países europeos que se oponen defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales.
En la votación que tuvo lugar entre los países, Suecia y Chipre votaron en contra, mientras que Luxemburgo, República Checa, Croacia, Irlanda y Malta se abstuvieron. El resto defiende que, al ser una medida sobre competitividad, es posible sacarla adelante con una mayoría cualificada.
Aunque por ahora se ha impuesto la opinión del segundo grupo, no se puede descartar que las capitales que rechazan la medida planteen en el futuro una pregunta a la Justicia europea para defender la tesis de que debe salir adelante con el voto unánime de los Veintisiete.
El origen de la propuesta legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá o los acuerdos fiscales que países como Luxemburgo o Países Bajos pactaban con grandes firmas.
El acuerdo, en todo caso, incluye una cláusula de revisión según la cual se podrá modificar dentro de cuatro años tanto el umbral de ingresos (los 750 millones de euros en ingresos) como el ámbito geográfico en el que se aplican la exigencias de transparencia. El Parlamento Europeo confía en que sirva para endurecer las disposiciones pactadas este martes.
