La Audiencia Nacional abre una investigación por las grabaciones de Villarejo a Corinna
Corinna aseguraba en las cintas que el Rey Emérito tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto una pieza separada en el denominado 'caso Villarejo' para investigar las grabaciones de la conversación entre el comisario jubilado y la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, han informado fuentes jurídicas.
Además, ha citado a declarar para el jueves 26 de julio a José Manuel Villarejo, después de que, en el marco de la misma causa, conocida como 'Tándem', fuera detenido el comisario Enrique García Castaño junto con el inspector de la Policía Antonio Bonilla por proporcionar presuntamente documentación y datos secretos sobre personas que estaban siendo investigadas por Villarejo, en prisión desde noviembre.
El comisario jubilado ha sido citado ante el magistrado el mismo día que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá en el Congreso sobre las acusaciones lanzadas por Corinna sobre el Rey Juan Carlos y los servicios secretos en las grabaciones efectuadas por el propio Villarejo.
En dichas cintas, además de revelar que el Rey Emérito tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones, la princesa Corinna criticaba la actuación de los servicios secretos españoles hacia ella.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Villarejo será trasladado ese día desde prisión a la Audiencia Nacional para que responda acerca de García Castaño -detenido la semana pasada y puesto en libertad por el juez- y de una nueva pieza, la número 5, que De Egea ha abierto esta misma semana a partir de un oficio policial que le ha sido remitido sobre información encontrada por los agentes.
Su citación, que ha hecho el juez de oficio (sin que ninguna parte se lo haya pedido), se produce después de unas grabaciones difundidas la semana pasada según las cuales la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría desvelado que éste tiene cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.
Villarejo ingresó el 5 de noviembre de 2017 en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo y falsedad documental.
El magistrado le investiga por haber usado su condición policial para cobrar millones de euros en labores de "consultoría", que no podía compatibilizar con su cargo de comisario, para clientes que querían información sobre sus rivales o enemigos, a los que chantajeaban y sometían a campañas mediáticas que urdía también Villarejo.
Se sospecha que obtenía datos protegidos de entidades bancarias, registros policiales, la Agencia Tributaria, Tráfico y compañías telefónicas gracias a los funcionarios y policías que colaboraban con él, incluido su considerada mano derecha, el comisario García Castaño.
Este comisario, conocido como El Gordo o Blasillo, fue arrestado en su casa, pues se encontraba de baja médica tras ser cesado como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo del cuerpo en 2017 por las grabaciones que le hicieron hablando de supuestos chantajes de otros policías al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Corona, y ser destinado como comisario zonal en el sur de Madrid.
Según la investigación, Villarejo llevaba ejerciendo esas funciones de "consultoría", por las que pedía millones de euros por un trabajo, desde al menos 1993, cuando se reincorporó a la Policía Nacional de una excedencia de diez años para dedicarse a la investigación privada.
El excomisario no solo ofrecía elaborar, a partir de esa información, informes contra empresas o personas, sino que en su cartera de servicios incluía campañas de descrédito en medios de comunicación, para lo que se servía de periodistas de confianza.
La decisión del juez de citarle se produce un día después de que haya decidido archivar la pieza del caso en la que investigaba al excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Carlos Salamanca, a su mujer y a su hijo por recibir supuestos regalos y dádivas a cambio de introducir ciudadanos guineanos de forma ilegal.
Salamanca fue detenido en noviembre junto a Villarejo y puesto luego en libertad por el juez, que ahora ha sobreseído el caso contra él al entender que no hay indicios que prueben que introdujera ciudadanos guineanos de manera ilegal, tal y como afirmó otro investigado, ni que formara una organización criminal junto con Villarejo.
