El Gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont, según 'Der Spiegel'

El Gobierno de Alemania no vetará una eventual decisión de la Justicia de extraditar a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, como quieren los abogados de la defensa, según informaciones del semanario Der Spiegel.

El Ejecutivo de Angela Merkel -apunta la revista citando fuentes gubernamentales- considera que dar ese paso, el veto, sería una "afrenta jurídico-política hacia los estados federados", a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones.

Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso secesionista, fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y enviado a prisión mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española.

"Plena confianza" en su justicia

El presidente del Bundestag (cámara baja alemana) y exministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, manifestó hoy su "plena confianza" en la justicia de su país, es cuyas manos está esa petición de extradición del independentista. "La decisión sobre Puigdemont parece ser todo menos trivial. Está ahora en la Justicia, en la que tengo plena confianza", afirmó Schäuble, miembro destacado de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera la canciller Merkel en declaraciones al grupo de medios Funkel.

Ante las demandas de que el político catalán, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos y encarcelado en Alemania desde el domingo, sea liberado, señaló que su país tiene que seguir las reglas de las órdenes europeas de detención. Schaüble abogó por calmar el conflicto catalán y destacó la necesidad de abordar la globalización de tal modo que las personas "no se sientan perdidas en ella". "Por ello a los españoles les convendría resolver el problema de tal manera que los catalanes puedan vivir con ello", añadió.

Avisos ignorados

Además, hoy se ha sabido que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena resalta en la orden europea e internacional de detención y entrega de Puigdemont que éste ignoró los avisos de la escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum. Según Efe, en el texto recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales (hasta ocho años de prisión), dos infracciones penales por las que pidió su detención. Un arresto que se produjo finalmente el domingo en Alemania cuando Puigdemont volvía de Finlandia para viajar hasta Bélgica. Precisamente, en su orden de detención el juez domicilia al expresidente de la Generalitat en Helsinki (Finlandia) y/o Waterloo (Bélgica).

Aunque se le acusa de los dos citados delitos, ninguno de los dos figura en el listado de 32 que aparece en el formulario de la orden europea e internacional de detención, por lo que Llarena ha marcado la casilla del delito de "corrupción".

Según el relato que hace el juez, fue el 28 de septiembre pasado cuando los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra se reunieron con Puigdemont, el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el que fuera consejero de Interior Joaquim Forn para informales de que se preveía "una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento" para el 1-O.

"Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia" después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, cuando miles de personas impedían la entrada de la Guardia Civil y se produjeron graves enfrentamientos. Pese a ello, continua el magistrado, la decisión de los miembros del Gobierno fue que la votación había de celebrarse.

En el planteamiento general que hace el juez se señala que Puigdemont, así como los otros procesados, han actuado con la finalidad de obtener la independencia de Cataluña respecto al resto de España.

"Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primeramente mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular", añade el juez.

Y para conseguir ese objetivo se acordó una hoja de ruta, recuerda Llarena, quien hace un relato pormenorizado de todas las actuaciones que llevó a cabo el Parlamento catalán y el Gobierno de la Generalitat, las resoluciones del Tribunal Constitucional y las decisiones del Ejecutivo central.

Pese a las reiteradas declaraciones de nulidad y de inconstitucionalidad de las resoluciones del Parlament, los órganos ejecutivos de la Generalitat continuaron con su "permanente" y "obsesiva" actividad de crear las denominadas "estructuras de estado" y de divulgar su proyecto a fin de obtener el apoyo internacional y de la ciudadanía.

En más de 1,6 millones de euros, según la evaluación realizada hasta ahora, se cifra el gasto público para la celebración del referéndum del 1-O, resalta también el magistrado del Supremo, que también enumera las actuaciones de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catala y Òmnium Cultural.