La complicada aventura de aprobar los presupuestos con un Gobierno en minoría
El Gobierno necesita aprobar unas nuevas cuentas públicas, claves para la recuperación de la economía, pero tendrá que hacer equilibrismos.
Lunes 14 de enero de 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregaba con una sonrisa el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 a la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián. Solo ha pasado un año y siete meses, aunque parezca una eternidad.
Aquellas cuentas públicas no salieron adelante. Desde ese momento España ha vivido un auténtico terremoto: ha celebrado dos elecciones generales, ha vivido una legislatura fallida, ha tenido un Gobierno en solitario y otro en coalición, ha atravesado una de las peores pandemias de la historia, ha confinado a la población mediante un estado de alarma, ha sufrido un hundimiento de la economía sin precedentes y ha visto al rey emérito Juan Carlos I abandonar el país.
A pesar de toda esta vorágine política, hay algo que ha perdurado todo este tiempo, pasara lo que pasara: los Presupuestos Generales del Estado para 2018, elaborados por Cristóbal Montoro, aprobados justo antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy y prorrogados en dos ocasiones.
Queda muy poco para que, a finales de septiembre o principios de octubre, la imagen se repita. La ministra Montero volverá a recorrer los pasillos del Congreso con una sonrisa y el famoso libro amarillo para entregar un nuevo proyecto de cuentas públicas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El futuro de este proyecto presupuestario —todavía en proceso de diseño— resulta una auténtica incógnita, debido a la debilidad que tiene un Gobierno en minoría. Sin embargo, su aprobación resulta vital en un momento de crisis. Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha empecinado en recordar que está en juego la recuperación de la economía española, no sólo la supervivencia de la legislatura y de la coalición.
Sánchez se ha comprometido a hablar con todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. “Aquí no hay límite de aforo. Todos los partidos que quieran venir, serán bienvenidos”, aseguró en el balance anual antes de las vacaciones.
La mayoría de los guiños se han dirigido hasta ahora a Ciudadanos. “Los socialistas trabajaremos para alcanzar esa unidad con todas las fuerzas políticas dispuestas a arrimar el hombro para aprobar los presupuestos de la recuperación”, escribió Sánchez en una carta enviada a los militantes del PSOE la semana pasada.
Los socialistas consideran más factible en este momento lograr el voto a favor de la formación de Inés Arrimadas que el de ERC, socio en la investidura, cuyos líderes se muestran cada vez más reticentes a sentarse a negociar ante la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña.
A pesar de la imperiosa necesidad de apoyos para sacar adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo todavía no ha sentado a negociar con el resto de partidos. “Estas dos semanas de agosto el Gobierno está a medio gas, un poco de guardia. Todavía no se está negociando nada, hasta la vuelta del verano”, apuntan desde Hacienda.
La vuelta al cole de los ministros se producirá el martes 25 de agosto, cuando está previsto que se celebre una reunión del Consejo de Ministros. Aunque tampoco hay todavía un orden del día establecido para ese día, señalan. Una vez llegue septiembre, se pondrá en marcha toda la maquinaria para la elaboración de las cuentas y comenzará el diálogo con otras fuerzas.
Además, el Congreso tiene que elaborar el calendario de sesiones para el próximo periodo, que incluye no solo el debate presupuestario, sino también otras cuestiones importantes como la moción de censura de Vox, la convalidación del decreto sobre el superávit de los Ayuntamientos y la aprobación de la nueva senda del déficit.
Un acercamiento a Cs que muestra las costuras de la coalición
El acercamiento en los últimos meses entre socialistas y liberales resulta evidente. Tras el desplome electoral y la salida de Albert Rivera, Ciudadanos viró de estrategia en plena pandemia y apoyó varias prórrogas del estado de alarma. Se olvidó así del portazo a los pactos con el PSOE dado en febrero de 2019, antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Por su lado, ministros socialistas han recibido a delegaciones de Ciudadanos en el Palacio de La Moncloa en dos ocasiones. Se olvidaron así del famoso grito “Con Rivera, no” que pronunciaron los militantes del PSOE a las puertas de Ferraz en la noche electoral del 28 de abril.
