Una entidad desafía la nueva ley contra el acoso al aborto con un 'autobús de la vida'
El Instituto de Política Social asegura que su campaña ante 70 clínicas abortivas, para la que pide donativos, "no es un acoso" sino "una proposición".
El Instituto de Política Social (IPSE) ha anunciado una campaña, bajo el lema “la vida se defienda, aborto es matar”, en la que un autobús se plantará ante 70 clínicas abortistas del país para “dar alternativas a las mujeres” que quieren abortar.
“El Autobús de la Vida” espera con esta iniciativa “salvar” vidas de no nacidos y dar asistencia “a las mujeres a las que logren atender” con esta campaña que, según ha manifestado en un comunicado Teresa Rodríguez, del IPSE, “no es un acoso” sino “una proposición”.
La organización ha pedido la participación ciudadana en esta iniciativa con un donativo que permita “sacar el autobús cuanto antes por todo el país”. En este sentido, en la web de esta entidad se destaca que las principales áreas de trabajo son las de “denunciar la transgresión que sufre la familia, defender el derecho a la vida, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural y potenciar las políticas sociales ante las administraciones públicas”. También “ser catalizador de los problemas más importantes que acontecen en nuestra sociedad y ser la voz de éstos para lograr su solución”.
Cabe destacar que en dicha página web del IPSE se recoge que entre los integrantes de la junta directiva, su vicepresidenta, Sofía Muñoz Casares, es expresidenta de Vox Valladolid.
La ley que penaliza el acoso a mujeres que abortan
Precisamente, a comienzos de abril, el Senado dio el visto bueno definitivo a la ley que sanciona el acoso a mujeres que quieren abortar ante clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Con los votos en contra de PP y Vox, salió adelante la proposición de ley del PSOE para reformar el Código Penal y castigar con cárcel a los que acosan y hostigan a las mujeres que acuden a estas clínicas a abortar.
En este sentido, en el texto de la ley se recoge que estarán castigados con penas de cárcel que irán de tres meses a un año, o trabajos a la comunidad, “actos molestos, ofensivos, intimidatorios” contra las mujeres que desean ejercitar su derecho al aborto.