La Eurocámara demanda a la Comisión Europea para forzar la suspensión de fondos a Hungría y Polonia

Los servicios legales del Parlamento europeo han presentado este viernes la demanda formal contra la Comisión Europea por inacción ante las violaciones del Estado de derecho en Hungría y Polonia y por no haber activado ya la condicionalidad que permitiría congelar el desembolso de fondos europeos a estos dos países mientras persista la deriva antidemocrática.

“Esperamos de la Comisión Europea que actúe de manera coherente y esté a la altura de lo dicho por su presidenta, Ursula von der Leyen, durante el último debate en el pleno sobre este asunto. Hay que pasar de las palabras a los hechos”, ha pedido el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

Sassoli ya adelantó el pasado día 20 que encargaba al equipo legal de la institución preparar la demanda para actuar contra Bruselas si en un breve plazo no activaba el mecanismo de condicionalidad, tal y como antes había pedido la comisión de Asuntos Jurídicos con la adopción de una recomendación.

La institución dio de plazo a la Comisión para reaccionar hasta el 2 de noviembre, pero finalmente ha presentado la demanda este viernes porque es el último día hábil antes de que expire el plazo el próximo martes.

La UE cuenta con un nuevo reglamento que permite a Bruselas suspender el pago de fondos comunitarios ―también los previstos en el plan de recuperación― a países que han violado los principios del Estado de Derecho para proteger los intereses financieros del bloque.

Esta normativa ―vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero― fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.

Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero avisaron de que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo pero sobre el que la Justicia europea no se ha pronunciado aún.

A cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún procedimiento hasta conocer el veredicto del Tribunal con sede en Luxemburgo. Ahora, Bruselas lleva semanas diciendo que dará el primer paso en breve plazo a la luz de la deriva antidemocrática de Varsovia y Budapest, aunque no se llega a materializar.

Desde la Eurocámara ven con decepción los tiempos que maneja la Comisión Europea y lamentan su inacción pese a tener los poderes y herramientas para actuar.