Este acercamiento entre PSOE y Ciudadanos genera recelos en Unidas Podemos, la formación minoritaria en el Gobierno, que ha mostrado su malestar en público al preferir una alianza con los socios de la investidura.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó a la formación naranja de haber vetado a los ministros morados. La respuesta más contundente vino de una compañera de gabinete, la vicepresidenta primera Carmen Calvo. “Cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado”, sentenció.
Estas declaraciones en público de los líderes de Podemos no dejan de ser un aviso a navegantes del descontento existente con Sánchez entre los socios de la investidura, que ven cómo los ministros socialistas cuidan a Ciudadanos mientras se olvidan de los apoyos originales. Partidos como ERC y PNV han exigido al Ejecutivo que cumpla los acuerdos ya alcanzados antes de sentarse a negociar.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos incluye a los diputados de Izquierda Unida y los de las confluencias catalana En Comú Podem y gallega En Común. Estos no tienen disciplina de voto, es decir, podrían votar diferente a los parlamentarios morados.
Precisamente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lideresa de los comunes, ya ha marcado distancias respecto al Gobierno en materias como la monarquía o el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP.
Un alejamiento de ERC ante las elecciones
Uno de los partidos más molestos con el acercamiento a Ciudadanos es ERC, que ha vivido un progresivo alejamiento del PSOE. El verano no ha servido precisamente para calmar los ánimos con acontecimientos como la decisión del rey emérito de abandonar el país.
Los republicanos ven complicado sentarse a negociar unos presupuestos con el Gobierno en estos momentos. La Fiscalía —dirigida por la exministra socialista Dolores Delgado— solicitó al Tribunal Supremo la suspensión del tercer grado a todos los presos del procés, una petición que fue atendida por la justicia.
Tampoco parece que los compromisos previos se estén cumpliendo. La mesa de diálogo pactada entre ambos partidos para hablar sobre el conflicto en Cataluña no se ha reunido en julio, como pedían los republicanos, y no parece que se vaya a reunir en breve.
Además, ERC tiene la presión de Junts per Catalunya —el partido liderado por Carles Puigdemont— con el que comparte una parte del electorado. El president de la Generalitat, Quim Torra, se comprometió a convocar elecciones al Parlament cuando se aprobasen los presupuestos regionales, aunque todavía no se ha puesto fecha a los comicios.
Tanto los socialistas como los republicanos coinciden en que, hasta que no se celebren las elecciones catalanas, una negociación presupuestaria entre ambos partidos resulta difícil de imaginar.
El dinero procedente de Europa
El proyecto presupuestario se basará en el acuerdo de coalición firmado por el PSOE y Unidas Podemos, aunque resulta evidente que la pandemia del coronavirus implica ciertos cambios.
Una de las novedades es que la Unión Europea aprobó un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para la lucha contra las consecuencias de la crisis sanitaria. Gracias a ese fondo, España podrá gastar más de 72.000 millones durante los próximos años en ayudas directas.
El Gobierno señala que la aprobación de los nuevos presupuestos es una condición necesaria para poder acceder a estos fondos europeos. “Si los fondos europeos no se pueden implementar en los Presupuestos, no hay ningún otro vehículo para gastarlos”, aseguró la ministra Montero.
Otro de los cambios respecto al proyecto presupuestario de 2019 es la reforma del sistema fiscal, que implica algunas subidas de impuestos como un tipo fijo para las grandes empresas en sociedades o nuevos tramos en el IRPF a las rentas más altas.
Esta subida de impuestos no se llevará a cabo en los presupuestos de 2021 debido a las turbulencias por lan covid-19 y queda aparcada hasta que se recupere la economía española. Este aplazamiento supone otro guiño hacia la derecha, que pone los impuestos como una línea roja para negociar.
“Cuando se consolide la recuperación económica, cuando tengamos unos niveles de PIB semejantes a los de antes de la pandemia, tendremos que hacer esa reforma estructural”, afirmó el presidente.
El complicado papel del PP
El hecho de que España haya atravesado una de las peores pandemias de la historia y se encuentre en medio de una de las crisis económicas más graves puede llevar a que el PP adopte un papel diferente al voto en contra. La formación que preside Pablo Casado no cierra las puertas a negociar con el Gobierno de Sánchez.
