Igualdad, un derecho que nos concierne a todos

La desigualdad es también un tipo de violencia contra la mujer. Es una violación de los derechos humanos y es, al mismo tiempo, una forma de discriminación y un atentado manifiesto contra la igualdad de género. A esta definición no le puede surgir ningún tipo de duda. Puesto que así lo establece el uso de la razón y los convenios internacionales en los que el Estado español es uno de los firmantes. Teniendo, como garante democrático y social, el deber de ser el responsable de responder, con las herramientas necesarias, de manera adecuada y proporcional a este tipo de violencia. Y, por ende, la ciudadanía debe aceptar el reto de adaptarnos a unas exigencias que, día a día, se hacen cada vez más imperiosas y necesarias de materializar.

El ocho de marzo es un día para manifestar que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino que precisa de la necesidad de materializarse como un hecho en acto, esencial, para estructurar una sociedad más justa y equitativa. Pero tenemos que recordar que todos los días tenemos que luchar para que estos derechos sean reales y efectivos. 

Cada ocho de marzo supone un hito en la humanidad, porque nos recuerda la importancia de los valores y principios que se encierran en torno a la mujer y la necesidad de poder estar a la altura de las circunstancias, si es un mundo más justo y equitativo lo que queremos construir. 

Según datos de la ONU, una de cada cinco mujeres afirma haber sido víctima de la violencia física o sexual dentro del ámbito doméstico. En la actualidad, servicios básicos como el acceso a una educación, a una atención médica, a un trabajo decente o la representación en las decisiones políticas, sociales, culturales y económicas de los diferentes países no son derechos universaesl, a pesar de estar recogidos en la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por ello que es básico impulsar la igualdad de las mujeres y de las niñas por medio de las sociedades y de la humanidad, en su conjunto, para beneficiar en ese proceso a la sociedad y que asuman los desafíos e implicaciones que nos depara el nuevo siglo. Es una cuestión de justicia y de razón defender la igualdad de género entre la ciudadanía. Derribar las fronteras establecidas en los diferentes ámbitos donde se desarrollan las sociedades. Luchar en contra de la desigualdad en el plano laboral, en las conductas machistas en la vida cotidiana, micromachismos, en el deporte, en la publicidad, así como con la cosificación de la mujer, es crucial para alcanzar la igualdad real y efectiva.

Las ONU tiene como eje prioritario centrar su labor en el desarrollo mundial en los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados recientemente y en los que las mujeres ocupan un papel indispensable. Estas prioridades tienen por finalidad el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un factor inherente y de cohesión social y como parte de la respuesta ante la injusticia y la discriminación. El objetivo quinto de los ODS es claro: «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas». Y se lo conoce como el objetivo de género en sí mismo, puesto que su prioridad es alcanzar esos fines. Que no son otros que la igualdad y la justicia. 

Tomando como referencia el marco establecido por el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica desarrollado en Estambul en el año 2011, se firmó el primer tratado internacional en el que se definió el concepto “de género”. En él se reconoce que existe una categorización de género que está establecida socialmente y que asigna un determinado rol a las mujeres y los hombres en lo que concierne a sus funciones y a sus comportamientos particulares. A través de los diferentes estudios realizados se ha constatado que ciertas actitudes, costumbres y conductas pueden contribuir a que la violencia contra la mujer se acepte y se imponga como un acto sistematizado.

La igualdad de género nos concierne a todos. Es un hecho irrebatible. El compromiso de la sociedad civil con los derechos humanos es incuestionable. Pues gracias a su firme defensa y a su promulgación la sociedad debe encarar un futuro donde la igualad, la libertad y la fraternidad deben ser la guía incuestionable e inquebrantable de los valores y principios. No hay marcha atrás. Este es un hecho constatado y es un paso inflexible y decidido.

