Fresa o muerte, la amenaza del 'lobby' que atenaza Doñana

"A muerte". Así han dicho que están dispuestos a luchar por las tierras dedicadas a la fresa y los cultivos de berries en la que ya se conoce como la 'zona cero' de Doñana. Lo ha dicho el portavoz de la Plataforma en defensa de los regadíos de la corona norte de Doñana, Cristobal Picón, quien aseguraba ante periodistas que hay que "regularizar" las parcelas que el llamado Plan de la Fresa considera que no son zonas cultivables.

La 'guerra de la fresa de Doñana' se ha agudizado de nuevo con la concentración permanente que han establecido los empresarios de la fresa ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva desde el pasado 3 de abril, que va a mantenerse -según dicen- de manera permanente junto con otras medidas "de presión". El Gobierno andaluz ya ha adelantado que no va a ceder antes estas presiones y que "la Ley está para que todos y todas la cumplan".

En efecto, lo que pretende la citada Plataforma, que actúa como un grupo de presión, es que se vuelva a escribir, acorde a sus intereses, la Ley Forestal de 1992 y el decreto que aprobaba el Plan de la Fresa. Dicen que ambos "están mal hechos" porque en su cumplimiento se tienen que sacar -según datos de los empresarios de la fresa- 3.000 hectáreas dedicadas al cultivo bajo plástico. Cifras que no coinciden con los números oficiales de expedientes previstos por la Administración andaluza. Las cifras más elevadas las ofrecían los ecologistas de WWF-España que cifraban en unas 600 hectáreas la superficie agraria afectada por el cumplimiento de la Ley Forestal -los agricultores hablan de 1.500 hectáreas-. Respecto a las cifras afectadas por la regularización del Plan de la Fresa, la Plataforma de Regantes del Condado habla de otras 1.500 hectáreas, 'olvidando' que en esa suma hay 500 hectáreas que ya se han 'salvado' al contar con concesiones.

"Han sido tierras agrícolas de nuestros padres y de nuestros abuelos", decía Chacón tras haber agasajado antes de su rueda de prensa del pasado 4 de abril a los periodistas con cajas de fresas y frutos rojos. Lo que tampoco decía Chacón era que esas tierras (montes públicos) en las que hoy se cultiva un fruto tan cotizado en el mercado europeo que ha hecho millonarios a muchos de estos productores, antaño fueron cedidas por los Ayuntamientos para realizar agricultura de subsistencia a familias necesitadas, y lo que se cultivaba era cereal, es decir, cultivos de secano, los que siempre ha habido en Doñana y su entorno. Claro que con trigo nadie se hace rico y el sector presume de facturar más de 400 millones al año sólo en los 5 municipios que abarca el Plan de la Fresa.

"El Parque (Doñana) ha crecido hacia nosotros, no nosotros hacia el Parque", argumentaba Cristobal Chacón. Sin embargo, la expansión exponencial del cultivo bajo plástico se ve a simple vista y es reconocido por todos los conocedores del espacio natural. Un crecimiento desproporcionado que ha hecho que la Unión Europea llame la atención al Estado español por el riesgo que supone para el acuífero dedicar tal cantidad de agua a la fresa y a los frutos rojos.

Aunque hay agricultores del sector que han desarrollado una agricultura basada en los permisos de uso de agua, la expansión irregular del cultivo ha llevado estos años a la multiplicación de pozos y balsas de riego ilegales que se reproducen por toda la zona norte de Doñana. La organización ecologista WWF-España, que lo ha venido denunciado durante años, ha terminado por mostrarlo en un vuelo realizado con drone por la zona. WWF sostiene que hay más de 1.700 balsas para el regadío en el entorno de Doñana que acaparan el agua que debería llegar a las marismas del espacio natural más emblemático de Europa y al menos el 80% son ilegales.

Cifras de los ecologistas que para la Plataforma de los Regadíos de Doñana no son ciertas. Tal vez por eso entre sus reivindicaciones se dejan fuera al sector ecologista, ya que en la mesa de negociación que exigen que se cree estarían "administración autonómica, administración central, agricultores, sindicatos y organizaciones agrarias", según dijo Cristobal Picón a los periodistas. Ni de lejos los miembros de organizaciones ecologistas. Menos aún después de que las denuncias de WWF llegasen a oídos de los mercados europeos que apuntaron que no iban a adquirir fresas o frutos rojos que se cultivasen esquilmando los recursos de agua que necesita uno de los espacios naturales más emblemáticos y con más biodiversidad del continente. "Lo del acuífero es mentira todo", espetaba el portavoz del lobby de la fresa en medio de aplausos de sus correligionarios en los que casi sólo se veían caras de una localidad, Lucena del Puerto, de las cinco teóricamente afectadas.

"Queremos que se cumpla la legalidad", decía el portavoz del lobby de la fresa, pero aclaraba acto seguido ante la prensa que "algunas veces las leyes se hacen en contra de la economía". Los que no están dispuestos a ceder ante las amenazas son los políticos a los que acusa la plataforma y, en concreto, el equipo del consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, que no está dispuesto a incumplir la Ley para satisfacer intereses económicos.

Curiosamente las asambleas de la Plataforma de los Regantes que se han ido realizando antes de esta acción contra la Junta de Andalucía, no apuntaban contra el Gobierno andaluz, sino contra el Gobierno central, que estaba demorando el trasvase con el que se quería paliar la falta de agua para los cultivos legalizados. Las reuniones cíclicas y permanentes de técnicos de la Consejería andaluza de Medio Ambiente con los agricultores afectados para trataban de pulir las diferencias técnicas en la aplicación del Plan de la Fresa parecía que habían enterrado el 'hacha de guerra' de los freseros. Sin embargo, la guerra de la fresa se ha reabierto y la Plataforma amenaza ahora con movilizaciones cada vez más duras. Se ha vuelto al punto de partida en el que se pedía la amnistía de la fresa ilegal, algo inadmisible para la Administración andaluza, los ecologistas y hasta para los mercados europeos, que se cerrarán si el sector no es lo suficientemente inteligente como para garantizar que la fresa procedente de Doñana no tienen como víctima a ese espacio natural.