La cara y la cruz
Nuestra organización de trasplantes es la cara de nuestro sistema sanitario, la cruz es claramente la salud mental. Mientras que en trasplantes somos país líder desde hace más de veinte años, en salud mental estamos a la cola de los países de la Unión Europea: contamos con escaso presupuesto y la mitad de camas de hospital para atención psiquiátrica que la media europea. Mientras la media en Europa son 72 camas por cada 100.000 habitantes, en España esta cifra se reduce a 36. En la Unión Europea cuentan con una media de 18 psicólogas y psicólogos, y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes; mientras en España tenemos cuatro psicólogas y psicólogos, y seis psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Con la Ley General de Sanidad del año 1986 llegó la esperada reforma psiquiátrica. Todo estaba en el papel, se prometía una atención integral desarrollada en el ámbito comunitario, con recursos para rehabilitación y reinserción social para las personas afectadas. También se anunció el cierre de los "manicomios". Muchos y muchas fueron las que en aquel momento levantaron la voz para que, como alternativa a estos centros que se cerraban, se crearan recursos alternativos: los llamados "centros sociosanitarios".
Pero estos recursos fueron claramente insuficientes, centrando toda la atención en la familia. Si bien es cierto que desde entonces se han sucedidos numerosos planes y estrategias de Salud Mental a nivel estatal y autonómico, pocas han llevado una memoria económica asociada, lo que se ha visto traducido en que estos planes quedasen simplemente en una declaración de intenciones que finaliza en el estante de la librería.
La realidad actual en materia de Salud Mental en nuestro país está protagonizada por la escasez de camas en unidades de agudos, por los insuficientes hospitales de día y ausencias importantes de recursos de rehabilitación y reinserción social, por la falta de Unidades de Salud Mental donde los profesionales cuenten con tiempo insuficiente, por las listas de espera excesivas y por las revisiones en tiempos prolongados por falta de recursos. Estos factores han desembocado en una atención a los y las pacientes no precisamente integral. Más bien todo lo contrario, una atención a pacientes con abordaje casi exclusivamente farmacológico que ha colocado a España entre uno de los principales países en consumo de psicofármacos. Según la AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el consumo de antidepresivos en nuestro país se ha triplicado en los últimos 10 años.
También es cierto que el aumento de las patologías en Salud Mental guarda relación con los problemas que está sufriendo la población: precariedad laboral, pérdida de vivienda, falta de recursos para cuidados esenciales en personas dependientes, etc. Todas estas cuestiones afectan inevitablemente y provocan patologías reactivas a estas situaciones. Para abordar los problemas actuales de Salud Mental en nuestro país es imprescindible un enfoque multisectorial, una atención integral y una coordinación con otros sectores públicos clave como educación, empleo, vivienda, social, justicia, etc.
Nuestro grupo político es consciente de la situación que padecen miles de personas y sus familiares, y por ello debemos trabajar para cambiar esta realidad. Para ello necesitamos un marco jurídico: una nueva Ley de Salud Mental. Asimismo, es necesario e imprescindible contar con los colectivos en primera persona, porque son los garantes de que no se vulneren los derechos humanos y, porque solo así, conseguiremos que la Ley de Salud Mental que presentaremos a lo largo de este 2018 responda a sus demandas e incorpore sus propuestas.
Nos ponemos manos a la obra
