Fomento invertirá 120 millones de euros en prejubilaciones y bajas voluntarias de los estibadores
El Gobierno acepta finalmente regular el acuerdo laboral por ley
El Ministerio de Fomento ha cifrado en 120 millones de euros el paquete de ayudas públicas para la reconversión del sector de la estiba para que cumpla con la normativa europea y evitar una multa comunitaria.
Las ayudas se destinan a sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias para ajustar la plantilla de 6.150 estibadores de los 46 puertos españoles.
El importe de las ayudas es superior al monto de la multa que el Tribunal de Justicia de la UE puede poner a España por incumplir la normativa comunitaria de libertad de empresa con el sector de la estiba.
UNA MULTA DE 25 MILLONES DE EUROS ACUMULADOS
Se trata de una sanción diaria que actualmente acumula unos 25 millones de euros desde que en 2014 dictó la primera sanción, a la que se puede sumar una segunda por incumplimiento de la segunda, de 134.000 euros diarios más.
El Departamento que dirige Íñigo de la Serna cuantifica las ayudas coincidiendo con el anuncio de que ha aceptado la propuesta de acuerdo laboral para reformar el sector planteada este jueves por el mediador de la negociación entre patronal y sindicatos, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, con el fin de "buscar la mejor transición" de la actividad.
De su lado, los sindicatos con representación entre el colectivo de estibadores (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y USO), tienen previsto pronunciarse este viernes.
ACUERDO LABORAL POR LEY
El Ministerio considera que la propuesta de mediación consigue tres objetivos "esenciales: el mantenimiento del cien por cien del empleo, la mejora de la competitividad de los puertos y un plan de ayudas extraordinario para facilitar la transición del modelo".
"El Gobierno anuncia además que estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación", añade Fomento en un comunicado.
En este comunicado, el Ministerio explica además su rechazo al preacuerdo que sindicatos y patronal lograron este miércoles, al asegurar que una de los dos puntos que consideraba inaceptable supondría un coste de 2.415 millones de euros al erario público.
Se trata de la petición de las empresas de ayudas para compensar el mayor coste laboral que soportarán por subrogar estibadores respecto a las eventuales nuevas contrataciones. Esta medida no se incluye en la propuesta del mediador.
