Igualdad ve violencia machista en el caso de la trabajadora de Iveco y pide investigarlo para que no haya impunidad

La secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo, ha catalogado como víctima de violencia machista a la trabajadora que el pasado sábado se quitó la vida después de que se difundiera entre los empleados un vídeo de ella de carácter sexual de hace cinco años. Asimismo, ha pedido que la empresa Iveco -en la que trabajaba la mujer- abra una investigación para que no haya impunidad.

“El machismo significa que tú no eres nada; eres un cuerpo a disposición de otro para procurarle placer, o para lo que ese cuerpo necesite de ti”, ha señalado en declaraciones a Europa Press TV, tras asistir al acto de presentación del proyecto Hola, tú a mí no me conoces, un diccionario ilustrado contra los estereotipos de género en la publicidad.

A su juicio, “evidentemente” este caso puede calificarse como violencia machista. “El machismo significa relación de poder. ¿Quién eres tú para tener una imagen que no te pertenece y hacer de ella un lugar de escándalo”, se ha cuestionado.

La secretaria de Estado también se ha preguntado por qué el cuerpo de la mujer y la sexualidad “concita un interés tan malsano”. “Tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy dolorosa e incómoda: ¿se ha suicidado o la hemos empujado? ¿Qué ha hecho el entorno?”, ha dicho a Europa Press TV, haciendo un llamamiento a una reflexión de por qué dicho entorno no estuvo más volcado en “evitar” su suicidio.

En este contexto, Murillo ha afirmado que la mujer ha sido una víctima de violencia machista y “de la falta de protección”, causada por un sentimiento de “culpabilidad” que, según ha apostillado, sufren todas las víctimas de la violencia sexual. “Tu imagen es solo tuya, tu cuerpo te pertenece”, ha defendido, achacando esa culpa a “una mano sucia” que difundió el video, que es a quien hay que “señalar” por ser “osado e indecente”.

Así, ha pedido a los hombres que “se conviertan en activistas” porque esto “no es una asunto de mujeres”, al tiempo que sostiene que “hay que trabajar en la educación”, especialmente en el significado del “respecto a las mujeres”. En declaraciones a los periodistas, ha reclamado una educación “como forma evitar las relaciones de poder y en la que sea absolutamente tenido en cuenta el evitar la violencia”.

Además, en su opinión, la empresa “debería abrir una investigación” porque sería símbolo de una “buena práctica de cara a que no quede en impunidad”, al tiempo que ha incidido en que es el entorno el que “ha tenido parte de la responsabilidad”. “Al igual que en la violencia de género, el entorno sigue siendo pasivo ante los indicios de violencia”, ha puntualizado a los periodistas.

En manos de la Fiscalía

La Fiscalía de Criminalidad Informática ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon este suicidio, unos hechos que podrían acarrear a los autores penas de hasta un año de cárcel.

De hecho, la Policía ya está investigando la autoría, difusión y reenvío de estas grabaciones, que llevaron a Verónica, de 32 años, a quitarse la vida, al tiempo que la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto de oficio una actuación ante “la posible difusión sin consentimiento” de las imágenes.

Mientras, en la factoría en la que trabajaba junto a 2.500 compañeros, unos 150 empleados se han concentrado esta mañana en repulsa por la muerte de la mujer durante más de 10 minutos, una convocatoria que ha finalizado con un aplauso para ella. “No hay derecho”, ha dicho a los medios con indignación una de sus compañeras justo antes de fichar.

Otro grupo de la plantilla, casi todos hombres, ha remitido a la Agencia Efe un comunicado para explicar que la mayoría de trabajadores “mostraron su disconformidad en relación a lo que estaba sucediendo”, por lo que han exigido que no se generalice una conducta con la que han mostrado su “absoluta desaprobación” y que se busque a los responsables.

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Fuentes cercanas al caso han informado a Efe de que se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya propagación empezó desde “dentro de la propia empresa”.

Según explicó CGT Iveco ayer, cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo. La ausencia de denuncia es lo que ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, sobre el que ha recaído el caso, se limite a investigar tan solo lo referente al suicidio.

Quien sí denunciara a Iveco, en este caso ante Inspección de Trabajo, es CCOO al considerar que no activó el protocolo de acoso sexual en el caso de Verónica cuando, en su opinión, se trata de un accidente laboral.  El sindicato ha revelado que la empresa respondió que se trataba “de un asunto personal y no de ámbito laboral”, por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CCOO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad.

Y es que los Protocolos de Prevención del Acoso Sexual en el trabajo deben ser conocidos por todos los empleados y han de contemplar tanto medidas para evitarlo como de intervención en el caso de que se produzca, sin olvidar que deben proteger la confidencialidad de la víctima, ha dicho a Efe Encarna Abascal, Secretaria Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF.

Para este sindicato, es necesario crear la figura del Delegado Sindical en materia de Igualdad, similar al de Prevención de Riesgos Laborales, que tienen que estar preparados en estos temas tan específicos.