Irlanda somete a referéndum su restrictiva política sobre el aborto
En la práctica, el aborto está prohibido en la mayoría de casos.
Irlanda tiene este viernes una cita con las urnas para decidir si quiere dar el primer paso para revisar la que, hoy por hoy, es una de las políticas sobre el aborto más restrictivas del mundo. Un referéndum servirá para decidir el futuro de la Octava Enmienda de la Constitución, en la que se consagra el derecho a la vida tanto de la mujer embarazada como del feto.
Más de 3,2 millones de personas se han registrado para votar en esta consulta, lo que representa una ligera subida en relación a anteriores citas y da cuenta del interés y el debate que ha generado la propuesta en un país donde la tradición católica ha seguido marcando hasta estos últimos años gran parte de sus líneas políticas.
Los irlandeses, en concreto, deberán elegir si votan 'sí' o 'no' a una propuesta para eliminar la enmienda constitucional introducida en 1983, también tras un referéndum. El texto actual reza que "el Estado reconoce el derecho a la vida del nonato", que equipara al de la mujer gestante, lo que ha supuesto la prohibición de los abortos en la práctica mayoría de casos.
El plan presentado no plantea automáticamente la liberalización de las actuales políticas, sino que el nuevo artículo 40.3.3 se limitará a dejar en manos del poder legislativo la elaboración de una ley "para regular la interrupción del embarazo", lo que abre la puerta a que no tenga por qué existir necesariamente un riesgo para la vida de la madre.
Los colegios permanecerán abiertos de 7.00 a 22.00 (una hora más en la España peninsular).
El caso de Savita Halappanavar
La octava enmienda se incorporó a la Constitución irlandesa para evitar que el país se sumase a la ola legislativa que comenzaba a surgir en otras partes del mundo y que abría la puerta a medidas menos restrictivas. Los llamamientos en favor de la derogación se intensificaron en 2013, a raíz de la muerte de Savita Halappanavar, que perdió la vida por una infección después de que los médicos se negasen a practicarle un aborto.
Su caso dio pie a una serie de cambios legales para permitir la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la madre corra peligro, lo que incluye también la posibilidad del suicidio. Salvo que se dé esta circunstancia, cualquier caso de aborto es susceptible de ser castigado con una pena máxima de 14 años de cárcel.
Si triunfa el 'sí', se abre en Irlanda la posibilidad de que se legisle para permitir el aborto en todas circunstancias antes de las doce semanas de gestación y, a partir de dicha fecha, en casos específicos como que exista riesgo para la vida o la salud de la madre o que se confirme la inviabilidad del feto.
Una mayoría del Gobierno, con el primer ministro Leo Varadkar a la cabeza, ha reclamado la derogación de la Octava Enmienda. Varadkar, el primer jefe de Gobierno abiertamente homosexual de Irlanda, ha considerado "peligroso" el actual escenario legal, por lo que cree necesario aprobar una nueva legislación más acorde a los tiempos.
Las autoridades calculan que, cada año, más de 3.000 mujeres irlandesas viajan a Reino Unido para interrumpir su embarazo, gracias a un cambio legal introducido en 1992 a raíz de un permiso otorgado por la Justicia para una niña de 14 años víctima de violación.
Varadkar ha advertido de que, pase lo que pase, no habrá un segundo referéndum sobre la cuestión del aborto "en un futuro cercano". "Seguro que no lo habrá con este Gobierno", ha dicho, en un aparente llamamiento a la movilización ante una oportunidad que se presenta como única para quienes reclaman cambios desde hace años.
La movilización, de hecho, parece asegurada, habida cuenta de que ningún irlandés menor de 53 años ha podido pronunciarse en las urnas expresamente sobre el aborto. La campaña hometovote ('A casa para votar') ha llevado a parte de los 40.000 expatriados a organizar viajes a su país de origen para poder participar en la consulta, ya que las leyes de Irlanda no permiten el voto desde el extranjero.
El discreto papel de la Iglesia
Como ocurriese en 2015 con el referéndum que legalizó el matrimonio homosexual en Irlanda, en esta ocasión también se ha mirado con lupa la postura de la Iglesia en un país que, a tenor de los datos, ha dado pasos hacia el laicismo. El 71 por ciento de los irlandeses se identificaba en el censo de 2016 como católico, frente al 92 por ciento de 1991.
La Iglesia ha optado en esta ocasión por ceder gran parte del debate al ámbito laico y ha dado un paso atrás en comparación con otros contextos o hitos donde sí ha sido más combativa. Así, ya no se libra la "guerra civil moral" de la que se llegó a advertir en 1983 y las posiciones ahora no parecen tan claras.
Jóvenes, mujeres, votantes urbanos y clases altas son 'a priori' los sectores más partidarios de inclinar la balanza hacia el 'sí', según las encuestas publicadas en los últimos meses, que intentan analizar un escenario donde no existen líneas marcada de voto.
A nivel de partidos, el gobernante Fine Gael ha dado vía libre a sus miembros para votar en conciencia. Los principales representantes de la formación en el seno del Ejecutivo abogan por rechazar la Octava Enmienda, aunque difieren en el tipo de ley que debería venir después.
Por su parte, el principal partido de la oposición, Fianna Fáil, también es partidario del voto en conciencia y, mientras que su presidente, Micheal Martin, es partidario del cambio constitucional, la mayoría de la formación parece inclinarse en sentido contrario.
Una encuesta publicada la semana pasada por The Irish Times fijaba en el 44 por ciento la proporción de votantes partidarios de suavizar los límites actuales, frente al 32 por ciento partidario del 'no'. La tendencia muestra un acercamiento entre los dos bloques y dejaría todo en manos del 17 por ciento de personas que se declaran indecisas
