La electricidad de España: un producto en manos de cuatro estados extranjeros

Las distribuidoras de electricidad que cuentan con más de 100.000 clientes ganarán el próximo año en España alrededor de cinco mil millones de euros, según indica la resolución de valores para los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2023 publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En este informe se hace referencia a la cantidad que percibirán el año que viene a las distribuidoras que operan en el territorio nacional. Según los cálculos del organismo, la cantidad aprobada asciende hasta los 5.388 millones de euros. 

Del total, al menos 4.983 millones se repartirán solo entre cuatro de las 350 compañías con actividad en España: E-distribución (del Grupo Endesa), i-DE (del Grupo Iberdrola), UFD (del Grupo Naturgy) y EDP (por E-Redes y Viesgo Distribución). De esta manera, las que sirven a menos de 100.000 clientes se embolsarán los 400 millones restantes.

Cabe recordar que en el caso de la comercializadora de electricidad, sí se puede elegir y cambiar a otra cuando se desee, teniendo siempre en cuenta el compromiso de permanencia firmado. Las tarifas en su caso son las acordadas con la comercializadora, que a su vez paga una parte a la distribuidora por las tarifas de acceso. 

Sin embargo, los ciudadanos no pueden elegir la distribuidora. El país está repartido y en función de la zona donde se ubique la residencia se tiene asignada una u otra entidad. Por esta razón, el Gobierno se encarga de fijar cuánto debe cobrar la distribuidora por llevar la energía a cada hogar. Ese importe, conocido como tarifa de acceso, es un componente incluido en la tarifa que se paga por la luz. 

Cuatro dueños extranjeros

Teniendo en cuenta el poder de las distribuidoras eléctricas, su rentabilidad sobre la economía de un país como España y la importancia de su actividad en lo que respecta a la calidad de vida de los ciudadanos, es aún más relevante destacar que ninguna de las cuatro compañías que forman parte del oligopolio energético tiene un dueño español.

Ni más ni menos que cuatro son los estados que manejan las redes de la electricidad de España. En el caso de EDP, la principal accionista de la entidad es China Three Gorges, una sociedad eléctrica estatal China que, entre otras cosas, fue responsable de la construcción de la central hidroeléctrica más grande del mundo.

En lo que respecta a Endesa, actualmente es propiedad en un 70% de la empresa eléctrica italiana Enel, cuyo principal accionista es a su vez el Ministerio de Economía italiano. El resto de acciones del grupo se encuentran en manos de inversores y accionistas privados. 

Por otra parte, quien mueve los hilos del gigante Naturgy es Sonatrach una empresa del estado de Argelia. En este sentido, es destacable el hecho de que, aunque el vínculo que Naturgy y la entidad argelina data de los años 60 -cuando firmaron su primer contrato- a finales de este mismo año se rubricó un importante acuerdo para blindar el suministro de gas a España, en plena crisis energética. 

Esta unión es de vital importancia debido a que los contratos actuales son de hace más de 20 años, pero seguirán vigentes hasta 2030 y afectan a Medgaz, el gaseoducto que une directamente Argelia con España. 

Por último, en Iberdrola el principal accionista es Qatar Investment Authority, el fondo soberano de riqueza de Qatar. En 2011 este compró el 6,1% de la compañía y a principios de 2020, incrementó su participación hasta el 8,69% en la eléctrica, posicionándose como su mayor accionista. 

El fondo estadounidense BlackRock también cuenta con un lugar de peso tanto en Iberdrola como en EDP, como primer y segundo accionista más importante respectivamente. Lo mismo sucede con el banco público noruego Norges Bank. En su caso solo como referente en la primera de las eléctricas.