La batalla soterrada por los símbolos
Partidarios y detractores de la independencia mantienen desde hace meses un enfrentamiento por los signos independentistas en la calle.
Unos los ponen, otros los quitan. Y, de trasfondo, la división que hierve en la sociedad catalana. La batalla entre partidarios y detractores de la independencia por colocar símbolos en la calle se libra a diario desde el pasado octubre. Los independentistas salen a colocar lazos amarillos por la calle y la siguiente noche sus adversarios quedan para retirarlos. Lo que parecía un simple juego del gato y el ratón, sin embargo, genera cada vez escenas más tensas que evidencian una brecha significativa entre muchos catalanes.
Las imágenes del domingo y del lunes, en las que se ve a ciudadanos discutiendo y forcejeando por retirar cruces amarillas de varias playas catalanas, muestran la deriva que está tomando la pelea por los símbolos independentistas en los espacios públicos. El ambiente está cada vez más crispado y las declaraciones políticas de ambos lados no contribuyen a rebajar la tensión.
El enfrentamiento más destacado ocurrió en Canet de Mar el lunes, día festivo en Barcelona. Unos 20 encapuchados aparecieron para retirar las cruces que la noche anterior habían situado en la playa los activistas de los CDR. Varios vecinos -entre ellos un concejal de la CUP- trataron de evitarlo. Hubo forcejeos, empujones y, según ambas partes, agresiones.
Los independentistas hablan de tres heridos y el Ayuntamiento está estudiando presentar una denuncia. Los encapuchados, miembros de un grupo llamado Segadors del Maresme, aseguran que cuatro de los suyos fueron agredidos y también sopesan acciones legales.
"Ya hace tiempo que sufrimos las agresiones de este grupo de extrema derecha", sostiene la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC). "Vinieron con una actitud violenta, buscando confrontación". Según Arbell, apenas existe división entre los vecinos del pueblo. "Aquí no hay ninguna batalla campal", responde a ElHuffpost. "Mientras nos respetemos y no lleguemos a las manos, todo el mundo debería poder expresarse como quiera".
Canet de Mar es un apacible pueblo de playa de 14.000 habitantes. Situado a 50 kilómetros de Barcelona, sus habitantes se conocen entre ellos y se saludan por la calle. La vida parece discurrir sosegadamente. Los partidos independentistas obtuvieron el 60% de los votos en las últimas elecciones, pero los balcones no están plagados de banderas como en otros municipios. Muchos de sus vecinos, pese a todo, creen que desde hace meses sobrevuela una división intangible entre sus residentes.
"Aquí nos conocemos todos y sabemos quién está en un bando u otro", explica sentada en un banco Helena Escarpanter, vecina del pueblo que se declara independentista. "Ni siquiera durante el franquismo el pueblo estaba tan dividido". Esta vecina es muy crítica con los medios de Madrid y con la imagen que transmiten de Cataluña, pero a su vez condena la acción de las cruces en la playa. "Una cosa son lazos amarillos, la otra es llenar la playa de cruces", reconoce. "El espacio público es para todos y debería respetarse".
El Ayuntamiento de Arenys de Munt, situado a pocos kilómetros de Canet, anunció el lunes que sancionaría a quienes retirasen lazos amarillos de las calles del pueblo. El Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, respondió el martes enviando una carta a todos los alcaldes pidiendo que se respete la "neutralidad" de los espacios públicos.
Muchos consideran a Arenys de Munt (8.728 habitantes) la "zona cero" del procés. Fue en este municipio donde en 2009 se realizaron las primeras "consultas ciudadanas" sobre la independencia. De 13 ediles en el Ayuntamiento, 11 son independentistas. Su teniente de alcalde, Josep Sànchez (ERC), reconoce sin embargo que no se va a sancionar a nadie por retirar lazos amarillos. "Fue una declaración política de apoyo a los ciudadanos que defienden nuestra libertad", responde, "nosotros somos demócratas y debemos respetar a la gente que piensa distinto".
La alcaldesa de Canet admite que no le pidieron permiso para instalar las cruces. Añade, no obstante, que se debe contextualizar la situación en la realidad de los pueblos costeros. "La playa es muy grande", explica, "si un colegio quiere ir a representar una obra de teatro e instalar árboles de cartón tampoco exigimos permiso".
Sobre la carta de Millo, responde que el espacio público es para todos y que de la misma manera que autoriza una carpa del PP o de Sociedad Civil Catalana debe permitir los símbolos independentistas. "Si este señor tiene ganas de juerga lo está consiguiendo", añade Josep Sànchez, de Arenys de Munt. "Eliminar los símbolos independentistas no es neutralidad, es parcialidad porque significa que no se puede denunciar la situación actual".
Los segadors del Maresme
José Casado es el portavoz de Segadors del Maresme, el grupo de encapuchados que se desplazó hasta Canet el lunes. La asociación se formó cuando varios vecinos de la zona de Maresme decidieron organizarse y actuar conjuntamente contra la proliferación de símbolos independentistas. "El lunes avisamos a la policía local de que íbamos a retirar las cruces", cuenta por teléfono. "Nos dijeron que OK, pero que fuésemos con cuidado".
Casado niega que su organización sea violenta ni de extrema derecha. Afirma que su grupo lo forma "gente normal, de todo tipo" y distingue entre los que ponen símbolos y los que los quitan. "Nosotros pedimos neutralidad en el espacio público", sostiene. "No vamos poniendo banderas de España ni a Manolo Escobar, solo retiramos símbolos separatistas". Asegura, además, que el resto de sus compañeros se tapa la cara por miedo a las represalias. "Hay señalamientos y a un compañero le pintaron lazos amarillos en el coche", comenta.
Lo cierto es que a un lado y otro empiezan a registrarse ataques que van mucho más allá de colocar símbolos en la calle. Las denuncias por agresiones ya no son una excepción y tanto el portavoz de C's en el Congreso, Juan Carlos Girauta, como la diputada de ERC, Jenn Díaz, han denunciado destrozos a sus vehículos durante los últimos meses. "Esto no va a acabar bien", añade Casado. "Las autoridades deberían tomar cartas en el asunto".
Amalia Mochón y su pareja, Andrés Zúñiga, llevan en el Maresme desde 1974, cuando llegaron procedentes de Granada. Tienen un hijo nacido en Andalucía y otro en Badalona. Se sienten tan catalanes como españoles y, en ocasiones, incomprendidos en ambos lados. Cuando iban a veranear a Granada con su coche matriculado en Barcelona, les insultaban por la calle. En algunas zonas de Canet, les duele cuando alguien no accede a cambiar al castellano durante una conversación. Según su punto de vista, la culpa es exclusivamente de los políticos. "El Gobierno y la Generalitat parece que quieran que nos peleemos", concluye resignado Andrés. "Es una lástima porque aquí en Canet se vive de cojones".