Insumisión constitucional

A la derecha no le preocupa mantener secuestrado uno de los tres poderes del estado durante años. Seguramente porque este es un asunto que entienden que no les genera coste político, a pesar de ser de una gravedad tremenda para el mantenimiento de un Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española).

Artículo 1.2 de la Constitución Española: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Conviene recordar que, con ello, lo que viene a decirnos nuestra Carta Magna es que del pueblo surge la toma de decisiones y la composición de los órganos de poder, y que esto se produce en un entorno social democrático en el que la ciudadanía organiza su sociedad a través de un sistema de votación por el cual el pueblo confía la defensa de sus intereses a la representación política que elige en las urnas: Es decir, la soberanía popular se ejerce a través de la representación política.

Conviene recordarlo porque es la esencia de la democracia y puede que nos estemos haciendo inmunes a escuchar a líderes políticos reivindicar que se hurte al pueblo de esa capacidad (¡Que los jueces elijan a los jueces!), tachando de politización lo que es democracia representativa. Aunque, bien pensado, la razón la podemos encontrar en la sabiduría popular cuando nos advierte eso de “se cree el ladrón que todos son de su condición”.

Y digo esto porque “el ladrón” se ha querido apropiar de un poder que la ciudadanía otorga en las urnas, a través de un secuestro a la Justicia en toda regla —con lo que ello conlleva: una desafección hacia el poder judicial en una sociedad que mayoritariamente contesta con un “mala o muy mala” cuando le preguntan sobre qué opina de la administración de justicia—.

Me explico: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hoy fue nombrado en el año 2013, cuando la sociedad española dio una mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy. Sobra decir que, desde aquel tiempo hasta ahora, los españoles y españolas se han expresado varias veces en las urnas y que el PP ya no tiene la confianza que le dio aquella mayoría.

Artículo 122.3 de la Constitución Española: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Este mandato constitucional solo es cuestionado por el PP cuando sale de la Moncloa, y para muestra me remito a la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que dice: “Se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos vocales”. Por tanto, no es cuestionable la participación y profesionalidad de los candidatos dentro del ámbito de la carrera judicial, garantizando a su vez el cumplimiento de otro mandato constitucional, por el cual los poderes del Estado han de provenir del pueblo, a través de sus representantes legítimos.

La realidad es que la derecha considera la Justicia de su propiedad y cuando no gobierna, prepara una batería de excusas para boicotear su renovación. No les importa provocar descrédito hacia las instituciones o generar un ruido entorno a ellas muy peligroso para la democracia, incitando a una falsa sensación de anomalía hacia lo que es democracia representativa. España no es una excepción en su sistema de elección para el órgano de gobierno del poder judicial: En Alemania, donde la justicia goza de una gran respetabilidad, los magistrados del Tribunal Constitucional (no existe un órgano como el CGPJ) son elegidos por el Parlamento, o en EEUU, las vacantes que se presentan en la Corte Suprema se designan por el presidente del país, con el visto bueno del Senado.

Lo que sí es una anomalía es que el principal partido de la oposición en nuestro país incumpla la norma básica del Estado reiteradamente y con alevosía, en preceptos esenciales para la buena salud de nuestra democracia. Casi ocho años de atrincheramiento en el poder judicial, olvidando que la justicia emana del pueblo (artículo 117.1 de la Constitución Española).

Lo que sí es “tomarse a broma la independencia del poder judicial” es la hipocresía con la que reparten carnets de constitucionalistas versus radicales los instigadores a la insumisión constitucional.