Greenpeace señala a la “oligarquía del campo” como responsable del “crimen” del Mar Menor

“Tenemos un gravísimo problema: la crisis climática. Pero lo primero que vamos a padecer es la falta de agua”, advierte la organización ambiental Greenpeace. “Por agua somos capaces de matar a nuestro vecino”, señala Julio Barea, responsable de residuos en la ONG.

Este martes, Greenpeace ha presentado un informe titulado El Crimen del Agua, en el que analiza quién está detrás de desastres como los del Mar Menor en Murcia y de otros casos de mala gestión del agua, responsables de graves impactos ambientales en España. 

“El agua es un problema de primer orden”, recalcan los autores del informe. Pero hasta ahora los gobiernos –autonómicos y nacionales– han preferido mirar para otro lado. “En Europa no dan crédito a cómo se está destruyendo la joya de la biodiversidad que es el Mar Menor”, ha apuntado Barea durante la presentación del informe. Y, sin embargo, el drama “no es exclusivo de Murcia y la cuenca del Segura”, sino que se podría decir lo mismo de Doñana y las Tablas de Daimiel, sostienen los expertos. “La sopa verde del Mar Menor es sólo la punta del iceberg dentro de la crisis”, aseguran.

Quién es quién en la ‘trama’

En su pormenorizado informe, Greenpeace enumera una serie de perfiles y elementos que son en mayor o menor medida responsables del desastre. En primer lugar, están “los oligarcas del campo”, a quienes hay que diferenciar de los pequeños y medianos agricultores. Estas personas “no son agricultores familiares” por mucho que suelan definirse como tal, sino un “grupo de empresarios que manda sobre el agua, el campo y su futuro”, siguiendo a veces una especie de “estructura piramidal”, como “una trama con tintes criminales”, señalan.

Entre esos ‘oligarcas’ hay “incluso fondos de inversión extranjeros” que llegan al terreno para arrasar y agotar sus recursos “en 4, 5 o 10 años” y exportan su producción a supermercados de Reino Unido o Alemania, afirman desde Greenpeace. “Son muy poderosos. Ninguna institución se atreve a sancionarlos o inspeccionarlos y los mayores perjudicados son los pequeños agricultores”, avisan. 

“El miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores y agricultoras se está extendiendo cada vez más, debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos”, advierte la organización. La impunidad de las grandes empresas del sector está “normalizada”. 

Greenpeace insiste en que no pretende “demonizar” la agricultura y la ganadería, sino “señalar las malas prácticas” de aquellos que dañan no sólo el medio, sino también la imagen del sector. 

Pero esta ‘oligarquía’ no es la única que debe rendir cuentas en este “ecocidio” o “crimen masivo sobre un ecosistema de casi imposible recuperación”. Greenpeace apunta después a los lobistas, que “presionan para que las administraciones beneficien los intereses de las grandes empresas”; al Gobierno central y los gobiernos autonómicos, que prefieren hacer la vista gorda; a las empresas de trabajo temporal, que aportan mano de obra precarizada a la industria agropecuaria; a los “oportunistas del hormigón”, que sacan tajada construyendo desaladoras o trasvases a menudo innecesarios; y a las empresas distribuidoras y supermercados, que miran hacia otro lado –con contadas excepciones– aun sabiendo que trabajan con productores ‘cómplices’, a quienes no exigen una producción responsable.

El mar lo sufre

¿Y cómo afecta todo esto al Mar Menor? El caso de Murcia es especialmente paradigmático, aclaran desde Greenpeace. Con un 16% de todo el territorio regional dedicado a cultivos de regadío –el doble de la media española, cuando además esta zona es semidesértica–, muchos de los fertilizantes que se utilizan para los cultivos terminan en el subsuelo y contaminan los acuíferos o, en el caso murciano, llegan al Mar Menor.

La consecuencia se ve de forma repetida en los últimos tiempos a través de la llamada “anoxia”: la aparición de “algas cebadas por los nutrientes” propicia una falta de oxígeno en el agua y esto acaba con la “muerte y destrucción de la vida de la laguna”. Sólo el año pasado se retiraron más de 4,5 toneladas de peces y crustáceos muertos en esta laguna.

Greenpeace explica que en los últimos años ha habido varias operaciones policiales para frenar algunos vertidos de salmuera cargada de nitratos. En manos de la justicia está desde hace años el caso Topillo, en el que Greenpeace forma parte de la acusación popular por la contaminación del Mar Menor. En un principio había 39 empresas acusadas, además un alto cargo de la Consejería de Agricultura y otro de la Cuenca Hidrográfica del Segura. El año pasado, el Seprona denunció a otras 43 empresas.