Hay una salida a Vox en Castilla y León: un cordón sanitario que necesita valentía y renuncias

Los titulares coinciden en esta mañana de resaca electoral: todo depende de Vox en Castilla y León. Los ciudadanos han votado en las urnas un parlamento fragmentado, hecho de castigos y nuevas confianzas, en el que el PP tiene mayoría, pero no absoluta. Le hace falta la ultraderecha para gobernar.

¿Seguro? Alfonso Fernández Mañueco, el candidato popular y actual presidente regional, ha prometido que hablará “con todos” los partidos, pero las cuentas que salen son las que son. Y, sin embargo, hay salida: se llama cordón sanitario y en otros lugares de Europa se aplica sin medias tintas. Consiste en algo muy sencillo: todos los partidos se abstienen para que el candidato del PP sea proclamado, gobierne en solitario y no dependa de Vox, a cambio de que el PP se comprometa a su vez a no negociar nada con los ultras, durante toda la legislatura, manteniendo ese cortafuegos vivo por su flanco.

La medida no es sencilla, implica un alto grado de valentía y de renuncia de quien ha ganado pero sólo roza el poder y de los que han perdido y no coinciden en nada con el vencedor. Obliga a unas negociaciones más duras en la Cámara, a moldear las leyes y apuestas, pero la idea que sobrevuela este tipo de acuerdos -que han de ser claros y sin posibilidad de vuelta atrás o arrepentimiento-, es que hay un bien mayor que proteger.

En España no cuaja: en Andalucía, los de Santiago Abascal dan apoyo parlamentario al Gobierno de PP (y Ciudadanos), lo mismo que en la Comunidad de Madrid; también son parte del Ejecutivo popular de Murcia. Las declaraciones del líder de Vox, anoche, no dejan lugar a dudas: ahora quieren tocar Gobierno en Castilla y León. También está Vox en la Mesa del Congreso de los Diputados, con Ignacio Gil Lázaro como vicepresidente cuarto de la institución, su primera presencia en el plano nacional.

Aunque siempre hay excepciones, en Europa la idea de pactar con la derecha extrema o de dejarle tocar poder es directamente un tabú, no se contempla. Porque hablamos de naciones que han sufrido mucho, en carne propia, las consecuencias del auge del fascismo, porque no hay unas escisiones bloquistas tan intensas como en España, porque la dinámica del pacto está mucho más asentada. Pragmatismo, valores, unidad. Todo suma para construir cordones que asfixien a los radicales.

Los casos más claros de cerco se dan en los dos grandes, Alemania y Francia. En el primer caso, los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) son ahora la quinta fuerza en el Bundestag, con 83 escaños, pero nadie se plateó sumar con ellos tras las elecciones del pasado septiembre. La derecha quedó segunda, pero es que no tenía opciones de sumar más que el tripartito que hoy gobierna (socialistas, verdes y liberales) porque con la ultraderecha no se habla. Ni se lo plantean. Sus diputados están presentes en comisiones permanentes, pero no ocupan puestos de responsabilidad, menos en la mesa. En el plano regional y local, lo mismo. Se le han quitado hasta alcaldías en las que eran primera fuerza. Todos a una.

En el caso de la CDU, la formación de la excanciller Angela Merkel, compañera del PP en el Grupo de los Populares Europeos, es que el debate no puede plantearse siquiera, porque en 2018. aprobó una moción que excluye cualquier tipo de acercamiento a estas fuerzas.

En el caso de Francia, la dinámica es parecida. Allí llaman al cordón sanitario “frente republicano”, dejando claro quiénes están dentro del sistema que defiende el sistema, la democracia, y quienes no (mucho más claro que nuestra manoseada etiqueta de constitucionalistas). La orden es que no se hacen alianzas con los ultraderechistas (algo que no es nuevo, proviene de los tiempos del viejo Jean Marie Le Pen y del presidente Jacques Chirac) y eso lleva a sumar izquierdas y derechas, por encima de las diferencias.

En su Asamblea, hay tres partidos ultras representados, dos con apenas un escaño cada uno más la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con 8 de 577 escaños. Tienen poco peso y menos que les dejan tener, porque no tienen ni un cargo en la Cámara, ni en secretarías ni en comisiones permanentes. De 36.000 municipios que hay en el país, los de Le Pen apenas mandan en 14, y no tienen ni un gobierno regional, y eso que en 2015, en las regionales, fueron los más votados. En abril hay elecciones presidenciales en las que el voto ultra se ha atomizado por la presencia de Eric Zemmour y no se espera que lleguen ni a la segunda vuelta.

En los últimos años, ha habido experiencia de presencia de ultras en Italia (La Liga de Matteo Salvini), Austria (con el Partido de la Libertad, FPÖ) o Noruega (con el Partido del Progreso) que han acabado fatal, con crisis de gabinete o escándalos de corrupción. Estabilidad cero que ha hecho que se le dé la espalda a estas formaciones en las siguientes elecciones (locales en el primer caso, nacionales en el segundo y tercero) y que estén hoy fuera de los Ejecutivos.