Antivacunas de día, neofascistas de noche: la cruzada italiana para frenar el extremismo 2.0

Italia vive una especie de déjà vu que quiere evitar a toda costa. El pasado 9 de octubre, una manifestación no autorizada contra el pasaporte covid en Roma acabó en un asalto violento contra la sede de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato más antiguo del país, por parte de miembros del partido neofascista Forza Nuova. 

La violencia y el ensañamiento contra su objetivo fueron tales y tan evidentes, a plena luz del día, que algo hizo clic en buena parte de la sociedad italiana. Justo una semana después de aquel ataque, más de 50.000 personas salieron a las calles de Roma para protestar contra el fascismo y pedir la ilegalización de Forza Nuova. 

Días antes, los medios italianos ya hablaban de la posibilidad de que el primer ministro, Mario Draghi, decretara la disolución de la formación. Este jueves, el Parlamento dio el primer paso, votando a favor de la propuesta del Partido Democrático de Enrico Letta, que pide al Gobierno que acceda a “la disolución de Forza Nuova y de todos los movimientos políticos de clara inspiración neofascista artífices de conductas punibles”.

La votación —que salió adelante con las abstenciones de Berlusconi y Salvini— no implica la disolución de Forza Nuova, pero sí insta a Draghi a tomar cartas en el asunto. Para ilegalizar un partido, Italia puede hacerlo a través de un decreto ley o por una decisión judicial.

Tras el asalto al CGIL, la Justicia ya ordenó la entrada en prisión de la cúpula de Forza Nuova, con 12 miembros en la cárcel, y el cierre de su página web, en “secuestro preventivo” desde el pasado día 11. Pero si se trata de disolver la formación, la sentencia puede tardar meses en llegar, y muchos demócratas italianos no están dispuestos a aguardar tanto.  

Este fin de semana se esperan más disturbios, y el Gobierno italiano no oculta su preocupación. El Ministerio del Interior ha detectado la llegada de unos 20.000 manifestantes antivacunas a Trieste, en el extremo nordeste del país, donde no han dejado de sucederse las protestas contra el pase covid en los últimos días. 

Qué tienen que ver antivacunas y neofascistas

Recordemos que el detonante del debate sobre la ilegalización de Forza Nuova surge tras una manifestación antivacunas, en la que la gente estaba llamada a protestar contra la medida del Gobierno de obligar a los trabajadores a presentar el pasaporte covid. Italia tomó esta decisión —la más estricta en toda la UE— para incentivar la vacunación, con unas cifras estancadas en el 70% de la población desde hace aproximadamente un mes. En España, el 78,5% de la gente ya tiene pauta completa.  

Cuando se le pregunta a Marcelino Madrigal, analista de inteligencia, por la relación entre las formaciones de ultraderecha y los movimientos antivacunas, su respuesta es clara: “Son lo mismo”. Aunque enseguida matiza: “No me refiero a la gente que tiene miedo o no cree en las vacunas, sino a quienes mueven y crean estos movimientos negacionistas”, aclara.

Este experto en ciberseguridad y redes sociales ha analizado en varias piezas para Newtral las corrientes de negacionismo y radicalización en redes, llegando a la conclusión de que no son, en absoluto, fenómenos aislados, sino que son dos caras —la sanitaria y la ideológica— de una misma moneda.

Comparten una misión: subvertir el sistema

Los análisis de Madrigal están centrados en España, pero el caso italiano no le es ajeno. “Estos movimientos no son locales; es algo global”, advierte. El experto establece paralelismos entre el asalto al Capitolio estadounidense —alentado por los conspiranoicos de QAnon y el propio expresidente Trump—, el asalto al sindicato CGIL en Roma, con Forza Nuova a la cabeza, y, a una escala menor, la manifestación de hace unas semanas en Chueca (Madrid) en la que se iba a protestar “contra la Agenda 2030” y lo que finalmente se vio y se escuchó fueron símbolos neonazis y proclamas racistas, xenófobas, LGTBIfóbicas, negacionistas y conspiranoicas. 