Los conservadores descartan en todo caso apoyar unas cuentas públicas que incluyan subidas de impuestos. “No vamos a aceptar un presupuesto con subidas fiscales. Creemos que antes hay que reducir el peso de la administración, incluso el peso del Gobierno. Hay que seguir optimizando el gasto público, eliminando duplicidades”, señala el diputado Víctor Píriz, portavoz del PP en la comisión de presupuestos.
Por eso, los populares descartan la reforma fiscal que aparecía en el proyecto presupuestario de 2019 y en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que habría quedado aparcada hasta que la economía española recupere los niveles anteriores a la crisis.
“Ahora mismo una subida de impuestos como la que planteaba el PSOE en sociedades no tiene ningún beneficio recaudatorio en la situación actual, cuando las empresas van a dar pérdidas y la recaudación va a caer como ocurrió en la anterior crisis”, afirma Píriz.
Al no haberse presentado los presupuestos, el grupo parlamentario popular todavía no ha fijado cuál será su postura en el debate. “Nosotros estamos a la expectativa. No nos hemos planteado nada, porque todavía no han llegado los números. Si se presenta un presupuesto sin subidas fiscales y que cumpla con una senda del déficit, estaremos trabajando en la comisión de presupuestos para ver qué podemos hacer”, señala Píriz.
Si el PP optara finalmente por abstenerse podría venderlo ante su electorado como una postura responsable en un momento de dificultad para España. Sin embargo, la presión de la ultraderecha de Vox —con la moción de censura en septiembre— puede complicar cualquier decisión que tomen en Génova.
La calculadora echa humo
El trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado es muy largo y tedioso. No existe una única votación que apruebe o tumbe el proyecto, sino que debe superar varias votaciones como si fuera una carrera de obstáculos. Si se falla solo en una de ellas, las cuentas públicas no salen adelante.
El primer examen al que se someten es el debate de totalidad. El Gobierno necesita una mayoría simple —más síes que noes— para superar las enmiendas a la totalidad y no revivir la amarga experiencia vivida hace un año.
Esa será la prueba de fuego de las cuentas públicas. Todas las enmiendas a la totalidad se votan a la vez en una misma votación, ya que todas ellas buscan la devolución del proyecto al Gobierno.
Sánchez ya conoce lo que es sufrir una derrota en esa primera batalla. En febrero de 2019, el Congreso tumbó los presupuestos de 2019 con 191 votos a favor de las enmiendas, 158 votos en contra y 1 abstención.
Ese nefasto resultado provocó el adelanto electoral. Solo había ocurrido otra vez en la democracia con los últimos presupuestos elaborados por el Gobierno de Felipe González. La ministra Montero ha dejado caer que esta vez no llevará las cuentas al Congreso sin tener antes amarrados más apoyos.
El propio presidente del Gobierno recordó en el balance anual antes de las vacaciones que los partidos que forman la coalición del Gobierno tienen únicamente 155 escaños. Es decir, le faltarían 21 votos para alcanzar la mayoría absoluta que aseguraría un trámite parlamentario rápido y sin sorpresas.
Si el Ejecutivo amarrase el apoyo de Ciudadanos (10), el PNV (6) y algunos socios más pequeños como Más País, Compromís, BNG, PRC y Nueva Canarias, lograría superar las enmiendas a la totalidad sin necesitar el apoyo o la abstención de formaciones como ERC, EH Bildu e, incluso, del PP.
Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto pasa a la Comisión de Presupuestos del Congreso que debe estudiar el texto y las enmiendas presentadas por los diferentes grupos.
Posteriormente, el pleno del Congreso debate una por una cada una de las secciones del proyecto presupuestario. Habitualmente hay una sección por cada cartera ministerial, cuyo titular tiene que salir a presentarla y defenderla.
Si el pleno del Congreso rechazara una de las secciones del proyecto, los presupuestos no salen adelante y se devuelven al Gobierno. Si, en cambio, todas las secciones obtienen luz verde, el proyecto se remitiría al Senado. Si allí también logran el visto bueno, habría concluido el reinado de los presupuestos de Montoro.
