Indultos, alarma y excepción

Cuando se reclaman gestos al independentismo para que devuelva el «favor» del indulto —por bienvenido que sea: presas y presos están en la calle y el PP y similares no lo hubiesen concedido nunca—, tal vez hay que recordar que, como escribió José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en el título de un artículo ejemplar, el problema no es el indulto, es la sentencia.

Desgrana en él numerosos argumentos. Resumo dos. En primer lugar, que una de las formas de corregir los errores o desajustes de una sentencia es solicitar un indulto cuando la pena resulta notablemente excesiva. El segundo es que el escrito del tribunal sentenciador justifica el rechazo al indulto basándose en unas declaraciones de Jordi Cuixart en que manifiesta su intención de volver a hacer una llamada a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente; en suma, una conducta plenamente democrática.

Dicho sea de paso, para rechazar los indultos, el argumento más peregrino pero de funestas consecuencias que adujo la sala del Tribunal Supremo que condenó a presas y a presos es que les parecen justas y proporcionadas las penas que ellos y ellas mismas impusieron.

Por otra parte, es interesante leer el no menos ejemplar voto particular que formularon el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón sobre la sentencia pronunciada en el recurso de amparo promovido por Jordi Cuixart i Navarro respecto de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.

Hablan de «severa respuesta penal frente al ejercicio del derecho de reunión», de «vulneración del derecho a la legalidad sancionadora». Llama la atención que en veintiuna páginas, salga once veces la palabra «desaliento» respecto a los derechos a la libertad personal, a la libertad ideológica y a la de reunión. Ahí van dos: «una sanción penal resultaba desproporcionada y con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental», «la imposición de penas privativas de libertad de tan larga duración como las aplicadas al recurrente en ausencia de violencia tiene un [...] severo impacto desalentador sobre el ejercicio del derecho fundamental de reunión». Y termina hablando del «devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales y con alejarnos, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas».

Por tanto, quizás se debería entender este muy limitado indulto, que no una amnistía, como un paso previo y un intento simplemente de volver a poner las fichas en un tablero que un violento puntapié echó por tierra.

Ayudaría un detalle como que se evitaran el tono punitivo y el amargo sabor de palabras como las de la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, sobre la reivindicación del independentismo de realizar un referéndum. Rodríguez dijo que esperaba que el independentismo hubiera «aprendido la lección».

Contribuiría a ello el detalle de que el Gobierno no recurriera cada ley catalana; especialmente las progresistas, como últimamente la que busca la regulación de los alquileres.

Quizá a la vista de la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma decretado no por el gobierno central sino por el Congreso, el gobierno central comenzará a darse como las gastan según qué tribunales.

El Constitucional admitió el recurso de Vox contra el estado de alarma aunque antes este partido había votado a su favor. No hay ningún otro tribunal en Europa, por severas que fueran las restricciones para abordar la pandemia, que se haya comportado como el español.

A raíz de todo ello, pues, quizá el gobierno central comenzará a ver la sentencia del Supremo sobre el proceso con otros ojos.

Una ajustada mayoría del Tribunal Constitucional ha visto en la pandemia no un problema de salud pública sino una alteración del orden público de una envergadura tal que ha impedido el normal funcionamiento de las instituciones democráticas (este es el requisito para el estado de excepción) y ha considerado que la lógica limitación de derechos era una supresión.

El Supremo decretó que había habido tumultos y un levantamiento violento (de una violencia que aunque no era violenta era violencia, según el tribunal) en una manifestación que duró horas y horas sin que saltara chispa alguna entre fuerzas del orden y manifestantes para justificar una inexistente sedición y allanar la detención, de entrada, de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.