Su objetivo es el mismo: la desestabilización. “A pesar de ser expresiones diferentes, tienen un objetivo común: subvertir el sistema que tenemos ahora mismo”, apunta Madrigal. La cuestión es que estas formaciones “no pueden hacer nada, no tienen ninguna cuota de poder en el sistema democrático, así que intentan aprovechar las situaciones más duras de la pandemia, o el descontento, y capitalizarlo”, abunda el experto. “Suelen mezclar verdades a medias y las convierten en bulos”, describe. Y lo que siempre, siempre, dicen es “que hay que organizarse para protegerse”.

A veces, las conexiones entre unos y otros son demasiado evidentes. De hecho, el partido ultraderechista España 2000, uno de los asistentes de honor a la marcha de Chueca, se congratula en su web de lo que ocurre estos días en Italia, y cita y glorifica sin ningún pudor al dictador Benito Mussolini. “Camaradas, el ‘Eterno Retorno’ de las viejas, buenas y grandes ideas, parece que, lejos de convertirse en piezas de museo ideológico, pues, vamos, que están de moda y, además en la ciudad matriz de nuestra civilización: Roma [sic]”, escriben.

Qué y quiénes son Forza Nuova

La carta de presentación de la formación neofascista italiana la componen su líder nacional, Roberto Fiore (62 años), y su jefe en Roma, Giuliano Castellino (45 años), ambos ahora en la cárcel. 

El currículum de Fiore incluye haber sido fugitivo en Londres, donde acabó capturado en 1982 por una orden de detención internacional, y condenado después en Italia por asociación subversiva y pertenencia a grupo armado. En 2008 fue nombrado europarlamentario en sustitución de Alessandra Mussolini, nieta del dictador, y a él se atribuye la frase “no soy Hitler y nunca he sido nazi, pero fascista sí”. (Al menos lo aclaró...)

Castellino (en la imagen de abajo) tampoco se queda atrás y, después de haber sido investigado varias veces por extorsión, en 2020 fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber agredido a dos periodistas de L’Espresso.

Forza Nuova, cuyo nombre recuerda demasiado a su homólogo español franquista Fuerza Nueva, fue fundado en Italia en 1997 por el propio Roberto Fiore, y se caracteriza por su oposición a la inmigración, la homosexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres, y por su defensa a ultranza del catolicismo.

¿Y todo esto puede casar con el movimiento antivacunas? Sí. Tanto en Italia, como en España, advierte el analista de datos Marcelino Madrigal. “Hay grupos ultracatólicos que por la mañana difunden el salmo del día y, por la tarde, te dicen que la vacuna te va a esterilizar”, señala. Estos movimientos matan dos pájaros de un tiro, por ejemplo, diciendo “que las vacunas se producen con células de fetos”, y así demonizan en el mismo pack la vacunación y el aborto, explica Madrigal. 

Cómo están las cosas en España

En España, el grueso de la extrema derecha queda ahora recogido bajo el paraguas de Vox, actualmente tercera fuerza en el Congreso. Aunque el partido aglutina “diferentes sensibilidades” dentro de sus filas, hay otras formaciones “mucho más extremas” —describe Madrigal—, como Falange Española, Democracia Nacional, Alianza Nacional y España 2000. Antes de la irrupción de Vox, estas fuerzas sumaban en todo el país unos 15.000 votos, de los que más de la mitad se registraban en la Comunidad Valenciana. 

Volviendo al contexto de la pandemia, la extrema derecha de Vox no ha podido hacer abiertamente campaña contra las vacunas en España, básicamente porque se le habría vuelto en contra. España es modelo en Europa por su éxito en la vacunación frente al covid, algo que la población ha abrazado de forma mayoritaria, y los líderes de Vox, conscientes de su difícil tesitura, han preferido en general no decir si se han vacunado o no para no disgustar a ninguno de sus votantes, entre los que hay pro y antivacunas. 

