Informe FADSP: una útil radiografía sanitaria
La radiografía de la asistencia sanitaria por autonomías que supone el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) refleja en su última edición pocas novedades en la clasificación, pero sí significativas tendencias. Una es que se abre la brecha de las diferencias entre los servicios asistenciales por territorios y otra que la sanidad de la Comunitat Valenciana, en dos años del gobierno del cambio, empieza a salir de ese pozo a la que fue condenada por unas políticas del Partido Popular que apostaron por el sector privado (20% del total de la asistencia sanitaria pública en sus manos) y, en consecuencia, por el abandono de lo público.
Varios de los indicadores de peso que se analizan son especialmente sensibles a esta anterior política. Por un lado el nivel de privatización y la falta de tecnología. Por otro, la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Es por ello que, desde la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el esfuerzo se ha redoblado para afrontar estos lastres. La reversión al sector público del Departamento de Salud de Alzira, tras finalizar el contrato de la concesión el próximo 1 de abril de 2018, o la internalización del privatizado diagnóstico por imagen (resonancias magnéticas) también para ese año se enmarcan en ese objetivo prioritario que es el fortalecimiento de la sanidad pública. Como lo es la renovación de equipos tecnológicos dentro del Plan de Dignificación de Infraestructuras.
La importancia de las conclusiones del informe para la Comunitat Valenciana no radica tanto en haber aumentado la puntuación como en destacar en qué se han traducido esas mejoras. Basten unos datos tan concretos como elocuentes. La asistencia sanitaria ha vuelto a ser un derecho universal. Más de 21.000 personas lo han recuperado sin tener en cuenta su origen, raza o situación administrativa. Fue la primera medida adoptada en respuesta al decreto 16/2012 de 20 de abril del Gobierno Central que restringía la cobertura a inmigrantes. Más de 1,3 millones de valencianas y valencianos cuentan hoy con ayudas para afrontar el copago impuesto también por el Partido Popular. Es decir, pueden continuar sus tratamientos sin que su situación económica sea un impedimento para ello. Casi 11.000 personas reciben tratamiento de hepatitis C en la Comunitat Valenciana con independencia del grado de su fibrosis. O, lo que es lo mismo, todos los pacientes con esta patología reciben atención.
Garantías de derechos y fortalecimiento de la sanidad pública como ejes que se sustentan en una política presupuestaria que, finalmente, es la que traduce en realidades el orden de prioridades políticas. Así, en dos años de gobierno la partida destinada a sanidad ha aumentado en 594 millones de euros; una cifra que, no por casualidad, viene a superar los recortes que aplicó el anterior gobierno de la derecha en sus dos últimos años. Por primera vez, la sanidad pública valenciana ha superado los 6.000 millones y, por primera vez en más de 20 años, ocupa el lugar protagonista que le corresponde. Un esfuerzo presupuestario que asigna el dinero de los contribuyentes a la mejora de las infraestructuras sanitarias, con una inversión de 359 millones de euros hasta 2019, o a la estabilidad del empleo con 17.700 plazas de Oferta Pública de Empleo en la Legislatura y aumentos de plantilla.
Saber que el camino es el correcto, aunque sea largo y esté jalonado de obstáculos, es un aliciente para perseverar. Obstáculos no menores como es la infrafinanciación estructural que padece la Comunitat Valenciana o los incumplimientos sistemáticos por parte del Gobierno Central. Un déficit de financiación ratificado por el reciente informe de los expertos que ha sido, junto al reparto inversor para 2018, los dos temas principales planteados por el president Ximo Puig en su reciente encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy después de varios emplazamientos y casi un año de espera.
La Comunitat Valencia debe dejar de ser la peor financiada de España porque ese dinero que se escatima repercute en la carencia o la calidad de los servicios que se prestan. Por tanto, tal y como expuso el president Puig tras este encuentro, es necesario y urgente que antes de final de año se reforme un sistema de financiación injusto. Con esos recursos y las prioridades de este gobierno del cambio la sanidad pública valenciana avanzará con más fluidez en su irrenunciable camino de reforzar lo público como garantía de derechos y de la mejora de la asistencia sanitaria.
