Huelga de transportistas en España: el coste de un paro que divide al sector

Los transportistas han iniciado esta medianoche el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte que podría costar a la economía 600 millones de euros al día, al tratarse de un cese de actividad ante campañas tan importantes como el Black Friday o la Navidad.

Esta previsión de pérdidas ha sido realizada por el profesor de OBS Business School Eduardo Irastorza, según los datos extraídos del informe sobre el Black Friday, durante el cual se calcula que las ventas en España se incrementen en un 706%, aunque el récord en la Unión Europea lo podría marcar Alemania, donde la subida se espera que sea del 2.418%.

La plataforma, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas, aunque no ha presentado ninguna denuncia por las razones por las que van a la huelga, se moviliza en protesta por el incumplimiento por parte de los cargadores (clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar bajo coste y la participación gratuita de los conductores en las tareas de carga y descarga.

Se trata de la misma organización que, en marzo pasado, protagonizó un paro del transporte que duró veinte días, generando graves problemas en la cadena de suministros.

A diferencia de aquella protesta, a la que se sumaron algunas otras asociaciones como Fenadismer, Fetransa o Feintra, en esta ocasión, tanto las organizaciones patronales como las sectoriales agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), no han respaldado el paro.

Como consecuencia de ese primer paro y una anterior amenaza del CNTC en diciembre de 2021, entre marzo y agosto pasados se aprobaron dos reales decretos-ley con medidas para mejorar la situación del sector acordadas entre el comité nacional y el Ministerio de Transportes.

A principios de agosto, se publicó el real decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que incorpora modificaciones en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías, para tratar de garantizar que el precio del transporte sea superior a los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista.

Incumplimiento de la ley y falta de inspecciones

Sin embargo, los pequeños transportistas denuncian que las empresas cargadoras “siguen sin ofrecer ni pagar unos precios que den realidad a los costes que verdaderamente den lugar a una economía justa, sana y viable”, así como la pasividad de la Administración en el control de la aplicación de la ley.

Por ello, en una carta enviada a finales de octubre a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la plataforma sugería un lista de cambios (copiados del código de transportes francés) al real decreto ley de agosto para conseguir que éste logre los objetivos buscados.

El ministerio se comprometió el pasado jueves, en una reunión con la dirección de la plataforma, a “reforzar” las inspecciones para garantizar que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes y aprobar, en las próximas semanas, un plan de inspección 2023, que incluirá por primera vez una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.

La plataforma pidió que dichos anuncios de compromiso se recogieran en un documento firmado antes de la medianoche de este domingo, a fin de que los transportistas sepan que se van a cumplir y en qué plazo, para poder valorar la desconvocatoria del paro, lo que no ha sucedido, por lo que la movilización sigue adelante.

Durante esta primera jornada de paro que hoy se inicia, los transportistas participarán en una manifestación en Madrid que hará un recorrido a pie desde la plaza de Carlos V (Atocha) hasta el Ministerio de Transportes, y en la que la plataforma espera que participen también asociaciones de otros sectores como la agricultura, ganadería y hostelería.