Fraude, trata y robo: Países Bajos suspende las adopciones internacionales por irregularidades

El Gobierno de Países Bajos ha anunciado la suspensión inmediata de las adopciones de niños en el extranjero después de que un comité de investigación haya concluido que hubo irregularidades en los procesos de adopción entre 1967 y 1998, y que el sistema “contiene todavía vulnerabilidades inherentes”.

El ministro saliente de Protección Legal, Sander Dekker, ha reconocido que el Gobierno “no ha actuado durante años al apartar la mirada de los abusos en las adopciones internacionales y no intervenir”, una conclusión que saca del informe sobre el papel y la responsabilidad del Ejecutivo en la adopción internacional de niños entre los años 60 y 90.

La investigación ha revelado “diferentes tipos de abusos estructurales” y ha citado ejemplos de funcionarios neerlandeses que hicieron la vista gorda ante la falsificación de documentos, así como casos de fraude y corrupción. Asimismo, habla de tráfico y robo de niños a sus padres.

Los nuevos procedimientos de adopción en el exterior se suspenden de forma inmediata “para proteger a los niños y a sus padres biológicos contra los abusos”, por lo que no se tramitarán nuevas solicitudes, aunque aquellas familias que tengan permiso concedido, en principio, pueden completar su procedimiento después de una prueba adicional.

La comisión de investigación, dirigida por Tjibbe Joustra, subraya que el Gobierno, “basado en la idea de hacer el bien” con las adopciones en el extranjero, fue “demasiado pasivo” en el pasado, y como resultado de ello, “la supervisión de los procesos fue insuficiente y no se tomaron medidas ante los abusos que salían a la luz” a lo largo de los años.

Aunque se tomaron varias medidas con el tiempo para mejorar la supervisión y la regulación de la adopción, el comité concluye que el sistema “contiene aún vulnerabilidades inherentes” que impiden que las adopciones de niños en el exterior continúen de momento.

“Es doloroso concluir que el Gobierno no ha hecho lo que se esperaba de él porque, aunque muchas adopciones se han considerado positivas, el Ejecutivo debería haber asumido un papel más activo interviniendo en los casos en los que hubo abuso. El sentimiento positivo en torno a la adopción en el siglo pasado, con la idea rectora de que hicimos bien con la adopción, ofrece una explicación, pero no una justificación”, explica el ministro.

La comisión se creó ante el aumento de niños adoptados que comenzaron a investigar sus raíces, muchos de ellos descubriendo que sus documentos de nacimiento habían sido falsificados o extraviados, o que su adopción había sido ilegal.

A finales de 2018, el ministro solicitó a Joustra formar un comité para investigar las irregularidades denunciadas por jóvenes adoptados en diferentes países, incluido Brasil, Colombia, Sri Lanka, Bangladesh o Indonesia, con información que apuntó a una posible participación del Gobierno en la adopción ilegal de bebés.

Se trataba de cuestiones como la falsificación de documentos, la trata de niños, el fraude y la corrupción, aunque también de lo que el comité denomina “actos poco éticos”, como la adopción de niños “con falsos pretextos o bajo presión moral, lo que creó deliberadamente incertidumbre o ambigüedad en torno a los orígenes de alguien y abuso de la pobreza”.

El informe subraya que los sucesivos gobiernos neerlandeses estaban al tanto de los abusos que estaban teniendo lugar a finales del siglo pasado, pero “no se intervino de manera efectiva, lo que perpetuó los abusos”.

Dekker admite que los adoptados “merecen reconocimiento por los errores del pasado”, además de ayuda psicológica y económica para la búsqueda de sus padres biológicos: “Deben poder contar con nuestra ayuda en el presente, y para el futuro, tenemos que preguntarnos de forma crítica si y cómo continuaremos con la adopción en el extranjero”.

Este informe supone un nuevo golpe al Gobierno de Marc Rutte, que en enero tuvo que dimitir en bloque por tras descubrirse que había acusado a 30.000 familias inmigrantes de fraude en la recepción de subsidios.

El año pasado, Dilani Butink, una joven adoptada en un proceso rodeado de falsificaciones hace 26 años en Sri Lanka, llevó al Estado neerlandés ante los tribunales para exigirle que reconozca su responsabilidad en las adopciones fraudulentas, pero la Corte dictaminó que el caso había prescrito y no entró en el contenido de lo ocurrido.

Según Butink, sus certificados de nacimiento fueron falsificados en 1992, lo que hace imposible que pueda rastrear sus raíces para encontrar a su madre biológica y asegura que sus padres adoptivos viajaron a Sri Lanka para recoger a un niño que “resultó no estar disponible al llegar” y un intermediario propuso a esta niña como “alternativa”.