Investigan si Rubiales pagó la reforma de su casa con dinero de los futbolistas

El juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pagó parte de la reforma de su domicilio particular con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles, cuando presidía este colectivo en 2015.

Según la denuncia, presentada por Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, y adelantada por la Cadena SER, Rubiales contrajo una deuda de más de 120.000 euros con la arquitecta que reformó su casa, Yasmina Eid-Mached. Siempre según el documento, adjudicó el proyecto de la Casa del Futbolista a la misma arquitecta y le comunicó que si quería cobrar su deuda personal, tendría que hacerlo con parte del dinero que iban a pagarle desde la asociación por el proyecto de los jugadores.

Según la denuncia, el delito llegó a consumarse porque la arquitecta cobró una primera factura por la Casa del Futbolista de 28.593,50 euros, de los que un 40% debían ser destinados a pagar la obra privada de Rubiales, según le comentó con posterioridad el presidente de la federación.

La arquitecta afirma que se negó a participar en el engaño y que más tarde, cuando Luis Rubiales se postuló como candidato a presidir la Real Federación de Fútbol, la agredió porque ella se negó a devolverle el dinero. Según el documento, Rubiales quiso recuperar el dinero porque podía perjudicarle en su carrera hacia la presidencia que se conociera que la adjudicataria de la Casa del Futbolista y de su reforma particular era la misma persona. Fundamentalmente, el denunciante aporta como pruebas la grabación de conversaciones mantenidas con la arquitecta.

El juzgado número 6 de Valencia ha citado a declarar a ésta el próximo 12 de septiembre como primera diligencia de investigación para que se ratifique en los hechos. De momento, no hay nadie imputado en la causa.

El juzgado rechaza la personación del denunciante Galán en la causa al incurrir en varios defectos de forma, pero abre en cualquier caso investigación penal porque los hechos son "perseguibles de oficio" por un delito de administración desleal. Emplaza al denunciante a transformar su denuncia en querella y a personarse como acusación popular mediante el pago de una fianza, porque carece de interés directo en la causa.

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