Israel, un plan de vacunación tan eficaz como discriminatorio

En la carrera mundial hacia la vacunación contra la COVID-19, Israel es con diferencia el país que más dosis ha administrado a su población. Según el Ministerio de Salud israelí, más de un tercio de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna Pfizer desde el 19 de diciembre. Sin embargo, el acceso diferencial a la vacuna entre israelís y palestinos es “moral y legalmente” inaceptable bajo el derecho internacional humanitario dispuesto en las Convenciones de Ginebra sobre la regulación de los territorios ocupados. 

Israel, que ocupa en la actualidad el primer puesto a nivel mundial en vacunaciones per cápita con más de 3,1 millones de personas vacunadas con la primera dosis, está recibiendo infinidad de elogios por la eficacia de su plan de vacunación. Sin embargo, no es solo el más eficaz, sino también el más discriminatorio a nivel mundial, puesto que con la excepción de Jerusalén Este, no incluye a la población palestina del resto de los territorios que ocupa.

El programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel pone de manifiesto la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno israelí hacia la población palestina. Al mismo tiempo que Israel celebra una campaña de vacunación sin precedentes, incluyendo a los colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania, millones de palestinos que viven bajo el control israelí en Cisjordania y la franja de Gaza no recibirán ninguna vacuna o tendrán que esperar mucho tiempo para recibirla. 

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, todos los israelíes mayores de 16 años estarán vacunados para finales de marzo de 2021. Mientras, la Autoridad Palestina está a punto de recibir únicamente 5.000 dosis (gratuitas) de la vacuna rusa Sputnik V que como ha anunciado el ministro de salud palestino suministrará al personal sanitario, a las personas con patologías de riesgo y a los mayores. No obstante, tendrá que esperar hasta mediados del 2021 para recibir la primera asignación de lotes de vacunas a través de COVAX, la iniciativa mundial para garantizar el acceso justo y equitativo a todos los países del mundo. Esta asignación de vacunas COVID-19 cubrirá a los grupos prioritarios, lo cual representa únicamente el 20% de la población del territorio Palestino ocupado. 

Mientras Israel vacuna a su población, los casos siguen al alza entre la población palestina, que acumula una proporción de muertes superior a la de Israel. Según los datos de Naciones Unidas el número de casos confirmados en el territorio Palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, desde que comenzó la pandemia es de 178.000 y 2.000 personas fallecidas. La proporción de muertes entre los casos confirmados se mantiene en el 1,1% en el territorio Palestino ocupado, mientras que en Israel está por debajo (0,75). 

Israel justifica este trato diferenciado sobre la base de que el Acuerdo Interino Israelí-Palestino de 1995, una parte integral de los Acuerdos de Oslo, que establece que la Autoridad Palestina asumiría la responsabilidad de la atención médica en el territorio palestino, incluidas las vacunas. Sin embargo, los expertos en derecho humanitario internacional de Naciones Unidas y de ONG señalan que los Acuerdos de Oslo deben interpretarse y aplicarse de conformidad con el derecho internacional y no pueden apartarse de su obligación de garantizar el bienestar de la población ocupada. 

La responsabilidad última de los servicios de salud es de Israel hasta que la ocupación haya terminado total y definitivamente. Esta afirmación se basa en que Israel, como potencia ocupante, está obligada en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, a mantener los servicios de salud en el territorio ocupado. El artículo 56 requiere que Israel adopte y aplique “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias” en cooperación con las autoridades nacionales y locales. Si la población protegida está insuficientemente abastecida, la potencia ocupante está obligada en virtud de la Convención a facilitar los planes de ayuda “por todos los medios a su disposición”. Incluso si los envíos de ayuda, incluidos los “suministros médicos”, son proporcionados por otros, el artículo 60 establece que dichos envíos “no eximirán de ninguna manera a la potencia ocupante de ninguna de sus responsabilidades” en materia de atención de la salud de la población protegida. 

Los expertos concluyen que la denegación de un acceso equitativo a la atención médica, por ejemplo, por motivos de etnia o raza, es “discriminatoria e ilegal”. 

Naciones Unidas ha recordado en este debate sobre la responsabilidad de Israel de vacunar a la población palestina que, durante la Guerra del Golfo de 1991, el Tribunal Supremo de Israel ordenó a su ejército distribuir máscaras de gas a los palestinos bajo ocupación sobre la misma base que había entregado máscaras a todos los israelíes. El fallo de la Corte señaló que: “El comandante militar debe tratar a todos con igualdad. No debe discriminar entre residentes.”

En esta situación de acceso desigual a la salud y a la vacunación, hay que señalar además que Israel continua con la implementación de otras políticas que erosionan aun más la capacidad de la población palestina de hacer frente a la pandemia. Está, por ejemplo, impidiendo que los trabajadores palestinos entren en el país a través de los puestos de control militar, con la excepción del puesto de control de Tarqumiya (Hebrón) para quienes trabajan en sectores específicos, y abre fuego o lanza gases lacrimógenos a aquellos trabajadores palestinos que desesperados por mantener su trabajo, intentan cruzar por diferentes accesos.

Tampoco ha frenado su política de demoliciones a pesar de la importancia en estos momentos de tener un hogar en el que protegerse del virus. Desde el comienzo de la pandemia, Israel ha demolido 849 infraestructuras palestinas, incluyendo 156 estructuras humanitarias (73 de ellas financiadas por la Unión Europea), lo que ha desplazado a un total de 996 personas. Los compromisos asumidos por las autoridades israelíes para detener la demolición de viviendas durante la crisis del COVID-19 han sido ignorados. Junto con la demolición de viviendas, se han producido repetidos ataques a las instalaciones de agua y saneamiento, prácticas que han socavado la capacidad de familias, ya de por sí vulnerables, para hacer frente de manera adecuada a la pandemia. No se había registrado un número tan elevado de demoliciones desde el año 2016.

Además, el territorio palestino, tras años de ocupación y bloqueo israelí, se enfrenta a la pandemia con un sistema sanitario deficiente. Gaza, por ejemplo, cuenta únicamente con 90 camas de UCI y con 100 respiradores para una población de 2 millones de personas. En la actualidad, la ocupación UCI se encuentra al 52%. El bloqueo israelí sobre la Franja hace que el sistema sanitario esté desabastecido: El 47% de los medicamentos esenciales están fuera de stock, padece un 32% de déficit en consumibles médicos y un 62% en suministros de laboratorio médico.  

Según los expertos, el virus continuará propagándose sin control en otras partes del mundo y tendrá un costo humano y económico muy alto. Pero, además, cuanto más tiempo permitamos que el virus se mueva libremente entre poblaciones, en cualquier lugar del mundo, mayor es el riesgo de mutaciones. En la actualidad, ya estamos siendo testigos de los efectos de la aparición de nuevas cepas y de la posibilidad de que las vacunas puedan resultar ineficaces contra estas mutaciones.

Israel debería de vacunar a la población palestina porque es su obligación, porque es lo correcto y para mantener el principio de no discriminación. Pero también porque no podrá aislarse mientras mantenga la ocupación y mientras siga necesitando mano de obra palestina. Por ello su plan de vacunación no estará completo hasta que no incluya a toda la población del territorio Palestino ocupado.