A esta ambigüedad jugaron también antes el estadounidense Donald Trump, por ejemplo, y el italiano Matteo Salvini, que finalmente sí se vacunó, lo cual levantó alguna ampolla dentro de su propio partido. 

Para algunos italianos, el líder de la Lega Norte se queda ya demasiado a la izquierda (!). Y él, por su parte, prefiere seguir coqueteando con lo ambiguo para no decepcionar a nadie más. Cuando la centroizquierda italiana propuso la inhabilitación de Forza Nuova, Salvini esgrimió que “la emergencia es el empleo, no el fascismo”, y luego acabó absteniéndose en la votación en el Congreso. 

Objetivo: ilegalización

No se sabe todavía qué ocurrirá finalmente con Forza Nuova, pero, de disolverse, no sería la primera vez que Italia ordena acabar con un partido neofascista. La primera fue en 1973, cuando ilegalizó la formación Orden Nuevo; la segunda fue tres años más tarde, cuando se inhabilitó el partido Vanguardia Nacional. Ambas disoluciones se materializaron a través de la Ley Scelba de 1952, cuyo objeto es evitar “la reorganización del disuelto partido fascista”. 

El texto legislativo indica que se considerará tal reorganización cuando “una asociación, un movimiento o un grupo de personas no inferior a cinco” persiga “objetivos antidemocráticos propios del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política o propugnando la supresión de las libertades garantizadas por la Constitución, denigrando a la democracia, sus instituciones o los valores de la Resistencia, desarrollando propaganda racista o exaltando miembros, principios, hechos y métodos propios del partido o de las características del fascismo”. 

Cómo se actúa en España y en el resto de Europa

En España, el Gobierno de José María Aznar aprobó en 2002 la Ley de Partidos para establecer las pautas democráticas que debe cumplir una formación para ser legal. La ley estaba pensada, principalmente, para la izquierda abertzale, y prohíbe “justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”.

Cuando en algún momento Vox ha cruzado alguna línea roja —la más grave, quizás, al poner en la diana a los menores migrantes no acompañados durante la campaña electoral madrileña—, algunas voces han pedido su ilegalización. Sin embargo, y como explicaba a El HuffPost el magistrado Ignacio González Vega, esto “no parece factible” a día de hoy. “Es verdad que [el mensaje de Vox] podría enmarcarse dentro del discurso de odio, pero Vox se cuida mucho de atenerse a los requisitos que exige la Constitución para la formación de partidos políticos”, señala. González Vega considera que Vox está “lo suficientemente bien organizado” como para no incurrir en amenazas evidentes. “Acata la Constitución y no emplea un recurso directo a la violencia”, afirma el juez, con lo cual sería “difícil” su ilegalización.

Si ampliamos la mirada a Europa, los requerimientos para ilegalizar un partido son similares a los que se encuentran en España. Cuesta hilar fino y atribuir a una formación en su conjunto —y no a sus individuos en actos particulares— los llamamientos al odio, los ataques a la democracia, el intento general de reventar el sistema desde dentro, usando herramientas del Estado de derecho como la política.

Hugo Marx, de Jóvenes Abogados por la Democracia, desde Bruselas, explica que “si un partido está legalizado por las normas de un estado de la Unión Europea, que tienen articulados muy parecidos entre sí, es que cumple con sus estándares legales o con su Constitución, en función de dónde se haya hecho la regulación”. 

Darle la vuelta a ese visto bueno como colectivo se convierte en una tarea “muy compleja”, porque se aplica la máxima del derecho de que “un pensamiento no delinque”. “Estos partidos son legales porque lo son sus estatutos y así han sido refrendados. Lo que tenemos en Europa, sobre todo, son casos de denuncias individuales a miembros de esos partidos bien por actos de violencia directa, como los de Italia, bien por incitación al odio, como ha ocurrido en Alemania con gente que alentó a atacar a refugiados”, durante la crisis de 2015. 