En ese sentido, es fundamental cambiar los comportamientos habituales que se han estado permitiendo hasta ahora y que de una forma deliberada han atentado contra la libertad de las mujeres y de las niñas. Todos aquellos comportamientos referentes a las características asignadas en función del género y de los estereotipos que han dado lugar a que la violencia y la desigualdad contra la mujer sea aceptada, deben ser suprimidos de nuestro imaginario más cercano y de nuestro modus operandi tradicional. Para ello, debemos formar a la sociedad con las herramientas necesarias para desarrollar las leyes y el marco jurídico necesario para hacer efectivos los derechos de igualdad que nos deben asistir en todo momento, sin importar sexo, raza, condición o religión. Es preciso impartir formación a los profesionales que trabajan en la docencia o con carácter público. Sensibilizar a la población de las diferentes formas y modos de igualdad y, en contraposición, de violencia, así como de las consecuencias que provocan. La educación debe ser el eje principal de la toma de conciencia de la sociedad. Quizás, por ello, se hace imperativo volcar en los diferentes planes académicos, de estudios, así como en los diferentes materiales didácticos, todas aquellas cuestiones que conciernen a la igualdad y a la libertad del individuo. Es esencial proteger y asegurar los derechos de la mujer y que, por ende, sean el centro del campo de actuación de las medidas a adoptar, a través de centros, organismos e instituciones especializadas que estén capacitadas para prestar la asistencia jurídica, social, médica y psicológica que se requiere. A ellas, junto a sus hijos que, en todos los casos, se perfilan como uno de los eslabones más débiles del sistema y que precisa resguardar y ayudar. Son la base del futuro de la sociedad que, en un acto de generosidad y justicia por parte de la ciudadanía, restablece el equilibrio y la ponderación para no crear víctimas colaterales y no dar pábulo a la marginalidad y/o exclusión social de personas que no han tenido la oportunidad de formarse y de participar plenamente en el estado democrático, social y de derecho al que pertenecen. Desde la creación de refugios, ayudas sociales, movilidad en todo el territorio estatal, protección de identidad y una acción efectiva de los mecanismos de comunicación y denuncia, por medio de líneas telefónicas gratuitas, con una disponibilidad total durante todo el año, asegurarán el cumplimiento de una deuda que no puede dejarse esperar más. No hay tiempo. Y es el hoy y el ahora.

Debemos aplicar una reglamentación jurídica que debe contemplar una legislación penal que asegure que la desigualdad y la violencia contra la mujer sean un delito tipificado y debidamente sancionado. Y que no acepte ninguna justificación para cometer cualquier tipo de acto de violencia o injusticia, ya sea por motivos culturales, de costumbre, religión o de “honor”; que asegure que las víctimas tienen acceso a unas medidas de protección acordes con su situación, seguridad e integridad personal, especialmente durante los procedimientos de investigación y judicialización de los casos, donde se producen el mayor nivel de agresividad y violencia. Y que asegure que las instituciones, centros y organismos públicos cumplen la ley y que responden de una forma eficaz e inmediata al requerimiento, por parte de la víctima, de sus servicios y asistencias.

El reto es exigente, pero la ciudadanía tiene que estar a la altura de las circunstancias y de la historia, y asimilar, a través del compromiso social y el marco jurídico, un ordenamiento constitucional que preserve los derechos y los deberes inalienables que se deben defender para cristalizar una sociedad más justa e igualitaria. La violencia contra la mujer y la violencia doméstica no son una cuestión de carácter privado. Nos concierne a todos. Es un acto público que no puede pasar inadvertido y que se debe erradicar, de la forma más adecuada, del material intangible de nuestro colectivo y de nuestra cultura. Somos parte de una sociedad que no puede permitir la indignidad, ni la vergüenza, ni la humillación de parte o de algún sector de su sociedad.

La Delegación de Derechos Humanos en las Islas Canarias convida para que participen los organismos públicos, los servicios regionales y locales, así como todas las Instituciones y ONGs con vocación de servicio público, para afrontar y defender de forma coordinada la igualdad de género y estar en contra de la violencia contra la mujer. Es fundamental compartir y aunar esfuerzos. Disponer de los recursos y herramientas públicas necesarias, para emplearlas de forma efectiva, para establecer protocolos de cooperación y actuación conjunta. La sinergia debe ser el leitmotiv colectivo, integrador e inclusivo, cuyo fin último sea hacer una igualdad y una libertad real en la que toda la ciudadanía en su conjunto, sin hacer excepciones, ni discriminaciones, pueda disfrutar de ella. Debemos trabajar cohesionados y unidos en pro de los derechos humanos. Un futuro mejor es posible, tenemos la oportunidad de conformarlo y este es el momento.