Francia avala endurecer las leyes contra la inmigración irregular
Se trata del "Proyecto de ley en favor de una inmigración controlada y un derecho efectivo al asilo".
El Parlamento francés ha aprobado el proyecto de ley sobre inmigración que busca acelerar la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejorar las condiciones de acogida e inserción de quienes estén en situación regular.
El texto fue adoptado por 100 votos a favor, 25 en contra y once abstenciones en su lectura definitiva en la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).
Según dijo hoy el ministro del Interior, Gérard Collomb, esta norma "permitirá superar el desafío migratorio sin renunciar a los grandes ideales de la República, preservando el derecho al asilo y acordando nuevas protecciones a los más vulnerables".
El Gobierno lanzó el "Proyecto de ley en favor de una inmigración controlada y un derecho efectivo al asilo" para acelerar el tratamiento de las demandas de asilo y mejorar las condiciones de acogida, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y mejorar la integración de los extranjeros en situación regular.
En 2017, más de 100.000 personas solicitaron asilo en Francia, un 17 % más que 2016, y otras 85.000 fueron rechazadas en la frontera del país, que quiere dotarse de los medios necesarios para alejar, según sus términos, a quienes no reúnen las condiciones para entrar.
Una de sus novedades más destacadas es que la ayuda al transporte y a la estancia de los extranjeros en situación irregular, que constituían el llamado "delito de solidaridad", ya no estará penada si se demuestra que es desinteresada.
La nueva ley reduce de cuatro meses a tres el plazo para presentar una demanda de asilo, de once a seis meses el margen para tramitar las peticiones y de un mes a dos semanas el previsto para presentar un recurso.
Además, aumenta de 45 a 90 días el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión, con el objetivo de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen.
El mayor control a los inmigrantes incrementa también de 16 a 24 horas el tiempo en el que una persona puede estar retenida hasta que se verifica su documentación.
Entre sus puntos polémicos, y para frenar el aumento de la inmigración clandestina, está el exigir a los niños nacidos en la isla de ultramar de Mayotte, antes de concederles la nacionalidad, que uno de los padres haya estado en situación regular en el territorio nacional al menos tres meses en el momento de nacimiento.
Aunque el proyecto de ley facilita la reunificación de los menores con sus padres y hermanos y establece que un país que persigue a los homosexuales no puede ser considerado "seguro", el texto ha cosechado las críticas de las asociaciones humanitarias, que lo califican de represivo.
Para algunas como la Cimade, a pesar de las modificaciones efectuadas desde la presentación en Consejo de Ministros el pasado febrero, la filosofía del texto no ha cambiado y es "peligrosa" porque "consagra una verdadera caída de los derechos para los extranjeros".
El Ministerio del Interior indicó hoy en un comunicado que sus disposiciones entrarán en vigor entre los próximos 1 de enero y 1 de marzo.
