España aprueba sólo un 5% de las solicitudes de asilo, frente al 33% de la media europea
CEAR denuncia los efectos de la pandemia, el aumento de las llegadas a Canarias o los nuevos pactos migratorios como obstáculos para el refugio.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado hoy su Informe Anual 2021. Las personas refugiadas en España y en Europa en el que aborda las principales cuestiones en materia de migración y asilo que tuvieron lugar el pasado año, como la irrupción de la pandemia, el aumento de las llegadas a Canarias, los obstáculos en la acogida o los nuevos pactos mundiales y europeos.
Según CEAR, España volvió a defraudar a las personas refugiadas el pasado año, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea. Aunque al mismo tiempo concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela.
España mantuvo un escaso reconocimiento a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales, etc.),un reconocimiento fundamental ya que representa una forma de persecución digna de protección.“Es preciso avanzar en su protección y eliminar trabas para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina debido a la exigencia del visado de tránsito”, destacó la directora de CEAR, Estrella Galán.
A pesar del descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla, CEAR denuncia que, a lo largo del año, se produjeron al menos 212 “devoluciones en caliente”. En ese sentido, la entidad apunta que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Constitucional español ya señalaron las garantías legales exigibles, requisitos que según CEAR tanto en estos casos como en los más recientes en Ceuta no se llevaron a cabo.
La pandemia ha incrementado las restricciones de movimiento, dejando a miles de personas atrapadas en países no seguros. Ante esta situación es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar”, reclamó Galán.
Respecto a la crisis humanitaria vivida en Canarias, con la llegada de más de 23.000 personas en 2020, CEAR señala que para que no se vuelvan a vivir situaciones como la del muelle de Arguineguín, ni la cronificación de macrocampamentos, son necesarias políticas migratorias con otra mirada, planificadas y coordinadas, no solo centradas en el blindaje de fronteras, que incluyan un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español, evitando convertir los territorios insulares y periféricos en grandes espacios de retención, así como modificar los protocolos de atención a menores.
Por otra parte, la entidad celebra que, tras décadas de reivindicación, el Tribunal Supremo haya reconocido la libertad de circulación por todo el estado español para los solicitantes de asilo que residen en Ceuta y Melilla.
Europa vuelve a dar la espalda al refugio
Un año más, la ruta migratoria del Mediterráneo volvió a resultar la más mortal del mundo, con al menos 1.417 personas fallecidas tratando de llegar a Europa, aunque debido a la pandemia y los fuertes controles fronterizos, las llegadas de migrantes se redujeron a menos de 100.000 durante el año.
De nuevo, las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea volvieron a descender, y se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones.
Por último, para CEAR el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone continuar una política basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex, además de imponer la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada, sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Malta).
“Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se queda convertido en un ‘menú a la carta’ que permite a los Estados del norte de la Unión convertir a los países del Mediterráneo en el parapeto de las llegadas y acogidas, con una implicación voluntaria y no vinculante. Por tanto, es una nueva oportunidad perdida para que la UE muestre su compromiso con la protección de las personas refugiadas de una forma equilibrada y justa”, lamentó Galán.