“Nunca”, insiste Marx, habrá “referencias de este tipo en un programa electoral”, porque “directamente saben que no se admitirá ni una letra, ni explícito ni implícito. Tenemos hoy una legislación garantista que funciona, y en el caso italiano lo es aún más por su relación pasada con el fascismo”, añade. 

Pero “hay un límite que una sociedad sana no puede consentir”, y es “la violencia”, recuerda Marx. “Las ideas que se tornan hechos que ya no permiten la convivencia o el respeto a los demás no pueden ser admisibles. Estamos en ese supuesto”, enfatiza este especialista en ultraderecha y populismos. 

Cuando se genere la duda sobre si hay colisión de derechos, por ejemplo, con la libertad de expresión, el experto afirma que hay que recurrir ”estrictamente a lo que nos marca el estado de derecho, para que no pueda haber críticas de partidismo”. ”Con leyes y principios claros, con compromisos nacionales fuertes para cumplir la ley, el debate se facilita”, concluye. 

En los Veintisiete, los casos más recientes que se han dado, antes del de Italia, se encuentran en Alemania, Grecia o Francia. En Berlín, el Parlamento pidió un proceso para que el Tribunal Constitucional declarase ilegal el neonazi NPD (Partido Nacionaldemócrata); fue en 2012 y acabó en nada cinco años después, porque el Alto Tribunal entendió que tienen tan pocos votos que no son un peligro para la democracia. Aun así, reconocía que sus propósitos eran “anticonstitucionales”.  

En Grecia, la diana fue Amanecer Dorado, que llegó a ser tercera fuerza nacional. En 2020 fue condenado por ser una “organización criminal”, tras la muerte del rapero Pavlos Fyssas a manos de uno de sus seguidores y militante. Más de 60 miembros de la formación fueron procesados, incluyendo a su líder, Nikolaos Michaloliakos. 

Y en Francia, en el verano de 2013, el Gobierno del socialista François Hollande inició el proceso para ilegalizar al grupo ultraderechista Juventud Nacionalista Revolucionaria. A él pertenecían los acusados de asesinar a Clément Méric, un joven antifascista. Tras varios recursos, su anulación total llegó en 2014. 

La llamada europea a la acción

Marx recuerda que el Parlamento Europeo lanzó una “reclamación clara” al respecto en 2018, cuando aprobó una resolución por la se insta a los países miembro a perseguir a quien ensalce el fascismo. Tras una negociación compleja en la que se evitó hacer una lista de posibles partidos u organizaciones ilegalizables —en el caso de España, sobre la mesa estaba la espinosa Fundación Francisco Franco, que la nueva Ley de Memoria Democrática va a poder vetar—, se pidió que se extremara la vigilancia, porque venían malos tiempos. En ellos estamos. 

El Europarlamento se mostró seriamente preocupado por la creciente normalización del fascismo, el racismo y la xenofobia en la UE y por eso dio el paso de pedir expresamente estas ilegalizaciones y de tirar de las orejas a los estados, denunciando que “la falta de una respuesta decidida contra estos grupos ha posibilitado el auge actual de la xenofobia en Europa”. 

El texto recordaba expresamente el ataque registrado en Noruega en 2011, en el que murieron 77 personas, el asesinato de la diputada británica Jo Cox en 2016 y el de un escuadrón contra la eurodiputada Eleonora Forenza, en 2018. En el caso de España, se citaban como precedentes el procesamiento por incitación al odio de miembros de Hogar Social por el ataque a una mezquita de Madrid, también en 2018, y el asalto al Centro Cultural Blanquerna de Madrid de 2013, cuando miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional reventaron un acto de la Diada catalana.

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el auge de la violencia neofascista en Europa (2018/2869(RSP)) insta en su artículo 20 a “luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional”. Dicho queda.