La dimensión histórica del Ingreso Mínimo Vital

La importancia política y social que tiene para España la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es indiscutible, y seguramente se irá apreciando en toda su dimensión conforme pase el tiempo y tengamos la perspectiva necesaria. Más allá del análisis de sus detalles, hay al menos tres cuestiones cruciales que ya podemos destacar.

La primera es que esta medida supone un cambio histórico: desde este mes de junio tenemos reconocido formalmente en España un nuevo derecho social. El Estado garantiza en todo el territorio nacional un suelo de ingresos a todos los hogares, una “red de seguridad” que estará siempre disponible para cualquier ciudadano o ciudadana que no disponga de ese mínimo de ingresos.

Se trata de una reivindicación demandada desde hace tiempo por muchas organizaciones sociales y por numerosos expertos, que estaba incluida en el acuerdo de gobierno de la Coalición Progresista. En todo caso, el consenso social que se ha concitado finalmente en torno a esta propuesta, y su aprobación sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados, la han convertido en una victoria del conjunto de la sociedad. La importancia política de este hecho es incuestionable: el IMV sale de la disputa partidista y se constituye como un derecho irreversible que ya solo cabe ir mejorando en su concreción.

Desde el punto de vista de la protección social, y en relación con la lucha para erradicar la pobreza extrema, se trata de un avance innegable. A partir de ahora, la población española estará protegida como nunca lo había estado frente a situaciones de pérdida repentina de sus ingresos –como las que se están produciendo a consecuencia de la crisis sanitaria– o frente a problemas estructurales de exclusión social.

En segundo lugar, el IMV viene a paliar uno de los problemas más conocidos de nuestro sistema de protección social: la excesiva dependencia de las contribuciones previas a la Seguridad Social de aquellas personas a las que precisamente se quiere proteger. Las prestaciones “contributivas” (pensiones, o seguro de desempleo) ayudan fundamentalmente a quienes tienen una posición relativamente estable en el mercado de trabajo. Sin embargo, apenas alcanzan a cubrir a quienes no pueden integrarse laboralmente o a quienes lo hacen de forma precaria. Como consecuencia, el gasto social acaba concentrándose en los hogares de ingresos medios, y no llega a los de bajos ingresos.

No en vano, los datos nos muestran que en España solamente un 10% de las transferencias sociales llega al 20% más pobre de la población. Por el contrario, el IMV es una prestación no contributiva, y tanto el derecho a percibirla como su importe dependen únicamente de los ingresos actuales que tenga cada hogar, por lo que se focaliza completamente en quien más lo necesita. Como además se financia con los ingresos fiscales provenientes del conjunto de la población, se convierte en la medida de política social más redistributiva de cuantas existen en España.

De esta forma, el IMV va a contribuir a hacer de España una sociedad más justa, donde la renta esté mejor distribuida y el número de personas en riesgo de exclusión se reduzca. Existe una sólida evidencia científica de que las ayudas familiares enfocadas en hogares de bajos ingresos son muy eficaces para reducir la pobreza, especialmente la infantil.

Pero esta medida también contribuirá a reducir la desigualdad futura, ya que va a permitir que una gran cantidad de niños y niñas crezcan en hogares con unos ingresos mínimos garantizados, una cuestión clave para su desarrollo y para su educación. El IMV es, por tanto, una inversión social que construye la igualdad de oportunidades para todos y todas.

La tercera cuestión que queremos destacar es que su rápida implementación por parte del Gobierno, adelantando en muchos meses el calendario previsto para su puesta en marcha, ha permitido combinar dos necesidades. Por un lado, su carácter permanente permite abordar el problema estructural de desigualdad y pobreza que tiene nuestra sociedad, agravado como consecuencia de los recortes que se aplicaron durante la última década. Por otro lado, su puesta en marcha de manera urgente asegura una herramienta fundamental para abordar la crisis del COVID-19.

En esta crisis, a diferencia de lo que sucedió con la anterior, no sólo no hemos asistido a recortes en el Estado de bienestar sino que hemos alumbrado un nuevo derecho social, completando el escudo social desplegado por el Gobierno durante estos meses. Esta iniciativa tendrá un efecto positivo sobre la demanda y la economía, porque al asegurarse los ingresos de muchas familias se estimulará el consumo de productos básicos y el comercio de proximidad.

Terminamos con una constatación. No sólo importa el diseño de una determinada política económica, sino también la ‘economía política’ que empuja su implementación. La aprobación del IMV revela la importancia que tiene en política la determinación de algunos dirigentes para sacar adelante los proyectos que realmente cambian la vida de las personas, en el momento en que más se necesita. Las propuestas para establecer un sistema nacional de renta garantizada no son nuevas, existen ya algunos precedentes similares y los requisitos técnicos que debía cumplir su regulación son conocidos desde hace tiempo. Lo que hacía falta era creer que sí se puede, y estar dispuesto a pelearlo desde el Gobierno.