Estas son las novedades que aprueba el anteproyecto de la ley de Universidades
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha recalcado que esta ley busca acabar con la temporalidad en la Universidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera reforma universitaria en democracia, cuyo principal objetivo es elevar el esfuerzo inversor del sistema y acabar con la alta tasa de contratos temporales, superior a un 40 % en muchas universidades.
La propuesta ha sido explicada en rueda de prensa por el ministro de Universidades, Joan Subirats, al término de la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez, que será la segunda vez que estudie el texto. La primera lectura fue en agosto de 2021, siendo Manuel Castells el responsable de esta cartera.
Al contrario que su antecesor, que se enfrentó a las críticas de buena parte del sistema universitario, Subirats ha optado por hacer un texto mucho menos reglamentista y ha preferido definir un campo de juego genérico cuyas reglas deja en gran medida en manos de las propias universidades.
Para ello, Subirats ha destacado que “se ha reunido con profesionales y visitado distintas universidades”. Para el ministro esta ley es una “ley que mira hacia el futuro” y que prepare a las universidades para todas las futuras innovaciones.
“Una falta de reposición adecuada de los profesores universitarios ha hecho que no se cumplan los parámetros de profesorado de la LOU”, ha indicado Subirats, por lo que ha indicado que frente a esta medida ha anunciado la contratación de docentes con el plan de rebajar la temporalidad del 40% al 20%. Con el horizonte puesto en un 8% en 2024. Además, los funcionarios deberán pasar del actual 51 al 55%.
“Tenemos a personas con 40 y 45 años esperando una estabilización y, con esto, ofrecemos que en seis años se llegue a la estabilización”, explica, todo ello confiando, tal y como recuerda Subirats, en una tasa de reposición.
En cuanto a los rectores, se mantiene la eliminación de la opción de un comité de sabios para su elección y será elegido como hasta ahora: el sufragio universal ponderado.
El nuevo texto sí elimina que para presentarse a candidato se deban acumular al menos 15 años de enseñanza e investigación en la Universidad.
Para responder al desajuste existente entre las necesidades formativas y las demandas del mercado de trabajo, así como atraer a personas de todas las edades la ley contempla por primera vez que las universidades ofrezcan títulos propios mediante microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración (de 4 a 30 créditos).
“Estamos por debajo de Europa, que está en el 30% de formación en etapa laboral, y nosotros en el 15%”, ha señalado Subirats quien ha recalcado que solo un 6% de los matriculados supera los 30 años.
Estos cursos admitirán tanto a personas con un título previo como a las que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar suficiente capacidad de seguir ese curso.
En cuanto a la financiación, uno de los problemas más patentes de la LOSU, el anteproyecto plantea el compromiso de destinar el 1% del PIB a las universidades de aquí al 2030, aunque siete de cada diez euros son invertidos por las comunidades autónomas y apenas el 6 % es aportado por el Estado.
Otra de las claves de la LOSU, tal y como ha explicado Subirats, será la internacionalización del sistema universitario español, es decir, fuera de Europa —del que solo se tiene un 6% de estudiantes y un 2% de profesorad—, y fomentar la “ciencia abierta”, de modo que más allá de las publicaciones haya acceso libre a las investigaciones y capacidad de construir proyectos ciudadanos.
Entre sus principales novedades también figura el reconocimiento por primera vez en una ley del paro académico, con lo que los estudiantes no podrán ser castigados en caso de inasistencia a clase o a un examen por ese motivo.