El nuevo informe del Poder Judicial apunta a que la ley de vivienda limita competencias autonómicas
Se trata de la conclusión a la que han llegado los dos vocales del CGPJ, según 'El País'.
El nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de vivienda ha supuesto una clara respuesta al Gobierno. Según ha podido saber El País, la norma supone una “clara limitación” a las competencias de las comunidades autónomas. Esta es la conclusión a la que han llegado los dos vocales encargados de elaborar dicho informe, José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas.
La propuesta de informe del CGPJ ha sido remitida este lunes por la mañana y será debatido en el pleno del órgano judicial del próximo jueves. Cabe recordar que este nuevo informe había sido encargado después de que el Poder Judicial tumbase el anterior preparado por el vocal Álvaro Cuesta, que sí avalaba la ley del Gobierno, la primera en materia de vivienda de la democracia.
En este sentido, y según interpretan los vocales del CGPJ, se ha cuestionado la legitimidad del órgano para hacer este tipo de textos, el mismo cuyo mandato expiró en diciembre de 2018 y que todavía no ha sido renovado.
Una competencia de titularidad autonómica
Según el mismo texto al que ha accedido dicho medio, el nuevo informe del Poder Judicial ha puesto el foco en la posible invasión de competencias autonómicas, apuntando a que las iniciativas de alcance estatal se han venido articulando a través de planes nacionales. Precisamente, el Gobierno se ha visto obligado, la pasada semana, a retrasar la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda en el Consejo de Ministros y dar luz verde únicamente al plan estatal y a un primer paquete de medidas que contenía iniciativas como el bono joven de alquiler.
En el nuevo informe se ha destacado que “la vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1.3º CE [Constitución española] y los estatutos de autonomía”. Además, los vocales también han recalcado que “el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas”.
En este sentido, en el texto del documento presentado este lunes, se han marcado una suerte de límites al Ejecutivo central. “Puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda’”.
Sobre la regulación del precio del alquiler
En el informe, ambos vocales han señalado que la ley enuncia el derecho a la vivienda digna pero no lo regula salvo con aspectos que abren la vía a la intervención administrativa, algo que genera “cierta distorsión” de categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil sin razón suficiente, como el de ‘vivienda’, ‘infravivienda’ o ‘gastos y suministros básicos’.
En cuanto a lo que expone la norma sobre contención de precios del alquiler, indican que “tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”, y dicen que tras la pandemia quizás no resulte adecuada, por lo que se decantan, por “clara y efectiva”, por la regulación de las limitaciones arrendaticias para los grandes tenedores del artículo 17.7 Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
“En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el Índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado (...) condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal”, han añadido en el documento.
