España, efervescente o incandescente
No se sabe si España está efervescente o incandescente, pero se mueve. Entre convulsiones y saqueos asistimos a la masiva eclosión de los movimientos ciudadanos: Los movimientos sociales urbanos de la transición, están muy sectorizados hoy, - no son tanto demandas vecinales, como en los años setenta -, sino de todas clases.
La ciudadanía diversa multiplica reivindicaciones colectivos concretos contra los efectos de la recesión. Sectores que se sienten fuera de los sistemas nacionales de empleo, educación, salud o de seguridad social, pensiones, derechos.
Reivindicaciones concretas, pero generalizadas, como contra los desahucios, por los servicios públicos, contra la pobreza energética, infantil o alimentaria; siempre bajo el paradigma de la desigualdad creciente, pobres (uno de cada tres andaluces), brecha digital, emigración forzada, degradación de las condiciones de vida de los refugiados; contra la gentrificación, las subidas de precios de alquileres; los conflictos colectivos graves como los de bomberos, policías, interinos, limpiadoras de hotel, taxistas; los de barrios por el soterramiento en Murcia; los de los residentes aquejados de invasión masificada del turismo.
Cataluña, con independentistas y constitucionalistas en liza, ...todos también en la calle. Tantas manifestaciones retrotrayendo al problema de las mayorías y su representación, la calidad democrática e institucional.
Tras los fallidos intentos de 2016 por impedir el cenagal de corrupción en los que sobrevive el hundido partido de Rajoy, parecía perdido el hálito del 15-M. Pero el vigor del movimiento feminista el 8-M, la huelga de las mujeres y los marchas de los pensionistas, han sacado al país, en 2018, de su enfebrecido estado de disgregación.
Las grandes demostraciones de fuerza aglutinadora, intergeneracional, protagonizadas por nuevos e inesperados actores de la ciudadanía global, han fracturado la atonía anterior reivindicando objetivos que ni sindicatos, ni partidos, han sabido ni señalar, ni liderar, hasta que los anónimos manifestantes han marcado la agenda. Mientras se gesta la marcha por "no más precariedad"; prevista en Madrid el 27 de mayo, la desigualdad de los derechos y de la vida de las personas crece en España.
Tan prolijos movimientos ciudadanos exceden con mucho de la capacidad de estructurarse indefinidamente, pero apuntan a un objetivo común: devolver la democracia y los derechos arrebatados a una ciudadanía consciente y movilizada; exigir una participación decisiva en la gobernanza de las ciudades puestas en red.
Se trata de alcanzar los retos sociales que, por lo visto, el gobierno estatal y los autonómicos no están en condiciones de conseguir: Mientras las autonomías están a la defensiva en casos de corrupción, malversación y delitos contra el medio ambiente, las ciudades tienen mecanismos mucho más ágiles para cambiar las reglas corruptas por buenas prácticas municipales y actuar ante los fenómenos de exclusión de centenares de miles de ciudadanos.
No se trata de proponer altisonantes modelos, sino de establecer "horizontes creíbles"; no se trata de comunicar nuevos lenguajes, sino de emplear la política como "arma veraz"; no se trata de asumir la "expulsión de la desigualdad a las periferias de la ciudad", sino de "luchar contra la desigualdad en todas partes", incluyendo a los más vulnerables. Frente al aumento de precarios hay que movilizarse, sean empleados, parados, trabajadores pobres, artistas, estudiantes, dependientes, o profesionales sin trabajo. Especialmente si son mujeres. Mayores o jóvenes, desempleados, parados de larga duración, excluidos provisionales o crónicos.
Uno de los problemas de la hegemonía es cómo se consigue. El otro cómo se representa. La hegemonía no se alcanzará si se busca sectorizada, microscópica y efervescente. De un día para otro pueden cambiar condiciones de contexto que impidan el cambio global. Pero si afianzamos el cambio global de las ciudades en redes solidarias, si somos capaces de democratizar las urbes fortalecidas por una visión de conjunto, estaremos ante un movimiento hegemónico representativo de la sociedad abierta y la democracia igualitaria que estamos perdiendo ahora.
Hemos gastado mucho tiempo aflorando señas de identidad y objetivos sectoriales que, cada vez más, nos conducen a la micro-política de los intereses de grupos particulares, que son los menos generales de los intereses legítimos a alcanzar. Igual ocurre con la ego-representación acumulativa municipal, con alcaldes lidiando acosos y derribos internos con sus propios concejales, como si fueran adversarios y, con los representantes de la oposición, como si no pudieran aportar nada bueno.
La "parlamentarización" de la vida política municipal es un hecho. La cantidad de tiempo que se pierde en verborrea, condena y conmemoración, suele evitar que se afronten los problemas reales de la gente común con buena gestión, prácticas honestas, imaginación y coraje cívico. Los objetivos de este país pasan por defender nuevos horizontes de ciudad, cooperativa y solidariamente. Como sostiene David Harvey, hay que "desintensificar el flujo del capital dentro de su ciclo", porque "el capital es un proceso, no una cosa", organizando represas que conduzcan los flujos de "capital ficticio" a espacios no agresivos. Hay que devolver la palabra y los derechos a los ciudadanos, regulando cuestiones esenciales para el bien común. Hay que volver a las organizaciones locales de base, a unos mínimos de regulación, a la re-municipalización de servicios básicos. Acabar con el acoso contra las mujeres en la ciudad; que los pensionistas vuelvan a sentirse seguros, que los precarios tengan derechos y salarios. Conseguir la hegemonía, con respeto a la representación propia y ajena, a los derechos urbanos y a la ley.
Se decía que el "izquierdismo era la enfermedad infantil del comunismo", pero el "centrismo es la anestesia febril de la democracia urbana" y el "clientelismo sucio es la epidemia viral de la derecha española", hoy. Conjurar estos riesgos, afianzando la genuina representación es más necesario que nunca. Y llegar a acuerdos para re-cualificar la democracia urbana local, demoliendo la corrupción institucional, es vital para que España no se enferme, - más todavía -, de delirios incandescentes.